Encuentro Autoconvocado Constituyente Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD)

Encuentro autoconvocado Nº 7.110 - Realizado el 22/03/2022

Lugar de Realización

Santiago

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

8

Validada Por

  • Foto de persona Alejandra Ugalde Castro
  • Foto de persona Giulianno Pesce H.
  • Foto de persona Rodrigo Céspedes S.
  • Foto de persona Consuelo Miranda A.
  • Foto de persona Margarita Parada A.
  • Foto de persona Rafael Loredo F.

Registro Fotográfico

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Conclusión 1
6 - Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional

Tema: Órganos de control y órganos autónomos

En resumen, se discute que las principales razones para la incorporación expresa de los y las profesionales de la gestión del Sistema Nacional de Justicia, en la composición del nuevo CNJ, son las siguientes:
1. La efectiva separación de funciones entre lo administrativo y lo jurisdiccional: Se estima que la única forma de materializar la real separación de funciones dentro del CNJ, será a través de una cantidad significativa de integrantes profesionales de la gestión, logrando equilibrio interno, esto es buscar la paridad en la integración con la misma cantidad de jueces/zas, como de otros profesionales especializados.
2. La rendición de cuentas, indicadores de gestión y Justicia Abierta: Es importante señalar que estas recomendaciones son avaladas por diversas opiniones, emanadas de expertos/as provenientes de diferentes organismos. En ese sentido, nadie ha descartado de plano la integración de los y las funcionarios/as profesionales, sino más bien, su tendencia apunta a que se vea “como un aspecto positivo” (Departamento de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile). También se ha señalado “que no existe un modelo único de ‘Consejo de la Magistratura’, pues cada órgano rector, procede de un ordenamiento jurídico con raíces históricas, culturales y sociales diferentes, por lo que su función específica varía de un país a otro, ni tampoco un modelo ideal” (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile).

