4 - Derechos Fundamentales

PROPUESTA DE NORMA PRESENTADA POR LA COMUNIDAD QUECHUA DE QUIPISCA – REGION DE TARAPACÁ

Iniciativa Nº 1.066

Tema: Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales

Actualizado 24/05/2022 04:07

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Problema a Solucionar:

Este texto fue acordado por la comunidad quechua de Quipisca en tres talleres y asambleas de información deliberación y acuerdos, uno de manera presencial en el marco del Congreso Quechua, celebrado el 3 y 4 de enero de 2022 en la Universidad Arturo Prat; una reunión vía remota en la plataforma Zoom el día 10 de enero de 2022 y; un encuentro en modalidad híbrida el día jueves 13 de enero de 2022. Estos dos últimos desde la sede de la Comunidad Indígena de Quipisca, en la ciudad de Iquique

Propuesta de articulado

ANTECEDENTES
El estándar internacional de derechos de los pueblos indígenas reconoce y protege la cultura indígena diferenciada, y en consecuencia, reconoce la identidad indígena, tanto en su dimensión colectiva como en su dimensión individual, y establece la obligación estatal de protegerla. En esta materia, la autonomía indígena y autoidentificación cobran un rol central, en tanto la identidad indígena no puede imponerse contra la voluntad del grupo ni el pueblo al que pertenece .
El diccionario de la Real Academia Española ofrece como una de las definiciones de la voz identidad al “conjunto de rasgos propios de una persona o colectividad que los caracterizan frente a los demás”. Diversos autores han relevado el estrecho vínculo entre la dimensión individual de la identidad, referida a la persona, y su dimensión colectiva, relativa a grupos humanos.
Por una parte, se ha sostenido que el sentido de pertenencia a un colectivo permite al individuo situarse existencialmente y orientar así su propia vida. Dicho de otra manera, la pertenencia a una cultura societal, ofrece a la persona un contexto para que sus decisiones individuales sean significativas.
Por otra parte, el ejercicio individual de esta pertenencia, depende de la capacidad colectiva del grupo para mantener su propia identidad cultural. Esto explica por qué tanto la cuestión de la pertenencia a minorías étnicas y/o culturales como la identidad individual, han sido objeto de protección del derecho internacional de los derechos humanos.
JUSTIFICACIÓN
La protección de la pertenencia de las personas a grupos culturalmente diferenciados ha estado presente en el derecho internacional de los derechos humanos desde la adopción, en 1966, del primer tratado sobre la materia: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Chile en 1972. Este reconoce el derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a mantener y practicar su propia vida cultural, religión y lengua “en común con los demás miembros de su grupo”.
Si bien se trata de un derecho individual, esto es, un derecho reconocido a las personas, el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar la aplicación del Pacto, ha reconocido su dimensión colectiva, al afirmar que su ejercicio depende de la capacidad del grupo de mantener su cultura, religión o idioma, lo que exige que el Estado adopte medidas para proteger la identidad cultural del grupo.
Con la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT (C169), se reconocieron derechos colectivos a los pueblos indígenas y tribales, reforzando así la protección de su identidad cultural. En efecto, su artículo 2.1. establece explícitamente la obligación de los Estados en orden a garantizar el respeto de la integridad de los pueblos indígenas. En este sentido, se ha sostenido que la protección de la integridad cultural es uno de los principios fundamentales del Convenio 169 de la OIT, lo que se manifiesta en diversas disposiciones.
También la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2007, con la firma concurrente de Chile, establece la obligación estatal de prevenir y resarcir todo acto que prive a los pueblos indígenas de su integridad como pueblos diferenciados. La reciente Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADPI), adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 2016, con la concurrencia de Chile, reconoce explícitamente el derecho de los pueblos indígenas a la identidad e integridad cultural y a mantenerla.

