Una Nueva Constitución en Comunidad

Encuentro autoconvocado Nº 6.166 - Realizado el 15/10/2021

Lugar de Realización

Providencia

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

1

Validada Por

  • Foto de persona Luisa Álvarez González

Documentación del Cabildo

  1. Propuesta_Sociedad_Civil_Comunidad.pdf 1.3 mb

Conclusión 1
2 - Sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía

Tema: Principios

Derecho fundamental a la asociación
La creación de organizaciones de la sociedad civil encuentra su fundamento en el reconocimiento del derecho fundamental a la asociación, el cual se puede definir, como aquella libertad que tenemos todos los individuos para poder organizarnos, poder crear agrupaciones que busquen defender algún tipo de interés legítimo, un interés que los miembros de la organización definen (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021). Este derecho tiene una dimensión individual y una colectiva (Centro UC, 2021); a su vez, se construye a través de tres elementos: el derecho a la libertad de poder elegir, derecho a la debida autonomía y derecho a la protección de la finalidad (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021). En cuanto a sus dimensiones, es posible señalar:

Dimensión individual: esta dimensión “se refiere al conjunto de facultades que se reconoce a cada persona, que la habilitan para crear una organización, decidir integrarse o no a ella, desafiliarse o disolverla. El ejercicio de este derecho individual es condición indispensable para la existencia de la sociedad civil y determina la naturaleza voluntaria de las asociaciones” (Centro UC, 2021).
Dimensión colectiva: esta dimensión “se refiere a la protección y resguardo de la autonomía, derechos y atribuciones de la entidad resultante del ejercicio individual del derecho”. El derecho de asociación no puede prescindir de su dimensión colectiva, ya que este dice relación con el hecho que las personas se unen con otras para el cumplimiento de fines particulares, lo que conlleva la definición de la organización, funcionamiento y medios que se emplearán para alcanzar los objetivos propuestos; la libertad para darse sus propios estatutos, para modificarlos o para adoptar acuerdo; la definición de su estructura organizacional, la resolución de controversias internas, su derecho a disolverse, entre otros. Consagrar la dimensión colectiva del derecho fundamental a la asociación incluye la protección de su derecho a la debida autonomía (Centro UC, 2021).

A su vez, respecto de los tres elementos a través de los cuales se construye el derecho fundamental a la asociación, es posible señalar:

El derecho a la libertad de poder elegir: dice relación con el derecho a elegir qué tipo de agrupación se quiere constituir, qué tipo de fin particular se quiere alcanzar. Este derecho conlleva la imposibilidad por parte del Estado a obligar a ser parte de alguna organización a la que no se quiera adherir (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021).
El derecho a la debida autonomía: la autonomía, tiene relación con permitir a las agrupaciones que definan qué fines, perseguirán, cómo van a funcionar y cómo van a actuar (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021), es decir, contar con la autonomía para alcanzar sus propios fines particulares, así como su gobernanza y la protección de sus elementos definitorios. Entender la autonomía como elemento integrante del derecho fundamental a la asociación permite, por ejemplo, “aplicar a su respecto el principio de reserva legal y la obligación que se le impone al legislador de respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales que regula”. La autonomía es manifestación de la libertad humana y del pluralismo social (Centro UC, 2021).
El derecho a la protección de la finalidad: garantiza que el Estado no va a poder disolver la asociación por alguna decisión que no sea de carácter judicial y por regla general, en donde se constate la infracción de la normativa que esté vigente (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021).

El rol del Estado
En el abordaje constitucional de rol del Estado, en cuanto a su relación con la sociedad civil organizada, se debe consideración al menos lo siguiente:

El deber de promoción: El Estado debe reconocer el valor intrínseco de la sociedad civil y favorecer la creación de asociaciones, darle facilidades para que existan y al mismo tiempo apoyarlas para que puedan alcanzar sus fines legítimos. El Estado se establece como garante, sin intervenir en su autonomía, que las asociaciones van a poder perseguir sus fines legítimos y tener el respaldo que razonablemente puedan necesitar (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021).
Complementariedad: Las necesidades sociales se originan en la ciudadanía misma que desarrolla distintas formas de organización y participación social en busca de soluciones. En esta dinámica, tanto la sociedad civil, el Estado y el sector productivo cumplen un rol insustituible y complementario. Esto “se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad inalienable y la naturaleza social del ser humano”. Esta complementariedad lleva a una colaboración entre las asociaciones, el Estado y las empresas, ya que “el fenómeno de la asociatividad es lo que permite la realización de la dignidad humana”, lo cual exige asegurar la participación y responsabilidad de las asociaciones en acciones de bien común para el pleno desarrollo de la persona como para el fortalecimiento del tejido social, otorgando pluralidad a las sociedades en la atención de necesidades y coordinación del orden político, respetando la autonomía de sus asociaciones (Centro UC, 2021).

