3 - Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

LAS NACIONES ORIGINARIAS, SU DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA

Iniciativa Nº 1.170

Tema: Autonomías territoriales e indígenas

Actualizado 24/05/2022 04:45

Esta es una Propuesta de:

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Alan Marchant M.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Problema a Solucionar:

Nació como un planteamiento personal, que estaba redactado para ser iniciativa popular, pero que en virtud de la cantidad de firmas, se inició una campaña entre juntas de vecinos club deportivos, pero al ver la afectación de las asociaciones indígenas, estos quisieron ser participe, por cuanto, otorgaron el patrocinio para que fuere mediante una iniciativa indígena, por lo que, se entregó el texto a cada comunidad, se les dio un tiempo razonable para que lo debatieran corrigieran o le agregaren aquellas cosas que consideraron que faltaban.

fue en consecuencia la siguiente iniciativa, el resultado de dicho proceso.

Situación Ideal:

En la actualidad en Chile, existen violaciones a los derechos fundamentales hacia los pueblos originarios, tales como el impedimento a la libre representación y participación en las políticas públicas que les afecta de manera directa e indirecta.
Violaciones que ocurren no tan solo en el ámbito político administrativo, sino también, en su contexto socio-ambiental, lo que popularmente se conoce como zonas de sacrificios, nacen como una afectación a la comunidad local, junto con un exorbitante desarrollo de indolencia generalizada, provocando daños y afectando profundamente también a la población ciudadana no indígena, sin dejar de mencionar el evidente daño medio ambiental que no tan solo afecta a nuestro país, sino a todo el mundo.
En concordancia con lo anterior las vejaciones son innumerables, como por ejemplo el derecho al agua, la contaminación, la salud, el derecho a conservar sus costumbres propias y tradiciones, el desplazamiento involuntario de la población, etc.
Cuando nos referimos al desplazamiento involuntario, nos referimos al abandono que la juventud ha tenido que realizar desde sus territorios locales, muchos jóvenes en busca de un mejor futuro han optado por ir a la universidad teniendo que partir definitivamente desde sus caseríos y pueblos hacia las urbes, testigo de ello son la red de hogares indígenas y otros tantos que por décadas se asentaron en las ciudades para apoyar a este tipo de población, quienes persiguieron esa promesa de “nuevas oportunidades”. Distinto es el caso, pero el mismo resultado de aquellos jóvenes que no estudian, pero que por falta de oportunidades en su comunidad, migran por motivos de trabajo hacia las ciudades.
Es por todo lo anterior, que los pueblos indígenas organizados, tanto quienes han obrado por la vía institucional, como aquellas comunidades organizadas de manera autónoma, han exigido que este derecho se consagre dentro del marco legal e institucional.
A partir de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, en el año 2009, este derecho se ha hecho valer de manera cercenada y nulamente respetado de parte de las instituciones públicas, es más, el agravio a este derecho ha provocado divisiones entre asociaciones, comunidades y pueblos originarios, puesto que, el Estado al momento de generar políticas públicas ha obrado de manera colonial frente a los distintos pueblos, atendiendo a los distintos grupos con diferencia, generando discriminaciones arbitrarias y peleas entre los miembros de los mismos pueblos.
Cuando anteriormente ocupamos la expresión “se ha hecho valer”, nos referimos puntualmente a la etapa de deliberación interna dentro del proceso de consulta, en un principio las primeras consultas indígenas que se aplicaban en Chile, los dirigentes asistían de manera personal a veces acompañados por algún miembro de su comunidad, en su contraposición quienes consultaban, los funcionarios estatales asistían muchas veces ministros, subsecretarios más el encargado del departamento jurídico de dicha institución, es decir, en un principio era un trato sumamente desigual.
Con el pasar del tiempo los pueblos exigieron, que sus representantes pudieran concurrir con abogados o asesores que ellos estimen conveniente, la aplicación de esta demanda, tenía sentido en el debido proceso, porque ambas partes tanto el consultante y el consultado, tenían que conocer los efectos del acuerdo o el desacuerdo que conllevaba la consulta indígena, cuando el estado entró en razón, proporcionó espacios para acudir con asesores técnicos, y este periodo lo podemos dividir en dos, el primero de ellos, cuando el Estado proporcionaba asesorías para las comunidades que iban a ser consultadas, esto evidenció la mala fe estatal, puesto que contrataba asesores que explicaran las materias de tal modo, que las comunidades consintieran en las materias consultadas para llevar a cabo determinados proyectos, sin embargo, con distintas consultas, se generó un quiebre de confianza, puesto que, era evidente el conflicto de interés de los asesores contratados por la entidad pública consultante, por lo que algunos dirigentes optaron en denunciar estas malas prácticas y acudir sin asesorías en señal de protesta a las consultas, por cuanto, comienza el segundo tiempo del periodo de aplicación de consulta, en donde el Estado permitió que los indígenas escogerán a sus asesores dignos de su confianza y con la expertiz en la materia que ellos requerían.

Es por ello que el proceso de consulta, fue evolucionando para dar paso a la libre determinación y autonomía, en cuanto a poder decidir sobre los asesores que requería para concurrir como consultado. Sin embargo, la autonomía solo se expresó en eso y en la etapa de deliberación interna, periodo procesal de la consulta indígena en donde los consultados pueden reunirse con las bases, o bien, los representantes o autoridades ancestrales con el resto de las comunidades para consentir o rechazar la ejecución de un determinado proyecto o aplicación de un plan de política pública.

