UNA CONSTITUCIÓN PARA HABITAR DIGNAMENTE

Encuentro autoconvocado Nº 6.370 - Realizado el 15/10/2021

Lugar de Realización

Santiago

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

9

Validada Por

  • Foto de persona Luisa Álvarez González

Documentación del Cabildo

  1. COS_UNCEC_3_HABITAT.pdf 1.1 mb

Conclusión 1
4 - Derechos Fundamentales

Tema: Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio

1. Reconocer constitucionalmente el derecho humano a una vivienda adecuada: siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado de Chile tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para incorporar el derecho a la vivienda adecuada dentro de sus marcos normativos. Esto implica una serie de responsabilidades que debe asumir el Estado, que van más allá de asegurar solo un techo. En este sentido, la vivienda adecuada requiere de la adopción de medidas que garanticen la seguridad jurídica de la tenencia y la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura que atiendan las diversas esferas de la vida humana tales como salud y seguridad. Del mismo modo, debe asegurar que la vivienda conlleve un nivel de gastos soportables para quienes las habitan, en el sentido de que los costos asociados a la vivienda no comprometan la satisfacción de las necesidades básicas de las personas o sus comunidades. Asimismo, requiere que se garantice la asequibilidad para todas las personas que tienen derecho a ella, con prioridad para los grupos desaventajados. Su reconocimiento se traduce en prohibición en contra de los desalojos forzosos; que se aseguren condiciones mínimas de habitabilidad; una localización fuera de zonas de riesgos y que facilite el acceso al empleo y los servicios sociales; y, por último, una adecuación cultural de sus componentes a las diversas identidades de las personas que las habitan y de las características del territorio en que se encuentra inserta.

2. Impulsar una legislación integral de vivienda14: resulta necesario incorporar mandatos específicos al poder legislativo que potencien y estimulen las políticas públicas en materia habitacional, por lo que es clave incorporar en una Nueva Constitución una norma que impulse la creación de una legislación integral de vivienda que permita regular el uso del suelo en conformidad con el interés público y asegurar viviendas dignas a toda la población. Además, garantizar el derecho a la vivienda requiere contar con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. Por tanto, el Estado debe adoptar las medidas necesarias hasta el máximo de los recursos disponibles para implementar dicha legislación de vivienda dentro de un marco temporal específico. La inclusión de una norma de esta naturaleza podría facilitar la puesta en marcha de una política pública integral sobre vivienda adecuada, buscando los mecanismos financieros más apropiados y otorgando un horizonte temporal definido para avanzar hacia la concreción gradual de este derecho.

3. Establecer una garantía jurídica del derecho a la vivienda: si bien el reconocimiento expreso del derecho humano a una vivienda adecuada es una condición mínima para asegurar condiciones de vida digna a la población, su sola expresión no es suficiente. Para que este derecho sea efectivo, una Nueva Constitución debe incorporar aquellas herramientas que permitan garantizar su efectivo cumplimiento en la práctica. Por tanto, debe reconocer el derecho a la vivienda como un derecho exigible judicialmente, es decir, incorporar una norma que establezca que toda persona que se considere privada de su derecho a una vivienda adecuada, o que su derecho ha sido perturbado o amenazado, podrá recurrir a los tribunales de justicia.