Participación de la sociedad civil organizada
Reconocer el rol insustituible que pueden tener las asociaciones de la sociedad civil en las estructuras sociales, conlleva el reconocimiento de su derecho a la participación, especialmente en el desarrollo y defensa de ideas relevantes para el sistema democrático, es decir, su inclusión en la institucionalidad y establecimiento de un piso mínimo para garantizar su participación activa e incidencia en asuntos de interés público. Esto, no solo es fundamental en sí mismo respecto del rol que cumple la sociedad civil en torno al bien común, contribuyendo al acercamiento de los y las tomadores y tomadoras de decisiones al público, facilitando su participación y reduciendo los costos de transacción de quienes ejercen la autoridad. Frecuentemente, la toma de decisiones no solo requiere de participación sino también de negociación y consentimiento de las partes interesadas. A su vez, “la participación de las organizaciones de la sociedad civil debe complementar la labor de los partidos políticos en el rol tanto de filtro como de conducción de intereses y no reemplazarlos (Centro UC, 2021).

Establecer constitucionalmente el reconocimiento de la participación ciudadana, individual y de la sociedad civil en asuntos públicos, implica establecer que la ley regulará la forma en la cual se materialice dicha participación.

Reconocimiento constitucional de la sociedad civil
La experiencia comparada a nivel constitucional muestra el reconocimiento de la sociedad civil en distintas constituciones, estableciendolas como uno de sus principios fundamentales, constituye un mandato esencial que nace de la propia libertad de las personas y, en definitiva, de su dignidad; reconociendo la importancia de fomentar una sociedad civil plural y dinámica, y la relevancia que tiene para el Estado su aporte en el cumplimiento de tareas esenciales, a fin de lograr complemento en la solución de problemas de interés público (Centro UC, 2021).

Por lo anterior, resulta relevante reconocer constitucionalmente y de forma explícita a la sociedad civil como grupo intermedio entre la persona y el Estado, distinto de la empresa privada, en virtud de los aportes que hace y debe seguir haciendo en la atención de temas de interés público a través de la realización de sus fines particulares.

Creación de incentivos
El reconocimiento constitucional de la asociatividad y complementariedad de la sociedad civil, debería contemplar facilidades e incentivos del Estado para su financiamiento, dada su vocación de resolver necesidades sociales y asuntos de interés público.

Conclusión 2
4 - Derechos Fundamentales

Tema: Libertad de asociación

Derecho fundamental a la asociación
La creación de organizaciones de la sociedad civil encuentra su fundamento en el reconocimiento del derecho fundamental a la asociación, el cual se puede definir, como aquella libertad que tenemos todos los individuos para poder organizarnos, poder crear agrupaciones que busquen defender algún tipo de interés legítimo, un interés que los miembros de la organización definen (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021). Este derecho tiene una dimensión individual y una colectiva (Centro UC, 2021); a su vez, se construye a través de tres elementos: el derecho a la libertad de poder elegir, derecho a la debida autonomía y derecho a la protección de la finalidad (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021). En cuanto a sus dimensiones, es posible señalar:

Dimensión individual: esta dimensión “se refiere al conjunto de facultades que se reconoce a cada persona, que la habilitan para crear una organización, decidir integrarse o no a ella, desafiliarse o disolverla. El ejercicio de este derecho individual es condición indispensable para la existencia de la sociedad civil y determina la naturaleza voluntaria de las asociaciones” (Centro UC, 2021).
Dimensión colectiva: esta dimensión “se refiere a la protección y resguardo de la autonomía, derechos y atribuciones de la entidad resultante del ejercicio individual del derecho”. El derecho de asociación no puede prescindir de su dimensión colectiva, ya que este dice relación con el hecho que las personas se unen con otras para el cumplimiento de fines particulares, lo que conlleva la definición de la organización, funcionamiento y medios que se emplearán para alcanzar los objetivos propuestos; la libertad para darse sus propios estatutos, para modificarlos o para adoptar acuerdo; la definición de su estructura organizacional, la resolución de controversias internas, su derecho a disolverse, entre otros. Consagrar la dimensión colectiva del derecho fundamental a la asociación incluye la protección de su derecho a la debida autonomía (Centro UC, 2021).

