Una Constitución que promueva los derechos de las personas con discapacidad

Encuentro autoconvocado Nº 6.378 - Realizado el 15/10/2021

Lugar de Realización

Santiago

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

4

Validada Por

  • Foto de persona Luisa Álvarez González

Documentación del Cabildo

  1. COS_UNCEC_5_DISCAPACIDAD_E_INCLUSION.pdf 1 mb
  2. COS_UNCEC_5_DISCAPACIDAD_E_INCLUSION.pdf 1 mb

Conclusión 1
4 - Derechos Fundamentales

Tema: Derechos de las personas con discapacidad

1. Rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos
Una Nueva Constitución debe garantizar que se haga efectiva la accesibilidad, inclusión, participación y no discriminación de las personas con discapacidad. En este sentido, el nuevo texto debería otorgar rango constitucional a todos los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile, dado que la incorporación en el texto constitucional propiciará que todos los organismos cumplan con lo que dice la Convención, pues dotará de facultades a los órganos de control para hacer exigible lo establecido en ésta.

2. Derechos de las personas con discapacidad
Una Nueva Constitución debe disponer obligaciones explícitas por parte del Estado, y no aspiraciones, para la protección y reconocimiento específico de los derechos de las personas con discapacidad, para asegurar el cumplimiento de estos derechos y no solo promoverlos. En específico, de acuerdo con los estándares internacionales, son seis los derechos que el texto constitucional debiese incorporar para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad:
2.1 Igualdad y no discriminación: es fundamental que la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad quede explicitada en un nuevo texto constitucional y debiese ser incluidas en todas las normas constitucionales explicitamente que se refieran a la igualdad y protección de las personas, como son el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, entre otros, ya que es obligación del Estado adoptar medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, educacional,
laboral, económica, cultural y social.
2.2 Autonomía y capacidad jurídica: la autonomía como derecho hace referencia a la garantía de que las personas, al margen de su condición, puedan desarrollar un proyecto vital basado en su identidad personal y tener control sobre el mismo, que en el caso de personas con discapacidad severa, el ejercicio de este derecho puede realizarse utilizando los apoyos y adaptaciones que se requieran para tal efecto. Por su parte, respecto de la capacidad jurídica, si bien todas las personas son titulares de derecho, a través de la figura de la interdicción las personas con discapacidad mental pueden ver limitada su capacidad de ejercer este derecho. Por lo anterior, el nuevo texto constitucional debe reconocer el pleno ejercicio de la autonomía y capacidad jurídica de todas las personas para que las personas con discapacidad puedan desarrollar el ejercicio de sus derechos.
2.3 Derecho al cuidado: si bien son pocas las constituciones de otros países que han incluido el cuidado como derecho fundamental, éste puede reconocerse en algunos tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) o la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDPM). En este sentido, de acuerdo con Serey&Giaconi (2020), se propone que el nuevo texto constitucional reconozca el derecho al cuidado, entendiéndolo por una parte como el derecho a recibir cuidados de todas las personas, en las distintas etapas de su ciclo vital y con la incorporación de la promoción a la autonomía y, por otra, como el derecho a elegir si se desea cuidar o no, con la posibilidad de cuidar en condiciones de dignidad y protección social, asegurando que la persona cuidadora pueda seguir ejerciendo del resto de sus derechos sociales al realizar el trabajo de cuidado no remunerado.
2.4 Prevención, habilitación y rehabilitación: la prevención es fundamental para disminuir e idealmente eliminar los factores de riesgos que pueden producir discapacidad, a su vez que implica avanzar en el fortalecimiento
de medicina preventiva que permita identificar tempranamente enfermedades y/o condiciones. Los procesos de habilitación y rehabilitación por su parte, consisten en procesos destinados a permitir que las personas con discapacidad alcancen y mantengan un nivel óptimo de desempeño físico, sensorial, intelectual, psicológico y/o social (OMS, 2018). La prevención, la habilitación y rehabilitación deben estar a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, sean estas zonas urbanas o rurales y para un mejor resultado, es necesario asegurar que estos procesos comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinaria y/o transdisciplinaria de las necesidades y capacidades de la persona. Reconocer este derecho en una Nueva Constitución conllevará la implementación de políticas que garanticen su ejercicio a fin de asegurar el buen vivir y una calidad de vida digna de las personas con discapacidad y sus familias.
2.5 Accesibilidad Universal: al garantizar este derecho se busca que el Estado, considerando el enfoque territorial (Calvo 2005), adopte las medidas pertinentes para identificar y eliminar los obstáculos y las barreras y se asegure que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las comunicaciones; vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
2.6 Participación y diálogo social: es fundamental reforzar el proceso en virtud del cual las personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y las que agrupan a sus familias, ejercen un rol activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que les conciernen. Solo de esta forma es posible participar plena y protagónicamente.

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