5 - Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

INICIATIVA POPULAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE. PUEBLO QUECHUA

Iniciativa Nº 1.470

Tema: Derecho humano al agua y estatuto constitucional del agua

Actualizado 24/05/2022 05:48

Esta es una Propuesta de:

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Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Propuesta de articulado

Santiago, 01 de febrero de 2022

Para: Mesa Directiva de la Convención Constitucional
De: Gudelia Cautin Caquei
Presidenta de la Comunidad Indígena quechua de Mamiña

Lourdes Zuñiga
Vocera Comunidad Quechua de Pica

INICIATIVA POPULAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO AL AGUA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE.
PUEBLO QUECHUA

I. FUNDAMENTOS
De público conocimiento son los conflictos que se han venido desarrollando en torno al acceso al agua y la regulación del recurso hídrico en el país.
Con la dictación del Código de Aguas en 1981, se transgredieron diversas normas establecidas en relación a su regulación y uso, vulnerando así los derechos de miles de personas, sobre todo de indígenas.
Como indígenas, en calidad de dueños del agua basados en el derecho ancestral originario, nunca hemos sido considerados ni consultados sobre las decisiones que se estaban tomando en relación al recurso hídrico, por lo que consideramos sumamente necesario que se desarrolle una nueva gobernanza en torno al derecho al agua y los territorios, incluyendo la cosmovisión originaria de los pueblos indígenas que ayudará a mantener, preservar y respetar según sus propias tradiciones este vital recurso. Nuestras labores agrícolas se llevan a cabo mayoritariamente haciendo uso del riego por inundación de los territorios, lo que permite mantener y preservar en óptimas condiciones la tierra.
Desde hace cientos de años, los indígenas que hemos habitado el territorio nacional alejados de las grandes urbes, hemos sobrevivido en condiciones muy distintas a las del resto de la población. Muchos de nosotros nos hemos asentado en sectores altiplánicos y desérticos, y hemos desarrollado nuestras formas de vida con respeto y preocupación por el entorno, entendiendo la tierra y la naturaleza como parte de nuestras propias vidas basados en los conocimientos ancestrales heredados de generación en generación, los que nos han enseñado lo suficiente para poder tener seguridad respecto a la sustentabilidad de la regulación del recurso hídrico a nivel nacional, siempre y cuando se puedan desarrollar en conjunto planes adecuados que permitan evitar grandes afectaciones que pudieran producirse por los efectos del cambio climático o el alza de la temperatura de los territorios debido a ciertos cultivos, impidiendo que se genere el impacto catastrófico que se vaticina ante la actual falta de una regulación eficiente y equitativa.
Es por todo esto que vemos con preocupación la lógica mercantilista que rodea el derecho al agua y su consumo, alcanzando a afectar el recurso a nivel de napas y acuíferos que se encuentran absolutamente desprovistos de protección estatal. Es necesario que el Estado se preocupe por todos los ecosistemas que se desarrollan en el territorio nacional, mediante una adecuada investigación incluyendo la cosmovisión de los pueblos indígenas en todos los aspectos a regular.
Cabe señalar que el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/64/292, para incorporar el Derecho Humano al Agua, instancia en la que el Estado de Chile votó favorablemente. En este instrumento: “se reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
Es por ello que proponemos que el estándar de administración del agua debe ser el del derecho humano al agua de acuerdo a los instrumentos internacionales suscritos por Chile, lo que garantizara la preeminencia del uso mano y agrícola por sobre otros usos industriales y que no necesariamente aportan al ecosistema ni a la sustentabilidad de la vida humana y natural.
Paralelamente pretendemos que se reconozca el derecho de propiedad se extrae de las aguas indígenas y lo deberías de restitución de las mismas por parte del Estado a los pueblos originarios, haciendo además al agua un derecho inseparable del derecho a la Tierra. Tales derechos están reforzados por el reconocimiento de nuestra propia costumbre y de nuestro derecho propio referido al agua.
Asimismo se dispone que los proyectos de desalinización de agua ubicados en territorios indígenas de Van dedicadas 10% de su producción al consumo humano o agrícola indígena.
Sin perjuicio de lo anterior proponemos como Norma transitoria la restitución de las aguas expropiadas en el valle de Quisma, vertiente de Chintaguay
Matilla, en la I Región de Tarapacá, sufrió una grave usurpación, en donde sus alrededor de 600 habitantes dedicados principalmente a la agricultura, han dado una férrea lucha por la recuperación del agua que les pertenece. Esta localidad siempre tuvo acceso a fuentes naturales de agua que le permitieron a sus habitantes desarrollarse en armonía con la naturaleza. Lamentablemente en el año 1921, se procede la expropiación de las aguas ancestrales de la vertiente de Chintaguay, haciendo efectivo la ley del año 1912, sin indemnización alguna.
En la época, las autoridades decidieron desconocer la situación especial que les había sido reconocida en relación al recurso hídrico a modo de compensación por toda el agua de riesgo que les fue expropiada para poder abastecer de agua potable a la ciudad de Iquique. Este último hecho fue el que gatilló que se declararan de utilidad pública las aguas de la quebrada de Chintaguay, expropiándolas y dejando a la comunidad sin el recurso.
Así, ante la falta de indemnización monetaria a los agricultores y habitante afectados, se procedió años después a una compensación parcial, reconociéndoles en 1939 el derecho al abastecimiento gratuito de agua de riego, derecho que dio paso al establecimiento de una situación especial para el Consejo de Defensa Agrícola de Matilla (actual Asociación Gremial de Agricultores de Matilla) que les reconocía el derecho a un consumo de gracia establecido con tarifas preferenciales para cantidades mayores a 800 metros cúbicos de uso diario. A pesar de esto, en los años ´90 se desconocieron por parte de la nueva empresa de servicios de la zona, todos los acuerdos y derecho adquiridos. Porque faltó proponemos una norma transitoria para efecto de que el estado restituya las aguas de esta vertiente a Los herederos de los expropiados, todos de sangre indígena quechua.
POR TANTO,
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de la Convención Constitucional,

