4 - Derechos Fundamentales

RECONOCIMIENTO, RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIENES EN TERRITORIOS INDÍGENAS ANCESTRALES

Iniciativa Nº 1.538

Tema: Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales

Actualizado 24/05/2022 04:55

Problema a Solucionar:

La Comunidad Indígena Atacameña de La Banda se constituye en 2008 y en 2017 pide su reconocimiento territorial. Ingresó una reivindicación territorial por el Oasis de Calama el 10 de Noviembre de 2021, además de ingresar una denuncia por discriminación racial en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas.
La presente propuesta se origina desde las participaciones colectivas como Comunidad Indígena desde el 13 de Septiembre, 8 de noviembre, y con la participación de nuestros dirigentes en el trabajo desde la convocatoria realizada por el Constituyente que escaño reservado Atacameño Félix Galleguillos Aymani desde de Junio del 2021 junto a los demás tajnirecota de nuestra Lickana en generar una incidencia efectiva en éste inédito proceso constituyente.
La presente a los Convencionales que esta propuesta fue revisada y aprobada por el pleno de la Comunidad Indígena de La Banda el 20 de enero de 2022. La propuesta fue apoyada tanto por el Constituyente escaño reservado atacameño y el grupo de trabajo representado por Tajnirecota designados por comunidades y/o asociaciones indígena que conforman la Lickana, junto a sus consejos indígenas de cada sector.

Situación Ideal:

El problema radica en que la participación territorial de los pueblos indígenas o naciones preexistentes los criterios establecidos de densidad demográfica, vale decir mayor participación a mayor número de población, están sobre los criterios cronológicos de poblamiento ancestral. Por el contrario, creemos que, a mayor antigüedad o preexistencia de los pueblos indígenas, mayor capacidad gnoseológica de decisión sobre el territorio. Esto debería equilibrar la capacidad de participación que tienen los distintos pueblos indígenas del país en el desarrollo de los territorios ancestralmente ocupados.
Es sabido que el identitario conlleva la autoidentificación y el sentimiento de pertenencia a un territorio como espacio geográfico trascendente, pues el territorio así entendido contiene los aspectos factuales y simbólicos de las identidades de aquellas personas que allí habitan. Esto es real para todo ente antropológico. Pero esto es mucho más explícito en las prácticas sociales de las primeras naciones, de aquellos ancestros fundacionales que domesticaron el paisaje virgen, y cuyos hijos siguen morando allí hasta el día de hoy. Un ejemplo de ello es el pueblo indígena Atacameño o Lickanantay en el norte de Chile. Los atacameños, el Pueblo Nación Lickanantay, tiene una larga Historia de poblamiento continuado en su territorio, la Lickana, ubicado en el centro del Desierto de Atacama, el más seco del orbe. En nuestro pasado arcaico han incursionado en la sequedad prístina del desierto, creando los primeros senderos en el paraje virgen, mientras que asistían y colaboraban como pueblo al nacimiento de la agricultura durante el periodo Formativo (ca. 1200 AC- 500 DC), entre otros. Más importante aún, mantuvieron su unidad e identidad cultural frente a los primeros Estados expansivos en los Andes Centro Sur, como el Estado altiplánico de Tiwanaku (ca. 500-950 DC). También mantuvimos nuestra identidad cultural en la posterior constitución de los Reinos Aymaras en el área (ca. 950-1450 DC), e incluso, al establecimiento panregional del Estado Inca o Tawantinsuyu de habla quechua (ca. 1450-1532), antes de la llegada de la colonia europea (ca. 1532-1810 DC). Ciertamente esta identidad cultural ligada a este territorio se mantuvo frente a la Republica Boliviana (1825-1879 DC) y la actual Republica Chilena (1879- a la fecha). Utilizando, negociando y defendiendo esta área ancestral, en cada una de estas instancias, han permanecido como una unidad cultural en nuestra Lickana; vale decir, han mantenido su identidad cultural por más de 10.000 años en estos territorios, que -bajo la administración del Estado chileno- abarca la cuenca del Loa y la cuenca del Salar de Atacama. A diferencia de la llegada de otros pueblos indígenas que actualmente pueblan el norte de Chile y que tienen mayor participación política, como los Aymaras (arriban ca. 1000 DC) o lo quechuas (arriban ca. 1450 DC), los atacameños o lickanantai son realmente de aquellos primeros pueblos, poblamiento originario desde la llegada del Homo sapiens a estas áreas, que han permanecidos siempre unidos a su territorio. Ciertamente hay otros pueblos indígenas en el territorio chileno, junto con el pueblo Atacameño, que son también Primeras Naciones.
Desde la conformación del estado, quien tiene una deuda histórica con los pueblos y naciones indígenas en materia política, económica, social, cultural y formas de relacionarse con el entorno que no han sido consideradas en ninguna constitución del Estado, lo que trajo como consecuencia la carencia de políticas públicas especializadas en materia indígena. El centralismo del país genera relaciones de dependencia y subordinación económica, política y administrativa entre Santiago y el resto del territorio nacional, lo que dificulta a comunidades completas controlar, dar forma y otorgar sentido a su propio desarrollo. Sobre todo, porque a nivel local se despliega una política social que, en forma estandarizada, intenta responder genéricamente a realidades que son diversas. Dicho es el caso de la macrozona andina que, pese a su vasta riqueza biocultural, está compuesta por muchas de las comunas que están entre las más afectadas por la pobreza, el envejecimiento y el despoblamiento de todo el país. Esto, entraña múltiples desafíos que es necesario encarar por medio de la participación, la reflexión, la elaboración de propuestas y el empoderamiento de las comunidades. La ausencia de reglamentación en materia indígena y en economías locales ha desprotegido recursos y actividades, lo que sumado a la tendencia de un éxodo masivo de la población más joven hacia sectores urbanos y al cambio climático es que se ha generado un debilitamiento de las actividades tradicionales como la ganadería ancestral de llamas y alpacas. En efecto, las políticas y programas de fomento de esta actividad han sido débiles, a diferencia de los otros países andinos. Chile no cuenta con una institucionalidad pública fuerte que aborde la economía en sus múltiples aspectos: ecológico, cultural, productivo, espiritual, etc.
Así, el reconocimiento preservación y desarrollo de estos territorios denominados áreas ancestrales debiese igualar o hacer equivalente la participación pública y política, de estos pueblos denominados Primeras Naciones respecto de pueblos con mayor representación demográfica. Asegurando con ello una gobernanza territorial indígena en dichas áreas, para la preservación de su poblamiento original. Esta participación pública y política equivalente conlleva igualdad de escaños reservados con pueblos indígenas más numerosos, equilibrio entre densidad demográfica y antigüedad del poblamiento para las políticas presupuestarias, co-gobernanza vinculante, etc. Todo ello para asegurar la mantención de estas áreas ancestrales según la identidad cultural originaria que las ocupó.