DE LA AUTONOMÍA Y SU RELACIÓN CON LA CONSULTA INDÍGENA
En la presente iniciativa popular, se busca enmarcar a rango constitucional el derecho a la autonomía que, no se asemeja para nada con el derecho a la consulta, pero se relacionan en términos genero-especie respectivamente.
En términos prácticos, la Autonomía se traduce como la facultad que tiene una determinada comunidad, nación originaria en este caso, para administrar sus recursos, determinar sus objetivos, definir los ritos, tradiciones, costumbres a conservar y definir las formas procesales para ejercer cada una de sus facultades.; en cambio el derecho a la consulta, se realiza cuando bajo determinadas circunstancias, una parte deseaba desarrollar una o varias actividades, en la cual, se verá afectada de manera positiva, directa o indirectamente otra parte, esto sin considerar las consecuencias para la parte afectada, es decir, sin comparar si dicha actividad será beneficiosa o le causará desmedro.
DE LA AUTONOMÍA Y SU RELACIÓN CON LA LIBRE DETERMINACIÓN.
Como lo expresamos anteriormente la autonomía es una facultad, como tal, merece estar regulada, por consecuencia, entendemos la autonomía como un engranaje dentro sistema legal, sin embargo, no debe confundirse con la libre determinación, puesto que, esta última es una aptitud legal situada dentro de los derechos colectivos, puesto que, cuando versa sobre el derecho individual o particular, lo traducimos como la autonomía de la voluntad.

SITUACION IDEAL
A nivel histórico, las circunstancias ideales irán cambiando como efecto de las decisiones que se toman en el presente, por cuanto, plantearnos un país plurinacional, en donde cada nación pueda ejercer sus costumbres y tradiciones, forjará en las futuras generaciones un mayor desarrollo intelectual, puesto que, tendrán la oportunidad de conocer y disfrutar las distintas visiones y concepciones emanadas del rescate y promoción que haga cada comunidad originaria de sus valores culturales y de sus aspiraciones como sociedad.
En consecuencia, en nuestra carta magna, el ideal, se traduce en incorporar un capítulo que hable sobre la autonomía de las naciones originarias, en donde se regulen tales materias como:
Requisitos para que una Nación Originaria, ejerza autonomía.
En los casos que la presencia de determinados grupos originarios coexista en distintas regiones del país, pero que se identifiquen o reconozcan del mismo pueblo y con cantidad demográfica abundante o significativa, en dichas regiones, puedan formar un solo estamento autónomo, mediante un estatuto marco-regulador, que verse sobre:
- Estructura política-administrativa.
- Jurisdicción y/o territorialidad de aplicación o ejercicio de este derecho.
- Institución reguladora, o mecanismos de dictar normas.
- Instituciones de resolución de conflictos internos.
- Mecanismo de resolución de conflicto para ciudadano de distintas naciones.

QUE DEBE CONTEMPLAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN

En la nueva constitución se debe consagrar el marco normativo para que las naciones originarias puedan ejercer su autonomía con sus parámetros y concepciones de progreso y desarrollo, más aún, debe contemplar mecanismos procesales armónicos entre la legislación positiva y el derecho propio de cada nación coexistente en el territorio nacional.
Junto con lo anterior, se debe dar acceso a las facultades de administración política y administrativas, con esto se busca que, el derecho a la autonomía sea eficaz, vinculante y positivo, el consagrar este derecho dentro de la estructura administrativa de nuestro país abrirá nuevas fuentes para el desarrollo intelectual, económico, social, ambiental, espiritual y cultural.

Propuesta de articulado

ARTICULO xx LAS NACIONES ORIGINARIAS TIENEN EL DERECHO A DECIDIR SOBRE SU DESARROLLO COLECTIVO E INDIVIDUAL, DEFINIR SUS PRIORIDADES Y OBJETIVOS, EL ESTADO RECONOCE EL DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LA LIBRE DETERMINACIÓN SOBRE SOBRE SU PATRIMONIO ANCESTRAL Y LA FORMA DE ADMINISTRAR SUS RECURSOS NATURALES Y ECONÓMICOS.
EL DERECHO A LA AUTONOMÍA PERMITE DEFINIR LAS PRIORIDADES EN MATERIA DE SALUD, ECONOMÍA Y SEGURIDAD.

ARTICULO xx: UNA LEY ORGÁNICA REGULARÁ LOS MECANISMOS PARA QUE TODA COMUNIDAD, PUEBLO O NACIÓN ORIGINARIA PUEDA EJERCER EL DERECHO A LA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN DE MANERA ARMÓNICA CON LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

ARTICULO xx: LOS NACIONES ORIGINARIAS, EN EL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN, SI LO DESEAN PUEDEN ESTABLECER RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON PAÍSES EXTRANJEROS E INCLUSO AQUELLAS NACIONES QUE PREHISPANICAMENTE FUERON DIVIDIDAS POR LA CONFORMACIÓN DE LOS ESTADOS MODERNOS, TIENEN EL DERECHO A ORGANIZARSE CON LAS NACIONES ORIGINARIAS DE OTROS PAÍSES CON QUIENES COMPARTAN LA MISMA IDENTIDAD ORIGINARIA Y LEGADO ANCESTRAL.

ARTICULO xx LOS MODELOS DE JUSTICIA QUE ADOPTEN LOS DISTINTOS PUEBLOS O NACIONES ORIGINARIAS DEBERÁN SIEMPRE RESPETAR LOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE INSPIRAN A LOS DERECHOS HUMANOS DE TODA PERSONA, ES POR ELLO QUE, PUEDEN EJERCER MECANISMO DE SOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS QUE ELLOS CONSIDEREN PERTINENTES, ADEMÁS DE APLICAR PENAS, SIEMPRE VELANDO POR UN DEBIDO PROCESO CON LAS NORMAS PROCESALES QUE ESTOS DEFINAN.

Esta es una Propuesta de:

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Alan Marchant M.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01