II. PROPUESTA
VENIMOS EN PRESENTAR LA SIGUIENTE:

INICIATIVA POPULAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS

Agregase la siguiente norma al texto de la Nueva Constitución:
“El agua es un derecho humano reconocido como tal en todo el territorio nacional, y su debida aplicación será en base a los estándares internacionales establecidos en torno al derecho al agua. Se debe priorizar el consumo humano, y regular el uso necesario para desarrollar las actividades agropecuarias de subsistencia, gestionando y garantizando adecuadamente la soberanía alimentaria de los pueblos originarios y su acceso incondicionado al agua.
Los pueblos originarios tendrán derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus aguas ancestrales, en razón de la propiedad tradicional o de algún otro tipo tradicional de ocupación y/o utilización, incluidos aquellos que hayan adquirido de cualquier otra forma.
Para los pueblos originarios, el agua es un recurso inseparable de la tierra, por lo que no se pueden ejercer estos derechos de manera independiente, siendo necesaria su aplicación y ejercicio en conjunto y armonía para la subsistencia de los sistemas naturales.
El Estado asegurará el reconocimiento y la protección jurídica de dichas aguas. Tal reconocimiento respetará debidamente las costumbres, tradiciones, y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate.
El Estado tiene el deber de determinar y restituir las aguas ancestrales a los pueblos originarios. Para esto, tendrá un plazo de 2 años contados desde la vigencia de la Nueva Constitución, para realizar todos los estudios antropológicos, históricos y de cualquier otra naturaleza que sean necesarios para la determinación de estos derechos, y otros 2 años para poder restituirlos plenamente.
Todo proyecto de desalinización de agua que se instale o que afecte territorios indígenas dentro del territorio nacional, deberá considerar al menos un 10% de su producción final para el consumo humano en sectores rurales. Se podrá entregar dicha producción directamente o por medio de alianzas con terceros.
Disposición Transitoria:
El Estado tendrá un plazo de 2 años contados desde la vigencia de la Nueva Constitución, para determinar la identidad de las personas y organizaciones indígenas, incluidas todas aquellas personas que detenten la calidad de herederos, a las cuales se les deberán restituir los caudales de agua expropiados en virtud de la Ley N° 2.643, del año 1912.
Asimismo, sólo con el consentimiento de tales personas podrá procederse a reemplazar los caudales de agua por un pago equivalente en dinero que corresponderá a las aguas expropiadas.
Sin perjuicio de lo anterior, el Estado deberá indemnizar a los afectados por todos los daños que hayan sufrido en virtud de dichas expropiaciones, desde una perspectiva pro indígena y aplicando criterios de justicia transgeneracional”.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01