PROPUESTA DE NORMA

ARTÍCULO XX1: Los pueblos indígenas, preexistentes al Estado de Chile, son reconocidos como custodios de sus conocimientos, cultura e identidad. Tienen derecho a la identidad e integridad cultural, y a preservar, desarrollar, administrar y transmitir a las futuras generaciones, su patrimonio cultural e histórico, tangible e intangible, que constituye la base de su continuidad colectiva e individual.
Los pueblos Indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten sus formas de vida, cosmovisiones, espiritualidad; sus usos, costumbres, normas y tradiciones; las formas de organización social, económica, política y jurídica; las formas de transmisión del conocimiento, instituciones, prácticas, creencias, valores, indumentaria y lenguas; y la interrelación que existe entre manifestaciones culturales.
A los individuos a quienes se les reconozca su calidad indígena, como a las comunidades de un determinado pueblo nación preexistente, se les reconoce la titularidad de tales derechos ancestrales.
ARTÍCULO XX2: El Estado Chileno reconoce la propiedad intelectual de los pueblos naciones preexistentes sobre sus sistemas de conocimientos tradicionales, expresiones culturales, el patrimonio genético existente en la biodiversidad de los territorios indígenas, sus saberes y tradición oral, su medicina ancestral, sus idiomas, sus rituales, sus símbolos, vestimentas, cosmovisiones, mitos, danzas, prácticas culturales, y sus tecnologías tradicionales.
ARTÍCULO XX3: Corresponderá a cada pueblo determinar, resguardar y administrar la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales de su respectivo acervo, incluidas las nuevas obras, inventos, descubrimientos, marcas comerciales y demás bienes intelectuales susceptibles de protección.
ARTÍCULO XX4: El Estado tendrá el deber de prohibir la constitución de derechos de propiedad industrial, intelectual y similares sobre los conocimientos tradicionales indígenas, las expresiones culturales tradicionales y cualquier elemento del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos y naciones indígenas preexistentes. Asimismo, deberá anular cualquier registro o derecho que se haya constituido sobre aquellos y sin el consentimiento del respectivo pueblo.
ARTÍCULO XX5: Es deber del Estado realizar todas las acciones necesarias para obtener la restitución de los objetos pertenecientes al patrimonio material de los pueblos y naciones preexistentes que, sin el consentimiento de éstos, se encuentren fuera del territorio nacional, debiendo financiar y suministrar el presupuesto necesario para la consecución de estos fines, incluyendo las gestiones diplomáticas y la litigación ante tribunales internacionales.
ARTÍCULO XX6: Es deber del Estado establecer mecanismos eficaces de prevención, restitución, reparación y sanción frente a actos que tienen por objeto o consecuencia desposeer a los Pueblos de sus tierras, territorios y recursos, menoscabar sus derechos, incitar a la discriminación racial o etnia o promover una asimilación e integración forzada.
ARTÍCULO XX7: Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a su identidad cultural, creencias religiosas, espirituales, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión; a la recuperación, protección y promoción de sus lenguas, lugares sagrados y de su ritualidades, así como plantas, el material genético de estos cultivos desarrollados a través de generaciones, no sea susceptible de apropiación por ninguna empresa privada, nacional o extranjera y se protegerán de la contaminación que pudiera producir plantas genéticamente modificadas, protección de animales, minerales y ecosistemas dentro de su territorios.
A mantener preservar, administrar, reconocer, proteger, desarrollar, los valores y practicas sociales, culturales, sus conocimientos tradicionales, sus ciencias, tecnologías, su religiosidad y espiritualidad los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica, la agrobiodiversidad, y el patrimonio subacuático propio de dichos pueblos. El Estado garantizará con acuerdo a las leyes, la tutela y resguardo de estos derechos.
ARTÍCULO XX8: Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar sus conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales.
El Estado asegurará la permanencia de a lo menos un colegio o liceo al interior de una comuna declarada como indígena, garantizando la continuidad de estudios para niñas y niños, adolescentes en los conocimientos y lenguas propios del pueblo.
Para su revitalización y fortalecimiento, se favorecerán planes de estudio y enseñanza dirigido a todos los individuos, lo que implicará incluir formación de adultos en sus propias culturas, conocimientos, creencias y lenguas.
ARTÍCULO XX9: En el territorio chileno quedará prohibido el uso de los conocimientos de los ancianos y sabios de los pueblos y comunidades sin el debido permiso y consentimiento de la propia comunidad a la que se acude.
En cualquier caso, toda publicación digital, impresa, manuscrita, sonora o audiovisual obtenida con motivo de una investigación realizada en terreno indígena o por vía remota con miembros de una determinada comunidad, deberá siempre priorizar la entrega de registros de respaldo a la comunidad como soporte para las generaciones futuras. No se permitirán publicaciones que no incluyan la definición exacta del proveedor de conocimientos en el trabajo de campo, a qué comunidad pertenece, el cargo o titulo ancestral que detente y la comunidad y pueblo al que pertenece, quedando prohibida la utilización de imágenes y registros de cualquier tipo que se hayan obtenido sin su consentimiento.
ARTÍCULO TRANSITORIO: El Estado chileno ordenará a todas las instituciones públicas o que cuenten con financiamiento público y que hubieren sustraído, resguardado bajo cualquier forma o soporte registros, instrumentos, objetos o cualquier tipo de elementos pertenecientes a un determinado pueblo, para que en el transcurso de un año contados desde la publicación de la presente constitución, hagan entrega formal y pública de un catálogo íntegro de dichos elementos o soportes y propenderá a alcanzar un acuerdo de custodia, para continuar manteniéndolos.
Si transcurridos 12 meses adicionales al tiempo de entrega del catálogo de dichos objetos o registros no se ha alcanzado un acuerdo con el pueblo respectivo y la mayoría de sus comunidades, los objetos, soportes y registros antes señalados, serán entregados a la custodia de la institución, organismo o comunidad que el propio pueblo determine.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01