4. Fomentar la protección de los grupos especialmente vulnerados. En materia de vivienda, el Estado debe canalizar sus esfuerzos hacia la identificación de los grupos especialmente vulnerados en el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada, tales como personas en situación de calle, personas que habitan asentamientos precarios de menor alcance y personas en situación de extrema pobreza, entre otros. En este sentido, su rol debe focalizarse en la adopción de medidas afirmativas para dar especial atención a dichos grupos, tales como adoptar estrategias y planes nacionales de vivienda con plena participación de las personas afectadas y disponer de herramientas jurídicas específicas para la prevención y sanción de comportamientos discriminatorios.
- Promover viviendas y ciudades con perspectiva de género. El
derecho a la vivienda adecuada, y su dimensión colectiva del derecho a la ciudad (con toda la red de elementos que la componen), exigen una reflexión y problematización de la posición desde la que se han construido nuestras ciudades16. Construir viviendas y ciudades con perspectiva de género, requiere desafiar la división binaria y sexual de los espacios públicos/privados, considerando la vivienda y la ciudad como espacios en que convergen distintos procesos sociales, económicos, políticos y culturales, en los que se producen y reproducen desigualdades que definen las distintas maneras en las que las personas habitan y experimentan estos espacios. La consolidación de un derecho a la vivienda y a la ciudad sensibles al género requiere generar normativas y políticas públicas que aborden los distintos niveles de desigualdad y vulnerabilidad entre las mujeres y sus necesidades, teniendo en cuenta las diversas formas en que éstas habitan el espacio. Además, es necesario reconocer las labores de cuidado, asegurando una participación activa y vinculante de las mujeres y diversidad de género en los espacios de poder.
- Generar viviendas y ciudades amigables para la niñez y juventudes que faciliten el ejercicio de sus derechos, según lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido se torna fundamental generar espacios participativos para que esta población se haga parte de los procesos de diseño tanto de las políticas públicas habitacionales, como en concreto de las viviendas y espacios públicos, derribando de esta forma la visión adultocéntrica que impera en el país que deja fuera no solo a las infancias, sino que también a las personas mayores.
- Generar ciudades y viviendas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos ambientales. Las dificultades para asegurar el derecho a una vivienda digna y adecuada en ciudades con altos niveles de exclusión social se han complejizado con las crecientes problemáticas medioambientales17. Aspirar a ciudades y viviendas sostenibles requiere necesariamente pensar en que el acceso presente a estos recursos no implique que las generaciones futuras no puedan hacerlo. En este sentido, el diseño y construcción de viviendas y ciudades sostenibles, que evalúen el impacto socio- ambiental de los proyectos concretos y que consideren el impacto intergeneracional que dichas iniciativas puedan tener en el futuro, representa un avance en la senda del establecimiento de espacios dignos y respetuosos de los derechos humanos ambientales, lo que resulta un imperativo en el contexto de la emergencia climática en que vivimos.

Conclusión 2
4 - Derechos Fundamentales

Tema: Derecho humano al agua y saneamiento y otros derechos humanos ambientales

Considerar el agua como un bien común natural y no como un recurso natural, es fundamental, ya que el agua sería categorizada como “aquel bien material e inmaterial que no se circunscriben a una persona, sino que remiten a todos y cada uno de los miembros de la sociedad” (Michelini, 2007) y que además asegura la continuidad de la vida humana y natural. Se consideran fundamentales los siguientes lineamientos para la redacción de una Nueva Constitución:

1. Reconocimiento de la naturaleza jurídica del agua como un bien común natural.
1.1 Comprender el derecho al agua desde el paradigma de los derechos de la naturaleza y no desde la mirada antropocéntrica tradicional.
1.2. Estipular el acceso al agua y el saneamiento como principios rectores del derecho a una vivienda adecuada y habitabilidad digna.
1.3. Garantizar el acceso a agua potable, considerando un sistema de abastecimiento continuo en el tiempo y sin prácticas de contaminación.
1.4. Reconocer y garantizar el acceso al agua como un derecho humano, vinculado a que este derecho es determinante para el desarrollo del hábitat de la vida humana.
1.5. Comprender la unidad entre agua y tierra, asegurando a la base el resguardo de los servicios ecosistémicos, como criterio regulador de un uso y aprovechamiento justo del agua, que derive en: un cuenca sana; consumo y saneamiento seguro para los seres humanos y las actividades productivas, siempre que éstas tenga un rol social.

2. Incorporación de la mirada de una realidad plurinacional e intercultural.
2.1. A partir de la realidad plurinacional e intercultural, se debe reconocer la naturaleza jurídica como un bien común natural, considerando las perspectivas indígenas.
2.2. Propiciar la adecuada articulación de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios con la protección constitucional que se busque del bien hídrico.
2.3. Reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, entendiendo el agua como un elemento vital dada sus funciones ecosistémicas, destacando el rol de la sociedad quien puede atribuirse como “guardián” del ejercicio de derechos de la naturaleza.

3. Reconocimiento del deber del Estado en la provisión de los bienes sociales y públicos.
3.1. La provisión de los bienes sociales y públicos deben ser por parte del Estado: recuperar derechos de agua a manos del Estado por medio de la compra o expropiación pública, por causa de utilidad pública o interés nacional.
3.2. Mecanismos que aseguren la garantía o restitución del derecho de acceso al agua, si este es vulnerado por el Estado y particulares. (como lo que se establece en el Art. 20 en la actual constitución respecto a los derechos del Art.19.
3.3. Reformular el sistema de asignación del agua existente (mercantil), para dar paso a uno que garantice y consagre la justicia medioambiental.
3.4. Definir mecanismos de participación ciudadana para la toma de decisiones en torno al uso del bien común natural.
3.5. Institucionalidad única que permita una gestión sostenible del agua con un enfoque de economía circular que asegure la gestión sostenible del agua como un principio garante para combatir la crisis hídrica y encargada de diseñar e implementar de manera intersectorial políticas públicas que promuevan el uso, cuidado y gestión responsables de las aguas, para mitigar los efectos negativos del cambio climático en este bien común natural.
3.6. Garantizar mecanismos de formación y educación temprana en niños, niñas y adolescentes relativo a la gestión sostenible y conservación del agua.

