Encuentro autoconvocado sobre el Estatuto Constitucional de la Energía

Encuentro autoconvocado Nº 6.906 - Realizado el 25/03/2022

Lugar de Realización

Temuco

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

5

Validada Por

  • Foto de persona Ximena Cuadra M.
  • Foto de persona Alejandra Parra M.
  • Foto de persona Marcelo Iván Toro Collinao
  • Foto de persona Felipe Gutiérrez R.
  • Foto de persona Paz Neira B.

Conclusión 1
5 - Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

Tema: Estatuto constitucional de la energía

Estipular el derecho a la energía como derecho humano en la nueva constitución permite garantizar otros derechos humanos como el derecho a la vivienda digna, a la salud y a un medio ambiente libre de contaminación.

Vinculado a lo anterior, el Estado debe garantizar el acceso y cobertura a la energía y establecer un mínimo vital de energía o algún mecanismo que permita satisfacer el acceso universal a este Derecho Humano.

Además, se requiere que el Estado resguarde la soberanía energética, tomando medidas acorde a las diferencias territoriales del país, con mecanismos de ordenamiento territorial, descentralizadamente, promoviendo la eficiencia energética a escala local-territorial. Una evaluación compartida es que la ciudadanía y las comunidades locales podemos hacernos parte de la dinámica de generación energética de manera local, contribuyendo a la eficiencia energética, y a la soberanía energética. Mientras más cortos son los circuitos de generación-producción, transmisión y consumo energético, es más eficiente y sostenible el modelo energético. En definitiva, la autonomía energética de las localidades y territorios a través de la autogeneración energética es necesaria para la proyección del futuro modelo energético que rija en el país.

Modelo económico y modelo energético: El Estado tiene que cumplir un rol de agente activo en el modelo energético que rige el país. Ello implica participar de la generación distribución y transmisión energética a través de empresas públicas o mixtas, mantener entidades de fiscalización que persigan el cumplimiento de estándares de calidad y eficiencia de suministro energético. También el Estado es agente planificador, promotor y organizador del territorio para promover a la diversidad de actores que requiere la autonomización energética de las localidades.

Para un mejor cumplimiento de este rol del Estado, la infraestructura energética debe ser declarada de interés público. Ello pues este tipo de infraestructuras son fundamentales para la realización del bienestar de la sociedad. A nivel comparado, las infraestructuras de interés público le permiten al Estado actuar en pos del bien común, cuando el mercado, por diversos motivos falle ante las necesidades esenciales que requiere la población. Por lo tanto cuando hablamos de interés público nos referimos a aquella acción que puede realizar el Estado que nos beneficia a todas y a todos y que tiene por fin último el bienestar de la población, evitando conflictos sociales, políticos, económicos. En definitiva, las infraestructuras energéticas pueden ser declaradas de interés público para fortalecer el rol del Estado en la disponibilidad de energía, la priorización de determinadas fuentes energéticas, zonas de generación, mecanismos de transmisión y distribución, así como la aplicación de criterios de sostenibilidad y justicia ambiental y territorial.

En el cumplimiento de este deber promoverá el uso de tecnologías ambientalmente de bajo impacto, evaluando esto desde aspectos científicos y sociales-comunitarios. También buscará la eficiencia energética, promoviendo y disponiendo políticas sociales y económicas complementarias con las políticas energéticas para el alcance de este objetivo. Todo ello es concordante con las metas de reducción de gases de efecto invernadero a las que se ha comprometido el país ante la comunidad internacional.

La diversificación de fuentes de energías renovables de diversas escalas es fundamental para cumplir con las metas de carbono neutralidad a las que se ha comprometido el Estado. por ello, el Estado es clave para estimular al mercado y las empresas, así como a la ciudadanía en su rol de gestora de medios locales de generación energética.

Otro de los roles del Estado en el modelo energético es la construcción de instancias de participación ciudadana, para la toma de decisiones descentralizadas. Estas instancias de participación deben tener injerencia en las medidas ambientales, sociales y económicas que sostengan las políticas y decisiones en el plano de la energía.

Considerando la interdependencia de los derechos humanos, la garantización del derecho a la energía se debe alcanzar con el respeto irrestricto de los derechos sociales, ambientales, de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Hacer esto un hecho explícito en la Constitución es importante considerando el contexto de alta conflictividad socioambiental en territorios donde se expanden energías renovables y proyectos de transmisión eléctrica.

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Temuco

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Virtual

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5

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