4 - Derechos Fundamentales

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PRIMERAS NACIONES: DERECHO AL TERRITORIO ANCESTRAL Y A LA RESTITUCIÓN TERRITORIAL, ENTRE OTROS.

Iniciativa Nº 1.562

Tema: Derechos de las Primeras Naciones, Pueblos y Comunidades Preexistentes

Actualizado 05/07/2022 01:38

Esta es una Propuesta de:

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Carla Santos S.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Problema a Solucionar:

Las comunidades autoconvocadas de Txaytxayko Mapu, junto al colectivo Trür y el concejal Alfredo Llafquen, se reunieron en sucesivos fillke Txawün “constituyentes” en la comuna de Nueva Imperial, dónde también se realizaron foros y exposiciones informativas respecto del trabajo de la Convención Constitucional, y específicamente, del proceso de presentación de “iniciativas constituyentes de pueblos originarios”, los días 12, 24, 28 y 31 de enero.

De estos encuentros se plantearía la necesidad de participar de este proceso y presentar iniciativas constituyentes en torno a demandas y problemáticas priorizadas entre los asistentes. También durante estos nütxam (conversaciones) se contaría con el apoyo y asesoramiento jurídico-constitucional de Claudia Quilaqueo (abogada) y Alexis Mathieu (egresado de Derecho).

Así, conjuntamente con la deliberación de los asistentes se elaborarán iniciativas que reflejarán las principales problemáticas que el pueblo-Nación Mapuche ha tenido con el Estado chileno.

Situación Ideal:

Se considera, a la autodeterminación como uno de los principales principios y derechos inalienables que ostentamos como nación preexistente, que debiese quedar plasmada en una nueva Constitución.

En segundo lugar, se menciona la problemática de pérdida del idioma, el mapuzugun, proponiendo que sea declarado como oficial, junto al resto de los idiomas ancestrales de las naciones y pueblos preexistentes, acompañada de una enseñanza desde la primera infancia hasta la educación superior, entre otras recomendaciones.

Por otro lado, se manifiesta la problemática de exclusión de las personas mapuche en las instituciones representativas del Estado y la participación en la gobernanza del mismo. Por eso que, junto con solicitar establecer escaños reservados en los organismos políticos e institucionales colegiados, también existe la necesidad de dotar a la administración pública de personal funcionario que pertenezca a la nación Mapuche.

Por otra parte, el Derecho al Territorio, la tierra, los espacios costeros-marinos, las aguas, los recursos naturales y bienes espirituales, y especialmente el derecho a la restitución territorial es uno de los temas que cobra mayor relevancia en el transcurso de la discusión, sumado a la importancia de recuperar la soberanía alimentaria y la economía mapuche, todo lo cual conlleva al buen vivir como directriz para habitar en la Mapu.

Para esto, es necesario que el Estado restituya el territorio a las comunidades. Esto último, incluye principalmente a la actual propiedad destinada a la plantación forestal de pino y eucalipto, que en base a los cuantiosos subsidios históricos entregados por el Estado, debe ser establecido un mecanismo de restitución especial sin compensación o indemnización.

Por último, se demanda unánimemente la libertad de todos y cada uno de los presos políticos mapuche.

Propuesta de articulado

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho al territorio, incluyendo los espacios costeros y marinos; a la propiedad comunitaria y colectiva de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y proyección de sus formas de vida individual y colectiva, considerando especialmente su relación espiritual con la naturaleza”.

ARTÍCULO xx:

“El territorio de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado corresponde a la totalidad del hábitat de las regiones o espacios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado, adquirido o recuperado de alguna manera y se encuentran en propiedad o posesión de las comunidades e integrantes de los pueblos originarios; y, las que han sido expoliadas, usurpadas, despojadas, expropiadas o cualquiera sea la situación o formas de tenencia de ellas en la actualidad”.

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la propiedad, posesión, al uso, goce o disfrute, disposición, recuperación o reivindicación, restitución, resarcimiento, compensación, control, administración y conservación del suelo, el subsuelo, las aguas superficiales y subterráneas, los recursos naturales y los bienes espirituales existentes en sus territorios”.

ARTÍCULO xx:

“El territorio, la tierra, las aguas superficiales y subterráneas, el patrimonio material e inmaterial cultural, lingüístico, arqueológico e histórico, las artes y la arquitectura de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado es inalienable, imprescriptible e inembargable”.

