Chile país minero

Encuentro autoconvocado Nº 1.926 - Realizado el 15/12/2021

Lugar de Realización

Las Condes

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

7

Validada Por

  • Foto de persona Sofía Moreno C.
  • Foto de persona María Fernández B.
  • Foto de persona Carlos Urenda A.
  • Foto de persona José Morel L.
  • Foto de persona Joaquín Villarino H.
  • Foto de persona Karla Lorenzo V.

Documentación del Cabildo

  1. Chile_paA_s_minero.docx 18 kb

Conclusión 1
5 - Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

Tema: Estatuto constitucional sobre minerales

Minería
Creemos necesario que la nueva Constitución contenga una densidad relevante de normas sobre minería. Chile es un país minero por excelencia y las características propias de la actividad hacen aconsejable una regulación ad hoc a nivel constitucional, al menos de sus aspectos fundamentales. Por sus altas inversiones, los extensos períodos de tiempo entre exploración, explotación y beneficio de los minerales, los prolongados períodos previos al retorno de las inversiones y los inciertos resultados, los negocios mineros requieren de una regulación estable, cierta y específica en algunos aspectos. El desarrollo minero de Chile ha sido sin duda exitoso y el contar con este tipo de normas, a nivel constitucional, ha sido una causa esencial del resultado de las últimas décadas. Otro factor fundamental ha sido el sistema mixto, donde la actividad es impulsada desde empresas privadas y una gran empresa estatal.
Por ello, es clave la existencia de las concesiones mineras y que exista estabilidad en las reglas que le resultan aplicables. A su vez, se debe garantizar los intereses del Estado respecto de las riquezas minerales, así como los intereses de las comunidades de las zonas mineras y el debido resguardo de la naturaleza. En este sentido, resulta esperable y necesario que la nueva Constitución contenga normas como las siguientes:
• El Estado tiene el dominio sobre todas las minas. Este dominio es absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible.
• El Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias para explorar y explotar las sustancias minerales.
• Las concesiones mineras se constituirán y extinguirán por resolución judicial.
• Las causales de terminación, caducidad o extinción de la concesión deben estar establecidas al momento de otorgarse la respectiva concesión.
• Los ingresos que perciba el Estado por concepto de pago de patentes de amparo minero y de impuesto específico generados por la actividad minera deberán considerar en su destinación a las comunas y regiones en las cuales tiene lugar la actividad minera.
• Los concesionarios mineros deben dar cumplimiento a las normas ambientales y de seguridad minera a fin de prevenir, mitigar, compensar o reparar los impactos que se ocasionen.
• Es deber del Estado la búsqueda del desarrollo sustentable, el cual es un principio general.
Finalmente, sería deseable que normas mineras como las indicadas se sustenten en una declaración de la nueva Constitución, ya sea en su normativa o en su preámbulo, donde se haga un reconocimiento expreso a la importancia de la minería para el país.

Medio Ambiente
Somos partidarios de que la nueva Constitución contenga normas más eficientes para la protección del medioambiente, que permitan el desarrollo de todas las personas, con una densidad similar o incluso superior a las vigentes de ser necesario.
Creemos que la forma más eficiente, equilibrada y justa de hacerlo, así como de fortalecerla, debería considerar los siguientes aspectos:
• Incorporar el concepto de Desarrollo Sustentable al preámbulo de la nueva Constitución. Esto le daría una preminencia y relevancia como principio general, con especial incidencia en materia de interpretación e integración.
• Incorporar el concepto de Desarrollo Sustentable en un capítulo sobre bases de la institucionalidad o similar en la nueva Constitución. Una alternativa para materializar esto sería explicitar como deber del Estado la búsqueda del Desarrollo Sustentable. Lo anterior se podría reforzar consagrando un deber similar para todos los órganos del Estado, incluidos los gobiernos regionales y locales, lo que daría transversalidad política al objetivo del Desarrollo Sustentable. Adicionalmente, el deber de no afectar el Desarrollo Sustentable podría establecerse además como un deber de todas las personas.
• Respecto de la norma constitucional vigente que establece que “la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos y libertades para proteger el medio ambiente” (Artículo 19 N° 8 Inciso Final), se sugiere incorporar a la nueva Constitución una similar, pero agregando a continuación la frase “en el contexto del Desarrollo Sustentable”. Se fortalecerían y ampliarían así las eventuales limitaciones a derechos y libertades cuando así resulte justificado.