Propuesta de articulado

ARTICULO XX1: La constitución reconoce el principio restaurador como parte esencial del buen vivir propio de la cultura e identidad propia de los pueblos y naciones indígenas como la base y fundamento de todas las formas de vida presentes en los territorios indígenas, todavía más en aquellos territorios ancestrales o habitados por primera vez. En estos territorios el estado garantiza promover, proteger y resguardar las diferentes formas de vida cohabitan en los territorios indígenas, permitiendo la conservación de los ecosistemas y el respeto de los derechos de la naturaleza reconocidos en esta Constitución como en tratados e instrumentos internacionales, en equivalencia homóloga con otras naciones indígenas más populosas.

Comisión sobre Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. (Artículo XX2, XX3, XX4 y Disposición Transitoria).

ARTICULO XX2: Los pueblos y naciones indígenas preexistentes tienen la titularidad colectiva de los bienes naturales existentes en sus tierras y territorios como parte de su identidad cultural y espiritual, que poseen en virtud de su propiedad ancestral sea por ocupación o utilización tradicional.
En ejercicio de este derecho, podrán conservar, resguardar, recuperar, administrar, usar, gozar y disponer directamente de dichos bienes comunes de acuerdo con el derecho propio, a fin de satisfacer sus propias necesidades e intereses, en armonía con los derechos de la naturaleza, sus ecosistemas y el buen vivir.

ARTICULO XX3: El estado no concederá autorización ni permitirá la ejecución de proyecto o actividad alguna sobre bienes naturales existentes en tierras y territorios indígenas, sin el consentimiento previo, libre, informado y buena fe de los pueblos naciones indígenas.
Con todo, tendrán derecho a ser compensados e íntegramente reparados de todo perjuicios social, cultural y ambiental que puedan sufrir como consecuencia, el cual debe ser previamente evaluado territorial, ambiental y socialmente por las autoridades autónomas locales con el fin de garantizar que el menor impacto posible, eliminando o mitigando las consecuencias ambientales nocivas.

ARTIUCLO XX4: El consentimiento otorgado deberá priorizar los derechos de la naturaleza y sus ecosistemas, garantizando la posibilidad de goce de los bienes naturales a las generaciones futuras. No podrá consentir la realización de actividad alguna sobre bienes comunes que de cualquier manera amenace la supervivencia cultural de los pueblos y naciones indígenas”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA XXX: “Las concesiones, permisos o autorizaciones recaídos sobre bienes naturales existentes en tierras y territorios indígenas, que hubieren sido otorgados por la autoridad pública sin mediar consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y naciones indígenas afectados, cualquiera sea la época de su otorgamiento o que no se hubiere desarrollado el proceso para alcanzar el consentimiento, quedarán sin efecto y deberán dichos bienes ser restituidos a sus titulares ancestrales, o compensados según el caso, conforme al mecanismo general de restitución territorial consagrado en esta Constitución, asimismo tendrán derecho a una indemnización justa y equitativa por los bienes comunes que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados, de conformidad a la ley, que deberá dictarse en consulta con los pueblos y naciones indígenas.