Conclusión 3
4 - Derechos Fundamentales

Tema: Derecho a la vivienda, a la ciudad, a la tierra y al territorio

1. Acceso a Servicios: una Nueva Constitución debe garantizar el marco para políticas que promuevan la inclusión social, acceso a servicios y el bienestar social; que aseguren el acceso al transporte y la movilidad. Incorporar una visión de un desplazamiento seguro, accesible, inclusivo y de calidad, dentro de la urbe y entre comunas de una región, que entienda la diversidad de usuarios y usuarias (discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes; personas en situación de vulnerabilidad, personas que deben cubrir largos trayectos, etc.). Considerar también diversidad de posibilidades de transporte (ciclovías, veredas de calidad, por ejemplo). Asimismo, debe otorgar un marco para que se desarrollen políticas y programas que protejan el derecho a la ciudad de las personas en situación de calle.

2. Consagrar la función social y ecológica de la propiedad: una Nueva Constitución debe considerar la función social del suelo y garantizar la acción de un Estado que planifique el desarrollo urbano con terrenos bien localizados y precios asequibles para la construcción de viviendas sociales. Actualmente, la ubicación de las viviendas sociales se encuentra fundamentalmente determinada por el monto que otorgan los subsidios habitacionales, generando que muchos de estos proyectos se ubiquen en zonas rezagadas de las ciudades, dependiendo del poder adquisitivo de las personas o de los hogares. Esto ha generado la existencia de barrios desprovistos de bienes y servicios básicos, ciudades con altos niveles de segregación y diversas formas de exclusión habitacional. Por ello, es necesario garantizar efectivamente la función social y ecológica de la propiedad de tal forma que la ordenación del territorio responda al interés público y no exclusivamente a la pugna de intereses individuales. De forma complementaria, es necesario consagrar mecanismos que permitan hacer efectiva la función social y ecológica de la propiedad. Para ello, se debe establecer el reconocimiento a la recuperación y el goce de la plusvalía urbana por parte de órganos públicos con el objetivo de que las inversiones que realice el Estado en materia de infraestructura, por ejemplo, la construcción de una línea del metro, no sean capturadas mayoritariamente por agentes privados, sino que puedan ser distribuidas equitativamente entre la comunidad. A su vez, debe resguardar su regulación en torno a temas como desastres socio ambientales (zonas de catástrofe, contaminación ambiental, escasez hídrica, incendios, etc.)13. Así también, resguardar frente a las problemáticas que se producen por procesos de gentrificación, construcción en periferia y acceso a servicios básicos (salud, educación etc).

3. Gobernanza Urbana: una nueva Constitución debe sentar las bases para garantizar una educación cívica de calidad, asegurar procesos de participación directos en la generación de políticas públicas, con enfoque de género y basados en el principio de equidad; fortalecer las instituciones que comprenden el aparato estatal (Ministerios, Fuerzas de Paz y Orden) para efectos de que la ciudadanía se sienta no solo reflejada en ellas, sino además protegida, reconocida y respetada; otorgar más poder a los gobiernos e instituciones locales, y más herramientas y recursos para la formación de capacidades. Asimismo, deben tener mayor autonomía para que puedan ajustar su institucionalidad y adaptarse a los cambios de la gente y sus necesidades. Sumado a esto, debe proporcionar una nueva estructura territorial que permita la descentralización de la toma de decisiones y se requieren nuevas formas de elección de autoridades para estas nuevas estructuras, menos personalistas y más colegiada y amplia, además de establecer una estructura de gobernanza con representación territorial, donde se sometan a conversación, información, diálogos y acuerdos respecto a inversiones públicas, donde la mediación comunitaria pasa a tomar un rol reconocido y oficializado de lo que ya se hace de manera informal en los territorios. Esta instancia debe ser normada y reglamentada en su conformación y establecer criterios de los temas y facultades a tratar.

Lugar de Realización

Santiago

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

9

Validada Por

  • Foto de persona Luisa Álvarez González