Agua
Parece necesario recordar que en Chile “las aguas son bienes nacionales de uso público” (Artículo 595 del Código Civil y Artículo 5° del Código de Aguas). Lo que hace el Estado, sin perder su dominio sobre éstas, es otorgar derechos de aprovechamiento sobre recursos hídricos. Respecto de estos derechos sus titulares tienen el dominio y van adquiriendo la propiedad de los recursos hídricos específicos sólo en la medida que los van extrayendo.
Creemos que la fórmula jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas sigue constituyendo una solución razonable, contribuyendo a preservar de mejor forma un recurso escaso y otorgando certeza sobre la titularidad de los derechos, sin privar al Estado de ejercer facultades cuando el bien común lo requiera.
No obstante lo anterior, consideramos que existen modificaciones en esta materia que podría ser conveniente establecer en la nueva Constitución:
• Reconocer la multifuncionalidad del agua, tanto para fines de consumo humano, como ambientales y productivos.
• Establecer que las aguas continentales, en todos sus estados, son bienes nacionales de uso público. Esto daría mayor relevancia a una declaración que hoy figura a nivel de ley. Además, el término “en todos sus estados” (que hoy no está en nuestra legislación, pero si en algunas iniciativas legales) explicitaría que los glaciares también estarían en esta condición, lo que significaría una protección adicional.
• Consagrar la preferencia del agua para el ser humano en cuanto a consumo y saneamiento
• Establecer el acceso al agua para consumo y saneamiento como un derecho fundamental de las personas. En todo caso, este derecho debiera precisarse mediante normas de menor jerarquía, que den cuenta de la capacidad del Estado para satisfacerlo.

Orden Público Económico
El orden público que regulará la actividad económica en la nueva Constitución debe tener presente valores esenciales de nuestra sociedad, como el de la primacía de la persona humana. Es por ello que estimamos que la nueva Constitución debería asegurar a las personas, al menos:
• El derecho a desarrollar actividades económicas, las que estarán sometidas a la misma legislación, sea que las lleven a cabo los particulares o el Estado. En el caso de éste, se requerirá de una ley para que pueda desarrollar la actividad empresarial.
• La no discriminación arbitraria en materia económica.
• La libertad para adquirir el dominio de todo tipo de bienes, pudiendo establecerse sólo por ley de quórum especial la prohibición respecto de algunos de éstos, así como las limitaciones para la adquisición de otros, siempre por motivos justificados.
• El derecho de propiedad sobre bienes, sean corporales o incorporales; con reglas de expropiación que contemplen una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. De no haber acuerdo, ésta debiera ser pagada al contado, en efectivo y por anticipado. Además, resulta necesario que sólo puedan ser establecidos en virtud de una ley el modo de adquirir la propiedad; de usar, gozar y disponer de ella; y de las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. No debe olvidarse que la propiedad, además de tener una dimensión económica, constituye un derecho humano o fundamental.
En materia tributaria existen varios principios que suelen consagrar las legislaciones comparadas, primando los de legalidad, equidad y no confiscatoriedad. Existe otro principio en materia económica, que para estos efectos denominamos “disciplina fiscal”. Al respecto, estimamos que resulta conveniente contemplar en la nueva Constitución al menos sus componentes siguientes:
• Iniciativa exclusiva del Presidente de la República para los proyectos de ley que tengan relación con tributos y exenciones; así como con mayor gasto público derivado de nuevos servicios, funciones, empleos, préstamos y remuneraciones públicas (esto asumiendo que se mantuviera el régimen de gobierno presidencialista).
• Carácter técnico y autónomo del Banco Central. No basta con que esto solo se declare en la nueva Constitución. Además resulta necesario que se consagren los mecanismos legales necesarios para garantizar en la práctica esta autonomía frente a los poderes del Estado, como es la independencia en el nombramiento y la permanencia de los consejeros del Banco.
• Ingreso de los tributos al patrimonio fiscal, no pudiendo estar destinados a fines específicos. Sin perjuicio que la actividad minera contribuya de manera relevante al crecimiento de las regiones en que se emplazan sus actividades, principalmente a través de la creación de empleos directos e indirectos, así como de la adquisición de bienes y servicios a proveedores locales, entendemos que, respecto del principio general de no afectación tributaria anterior, puedan establecerse excepciones limitadas. Por ejemplo, resultaría deseable que se explicitara en la nueva Constitución la posibilidad de que una parte de los tributos pagados por las empresas puedan destinarse a las regiones donde éstas operan.

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