A su vez, respecto de los tres elementos a través de los cuales se construye el derecho fundamental a la asociación, es posible señalar:

El derecho a la libertad de poder elegir: dice relación con el derecho a elegir qué tipo de agrupación se quiere constituir, qué tipo de fin particular se quiere alcanzar. Este derecho conlleva la imposibilidad por parte del Estado a obligar a ser parte de alguna organización a la que no se quiera adherir (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021).
El derecho a la debida autonomía: la autonomía, tiene relación con permitir a las agrupaciones que definan qué fines, perseguirán, cómo van a funcionar y cómo van a actuar (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021), es decir, contar con la autonomía para alcanzar sus propios fines particulares, así como su gobernanza y la protección de sus elementos definitorios. Entender la autonomía como elemento integrante del derecho fundamental a la asociación permite, por ejemplo, “aplicar a su respecto el principio de reserva legal y la obligación que se le impone al legislador de respetar el contenido esencial de los derechos fundamentales que regula”. La autonomía es manifestación de la libertad humana y del pluralismo social (Centro UC, 2021).
El derecho a la protección de la finalidad: garantiza que el Estado no va a poder disolver la asociación por alguna decisión que no sea de carácter judicial y por regla general, en donde se constate la infracción de la normativa que esté vigente (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021).

El rol del Estado
En el abordaje constitucional de rol del Estado, en cuanto a su relación con la sociedad civil organizada, se debe consideración al menos lo siguiente:

El deber de promoción: El Estado debe reconocer el valor intrínseco de la sociedad civil y favorecer la creación de asociaciones, darle facilidades para que existan y al mismo tiempo apoyarlas para que puedan alcanzar sus fines legítimos. El Estado se establece como garante, sin intervenir en su autonomía, que las asociaciones van a poder perseguir sus fines legítimos y tener el respaldo que razonablemente puedan necesitar (Jenkins, G. & Gatica, S., 2021).
Complementariedad: Las necesidades sociales se originan en la ciudadanía misma que desarrolla distintas formas de organización y participación social en busca de soluciones. En esta dinámica, tanto la sociedad civil, el Estado y el sector productivo cumplen un rol insustituible y complementario. Esto “se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad inalienable y la naturaleza social del ser humano”. Esta complementariedad lleva a una colaboración entre las asociaciones, el Estado y las empresas, ya que “el fenómeno de la asociatividad es lo que permite la realización de la dignidad humana”, lo cual exige asegurar la participación y responsabilidad de las asociaciones en acciones de bien común para el pleno desarrollo de la persona como para el fortalecimiento del tejido social, otorgando pluralidad a las sociedades en la atención de necesidades y coordinación del orden político, respetando la autonomía de sus asociaciones (Centro UC, 2021).

Participación de la sociedad civil organizada
Reconocer el rol insustituible que pueden tener las asociaciones de la sociedad civil en las estructuras sociales, conlleva el reconocimiento de su derecho a la participación, especialmente en el desarrollo y defensa de ideas relevantes para el sistema democrático, es decir, su inclusión en la institucionalidad y establecimiento de un piso mínimo para garantizar su participación activa e incidencia en asuntos de interés público. Esto, no solo es fundamental en sí mismo respecto del rol que cumple la sociedad civil en torno al bien común, contribuyendo al acercamiento de los y las tomadores y tomadoras de decisiones al público, facilitando su participación y reduciendo los costos de transacción de quienes ejercen la autoridad. Frecuentemente, la toma de decisiones no solo requiere de participación sino también de negociación y consentimiento de las partes interesadas. A su vez, “la participación de las organizaciones de la sociedad civil debe complementar la labor de los partidos políticos en el rol tanto de filtro como de conducción de intereses y no reemplazarlos (Centro UC, 2021).

Establecer constitucionalmente el reconocimiento de la participación ciudadana, individual y de la sociedad civil en asuntos públicos, implica establecer que la ley regulará la forma en la cual se materialice dicha participación.

Reconocimiento constitucional de la sociedad civil
La experiencia comparada a nivel constitucional muestra el reconocimiento de la sociedad civil en distintas constituciones, estableciendolas como uno de sus principios fundamentales, constituye un mandato esencial que nace de la propia libertad de las personas y, en definitiva, de su dignidad; reconociendo la importancia de fomentar una sociedad civil plural y dinámica, y la relevancia que tiene para el Estado su aporte en el cumplimiento de tareas esenciales, a fin de lograr complemento en la solución de problemas de interés público (Centro UC, 2021).

Por lo anterior, resulta relevante reconocer constitucionalmente y de forma explícita a la sociedad civil como grupo intermedio entre la persona y el Estado, distinto de la empresa privada, en virtud de los aportes que hace y debe seguir haciendo en la atención de temas de interés público a través de la realización de sus fines particulares.

Creación de incentivos
El reconocimiento constitucional de la asociatividad y complementariedad de la sociedad civil, debería contemplar facilidades e incentivos del Estado para su financiamiento, dada su vocación de resolver necesidades sociales y asuntos de interés público.

Lugar de Realización

Providencia

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

1

Validada Por

  • Foto de persona Luisa Álvarez González