ARTÍCULO xx:

“Serán nulos de pleno derecho, los derechos de aprovechamiento de aguas concedidos en los territorios de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“El derecho a la propiedad estará limitado en función de la reparación y resarcimiento del territorio, maritorio, tierra, aguas, recursos naturales y bienes espirituales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.
Asimismo, la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, estará limitada por aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y biodiversidades, o, que pertenezcan o deban pertenecer a las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“Los descendientes de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes que, por circunstancias ajenas a su libre voluntad, se han visto despojados de los derechos sobre sus tierras y territorios históricos, las aguas superficiales y subterráneas, los recursos naturales y bienes espirituales, mantienen vigente el derecho de recuperarlas o reivindicarlas respecto de terceros a quienes se ha traspasado legalmente, y cuando ello no sea posible, a obtener otras tierras de igual extensión y calidad u otras medidas compensatorias que se determinen en conjunto con los pueblos originarios”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado será responsable de establecer todas las medidas, políticas, programas y mecanismos urgentes, oportunos, adecuados, necesarios, expeditos y consensuados para garantizar y materializar la efectiva restitución y resarcimiento de las tierras y territorios a las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado será responsable de la restitución y transferencia a título gratuito de los parques, reservas, monumentos naturales o áreas protegidas situadas en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado tienen derecho a controlar, recuperar, acceder, proteger y reivindicar los espacios sagrados o de significación cultural. El Estado, en conjunto con los pueblos originarios, deberá adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y eficacia de estos derechos”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado será responsable de establecer todas las medidas, políticas, programas y mecanismos que busquen transferir a título gratuito la propiedad y administración de las concesiones mineras, marítimas, las aguas superficiales y subterráneas, y los bosques nativos situados en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“En virtud del derecho a la reparación histórica y de la política de restitución territorial, en el ejercicio del derecho a la recuperación o reivindicación, bastará la posesión, ocupación o tenencia tradicional de la tierra, para que las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes que carezcan de un título legal sobre la propiedad de la tierra, obtengan el reconocimiento oficial de dicha propiedad y el consiguiente registro ante la autoridad competente”.

ARTÍCULO xx:

“En virtud de los subsidios históricos otorgados a la política de fomento forestal, del derecho a la reparación histórica, de la política de restitución territorial y del derecho a la reconstrucción de los ecosistemas dañados, el Estado será responsable de transferir la propiedad forestal hacia las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, la cual deberá realizarse a título gratuito y sin derecho a compensación o indemnización. La ley establecerá los requisitos, mecanismos, procedimientos y plazos que regulen esta transferencia especial”.

ARTÍCULO xx:

“Las prácticas de cultivo que dañan gravemente la calidad del suelo y del caudal hidrológico, tales como el monocultivo y la tala rasa, quedan explícitamente prohibidas por medio de la presente Constitución”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado será responsable de financiar el saneamiento de las tierras erosionadas por la industria forestal”
.
ARTÍCULO xx:

“El Estado reconoce, respeta, protege y garantiza los derechos precedentes y la especial relación de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes con sus tierras, territorios y espacios sagrados, que constituyen la base espiritual y material de su identidad individual y colectiva, la condición para la reproducción de su cultura, desarrollo y plan de vida, y la garantía del derecho colectivo a la supervivencia como pueblos”.

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a la participación política. En este ámbito, se establecerán escaños reservados en todas las instituciones y organismos de integración colegiada, sean o no de elección popular. Se establecerá una representación que sea proporcional a la relación entre la población de los pueblos originarios y la población total del Estado, por tanto, se fijará un número mayor de escaños reservados en las instituciones dónde exista una mayor población perteneciente a los pueblos originarios”.

ARTÍCULO xx:

“El Congreso Plurinacional será unicameral y estará integrado por escaños reservados supernumerarios para las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y de ciudadanías en el exterior.
En virtud del principio de plurinacionalidad y del derecho a la reparación histórica, será necesario que el legislador fije una representación que sea proporcional a la relación entre la población de los pueblos originarios y la población total del Estado, y al menos asegurar la representación de todas y cada una de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.
Los escaños reservados se elegirán dentro de un distrito único por pueblo originario para todo el Estado, de acuerdo a lo que establezca la ley.”