• Conclusión o propuesta del grupo sobre el tema específico (máx. 10.000 caracteres):
Las principales conclusiones desarrolladas en la actividad, están íntimamente vinculadas con las propuestas levantadas por APRAJUD respecto de las atribuciones y la composición del nuevo Consejo de la Justicia (CJ).
Conforme consta en el artículo 28 del segundo informe de la Comisión N°6 sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, propuesto para la discusión del Pleno de la CC, las atribuciones que tendría este nuevo órgano de gobierno judicial serían las siguientes (es necesario recordar que esta actividad se realizó el mismo día que la sesión N°73 del Pleno de la CC, por lo que hasta ese momento se desconocía el resultado de este debate y la discusión en particular del segundo informe de dicha Comisión):
a) Nombrar, previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.
b) Adoptar las medidas disciplinarias de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia, incluida su remoción, conforme a lo dispuesta en esta Constitución y la ley.
c) Efectuar una revisión integral de todos los tribunales del sistema nacional de justicia, en conformidad a lo establecido en esta Constitución y la ley.
d) Evaluar y calificar, periódicamente, el desempeño de juezas, jueces, funcionarias y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia.
e) Decidir sobre promociones, traslados, permutas y cese de funciones de integrantes del sistema nacional de justicia.
f) Definir las necesidades presupuestarias, ejecutar y gestionar los recursos para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Justicia.
g) Pronunciarse sobre cualquier modificación legal en la organización y atribuciones del sistema nacional de justicia. El Congreso deberá oficiar al Consejo, el que deberá responder dentro treinta días contados desde su recepción.
h) Proponer la creación, modificación o supresión de tribunales a la autoridad competente.
i) Velar por la formación, capacitación, habilitación y continuo perfeccionamiento de quienes integran el sistema nacional de justicia. Para estos efectos, la Academia Judicial estará sometida a la dirección del Consejo.
j) Dictar instrucciones relativas a la organización, gestión y debido funcionamiento judicial. Estas instrucciones podrán tener un alcance nacional, regional o local.
k) Las demás que encomiende esta Constitución y las leyes.
Como puede constatarse, al menos 5 de las 10 atribuciones específicas del CJ (el 50%), se encuentran netamente relacionadas al ámbito de la gestión de tribunales y no a la función jurisdiccional propiamente tal. Se trata de la letra c), entendiendo que la “revisión integral” consiste en la verificación del buen funcionamiento general del Sistema Nacional de Justicia, mediante el cumplimiento de indicadores objetivos de gestión y eficacia en la entrega del servicio judicial; letras f) y h) en lo referido a modelos numéricos de cargas de trabajo y diseño organizacional, y finalmente la letra j).
A su vez, el artículo 29 del mencionado informe señala la composición del CJ, especialmente en lo relacionado a la integración de los y las profesionales de la gestión judicial:
a) Seis integrantes serán juezas o jueces titulares elegidos por sus pares.
b) Tres integrantes serán funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegidos por sus pares.
c) Dos integrantes elegidos por los pueblos originarios.
d) Seis integrantes elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público, a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública.
Respecto de la propuesta de los art. 28 y 29 antes mencionados, APRAJUD manifiesta su rotundo apoyo a la creación del CJ, órgano colegiado y autónomo, de rango constitucional y composición mixta, que ejercerá en forma independiente el gobierno judicial, velando efectivamente por el fortalecimiento de la independencia judicial y la consagración de la separación de funciones al interior de los Tribunales y demás órganos del Sistema Nacional de Justicia, correspondiéndole a su vez, la superintendencia directiva, correccional y económica de los mismos. Asimismo, la denominación nos parece apropiada, ya que implica un concepto más amplio, por cuanto no reduce el sistema de justicia a la judicatura, sino lo comprende de una forma más amplia.
Sin perjuicio de lo anterior, manifestamos nuestra preocupación respecto de la composición de este órgano de gobierno judicial, por cuanto estimamos que, para su buen desempeño debe primar el equilibrio interno en la toma de decisiones, con especial énfasis en la incorporación de criterios de gestión y calidad de servicio a nuestros usuarios y usuarias, evitando la excesiva politización del Consejo, como lamentablemente ha sucedido en otros países, y donde la mirada de los profesionales de la gestión es valiosa y reconocida.
Por ello, es que consideramos que debe especificarse en la redacción del art. 29, que los tres integrantes señalados en la letra b) deben ser "PROFESIONALES DE LA GESTION" elegidos por sus pares, en base a requisitos de idoneidad y experiencia, pues son los únicos que cuentan con la adecuada experiencia y conocimiento respecto del funcionamiento en la gestión de Tribunales, Cortes de Apelaciones y CAPJ, quienes podrán aportar de manera significativa en las nuevas funciones dentro del futuro Consejo, complementando las ventajas competitivas y la experiencia en administración y gestión.
Respecto de las disposiciones transitorias del segundo informe de la Comisión N°6, especialmente la tercera y séptima, se discute y propone lo siguiente:
1. Disposición transitoria tercera: “El personal que se desempeñare en cualesquiera de los tribunales del Sistema nacional de Justicia, a la fecha de la entrada en vigencia de esta Constitución, en calidad jurídica de contrata con más de cinco años de renovaciones consecutivas, deberá ser traspasado a personal de planta, conforme a los mecanismos que establezca la ley, la cual deberá dictarse en el plazo de dos años, desde la entrada en vigencia de la presente Constitución”.
APRAJUD sugiere extender la expresión "tribunales" a "tribunales, CAPJ y otras unidades judiciales" que actualmente pertenecen a la dotación de personal (subtitulo 21) del presupuesto del Poder Judicial (PJUD, CAPJ y Academia Judicial), ya que en todos ellos existen funcionarios/as a contrata, lo que no implica mayor costo para el presupuesto de la nación.
De acuerdo con las cifras publicadas en la página web del Poder Judicial al 31 de diciembre de 2021, es posible estimar que los funcionarios y funcionarias de Tribunales, Cortes y Unidades de Apoyo, que se encuentran en calidad de “contrata” por más de 5 años, representan cerca del 25% del total, es decir, alrededor de 3.200 personas. En cambio, para la CAPJ esta cifra es cercana al 68%, lo que equivaldría aproximadamente a 780 personas (pensando en todo el Poder Judicial, este grupo representaría alrededor de un 29%, es decir, cerca de 4.000 funcionarios y funcionarias a nivel nacional).
2. Disposición transitoria séptima: “Dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá dictarse la ley sobre el Consejo de Justicia. Para todos los efectos, se entenderá que el Consejo de la Justicia es el continuador legal y sucesor en todos los bienes, derechos y obligaciones de, entre otras, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la Junta de Servicios Judiciales y de la Oficina de Presupuesto para el Poder Judicial. La ley respectiva deberá determinar el proceso de traspaso de los funcionarios, cualquiera sea su régimen de contratación, desde los organismos señalados al Consejo de la Justicia”.
Respecto del plazo, éste se considera adecuado, ya que, de acuerdo al modelo original propuesto a la Comisión N°6 por APRAJUD, el CJ debiera ejercer la supervigilancia y control de la Academia Judicial y de la CAPJ, pero en ningún caso implica traspaso de la dotación de estas entidades a este órgano de gobierno. En este sentido, el costo sería marginal, ya que solo habría que financiar los cargos de consejeros y consejeras que sean aprobados por el Pleno de la CC, considerando que de acuerdo al modelo presentado, los consejeros/as pertenecientes al actual Poder Judicial se entienden suspendidos de sus funciones, debiendo financiarse sus reemplazos en cada una de sus respectivas unidades jurisdiccionales

Lugar de Realización

Santiago

Modalidad

Virtual

Nº de Participantes

8

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