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la gobernanza política-administrativa sobre su territorio ancestral en el marco de su autonomía y el ejercicio del autogobierno.
Asimismo, tienen derecho a participar en la gobernanza e instituciones del Estado, organismos autónomos, o, en aquellas empresas de propiedad o con participación del Estado. En este ámbito, se establecerán cupos en la planta funcionaria que fijarán al menos una representación que sea proporcional a la relación entre la población de las primeras naciones y pueblos preexistentes respecto de la población total del Estado.
Para el caso de aquellas instituciones, organismos públicos y autónomos, empresas de propiedad o con participación del Estado situadas en territorios dónde exista una mayoría de población de los pueblos originarios, la planta funcionaria deberá estar integrada, al menos por el cincuenta por ciento de los miembros de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a convocar plebiscitos y referendos que incluyan a todas las ciudadanías del Estado, en el ejercicio de este derecho podrán solicitar la implementación de plebiscitos nacionales, reuniendo patrocinios que representen al menos el 1% del padrón electoral indígena; de plebiscitos regionales, comunales y locales, reuniendo patrocinios que representen al menos el 0,5% del padrón electoral indígena”.

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:

“El Congreso Plurinacional del Estado de Chile, dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, tramitará una ley que fije el número y procedimiento para la elección de los escaños reservados establecidos por esta Constitución. Vencido este plazo, sin evacuar un resultado positivo, se fijará provisoriamente al menos el 10% de representación para la nación mapuche, además de un(a) representante por cada una de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:

“El órgano electoral, dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá convocar un proceso eleccionario para elegir a los escaños reservados supernumerarios de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y de ciudadanía en el exterior, con el objeto de integrar todos los organismos colegiados de elección popular”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado plurinacional de Chile es plurilingüe. Son idiomas oficiales, los idiomas de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y el castellano.

Ninguna persona o grupo podrá ser discriminado por razones lingüísticas en áreas como el trabajo, la seguridad social, la salud, la vida familiar, la educación, la vida cultural y la libertad de expresión.

El Estado garantizará el conocimiento, valoración y respeto de todos los idiomas de los pueblos indígenas y tribales, establecerá su enseñanza en todos los niveles del sistema educativo, público y privado, intercultural y plurilingüe, garantizando su tránsito progresivo al desmantelamiento del currículum monocultural, homogeneizante y asimilatorio.

Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a establecer sus propios sistemas de educación plurilingüe en el marco de sus autonomías territoriales.

El Estado reconoce los idiomas de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes como patrimonio inmaterial de los pueblos y garantiza su visibilización, difusión, educación, revitalización y preservación. Para asegurar su visibilización y difusión, la ley establecerá su uso por medios masivos de comunicación u otros medios de propaganda.

Las personas, naciones, pueblos y comunidades tienen el derecho individual y colectivo a aprender, adquirir y comunicarse en su respectivo idioma, sin restricciones, en todo espacio público o privado, físico o digital, en forma oral y/o escrita, en todo tipo de actividades sociales, económicas, políticas, culturales, en procedimientos judiciales o administrativos, y cualquiera otras.

Asimismo, tienen el derecho a conservar y proteger los nombres de personas, lugares y el significado de los espacios y territorios en sus idiomas ancestrales, y, en general, los nombres propios en esos idiomas.

La protección de los idiomas ancestrales incluye la protección de los conocimientos tradicionales y saberes de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes. Los nombres de lugares, de personas y otros derivados en sus idiomas no podrán ser patentados por entidades o personas privadas, sin consentimiento de las comunidades. En caso que se decida por su patentación, los recursos se destinarán al beneficio exclusivo del Instituto Superior y Plurinacional de Idiomas Originarios, o bien, de otras academias, entidades o establecimientos educativos propios, que tengan por objeto el conocimiento, promoción y valoración de los idiomas de los pueblos originarios.

La ley creará un Instituto Superior y Plurinacional de Idiomas Originarios, integrado por las personas de primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, que tendrá por función el desarrollo social, cultural y lingüístico de los idiomas ancestrales en el marco de una sociedad plurilingüe”.

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:

“El Congreso Plurinacional del Estado de Chile, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, tramitará una ley de indulto general a los presos políticos mapuche, y en determinados casos particulares promoverá medidas que sean distintas del encarcelamiento”.

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Carla Santos S.

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2 Feb2 de febrero2022-02-02