5 - Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

Derecho al Consentimiento previo, libre e informado en materia de territorio de los Pueblos y Naciones pre existentes

Iniciativa Nº 1.618

Tema: Estatuto constitucional de la tierra y el territorio

Actualizado 24/05/2022 04:40

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Teresa Olivares C.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Problema a Solucionar:

En el territorio Diaguita se emplazan grandes proyectos extractivistas mineros a los cuales les han sido concedidas autorizaciones del estado sin antes consultar a las comunidades Diaguita si consienten o no consienten estos proyectos altamente devastadores de la naturaleza y las comunidades. La ausencia del derecho al consentimiento se debe a que no está actualmente reconocido a nivel constitucional ni el la ley indígena 19.253, a pesar de que si está reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 32.2 que establece que los estados deben obtener el consentimiento indígena “antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras”. Así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo Artículo 32.2 de la DNUDPI y aplicando en sus consideraciones los principios de ese instrumento, declaró el derecho de pueblos originarios, preexistentes y tribales a: “otorgar o abstenerse de otorgar su Consentimiento previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que puedan afectar su territorio”. En Chile este derecho no se aplica, por tanto, es fundamental que quede garantizado en la Nueva Constitución, lo que permitirá la existencia y permanencia de los pueblos en el tiempo y en su territorio, siendo este el sustrato esencial de su cultura

Situación Ideal:

Que se garantice a nivel constitucional el derecho de los Pueblos y Naciones Pre existentes al Consentimiento previo, libre e informado en materia de territorio.

Propuesta de articulado

Artículo 1. Derecho al consentimiento previo, libre e informado. Ante cualquier tipo de actuación, pública o privada, que pudiera tener un impacto significativo en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, limitar sus derechos de tierras, bienes, recursos o territorios, o poner en riesgo la supervivencia de los pueblos y naciones preexistentes, las autoridades deberán contar con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afectados. Cualquier medida administrativa o legislativa adoptada en contravención a este artículo será nula.

Se entenderá que puede existir un impacto significativo cuando este amenace el uso y goce del territorio indígena, su integridad, o los derechos de propiedad que sobre él tienen sus miembros, o niegue la capacidad a estos de sobrevivir como tales.

El derecho al consentimiento previo, libre e informado se funda en la preservación del territorio histórico para la supervivencia de los pueblos indígenas, en la solidaridad entre los pueblos y en la equidad intergeneracional.

La obtención del consentimiento previo, libre e informado será al menos obligatoria en los siguientes casos:

Toda obra o actividad, pública o privada, que vulnere la supervivencia cultural, económica, social o física de los pueblos indígenas o tribales, o que les impiden vivir de manera tradicional.

Todo proyecto de desarrollo o inversión en el territorio indígena que requiera evaluación de impacto ambiental.

Proyectos que representen riesgos ambientales, sociales, de salubridad u otros; o que interfieran con actividades económicas con significado cultural; o que afecten el uso, goce, existencia o valor de territorios indígenas no demarcados o titulados.

La disposición o almacenamiento de materias tóxicas o peligrosas en territorios indígenas.

La explotación de bienes naturales que prive a los pueblos de la capacidad de usar y gozar de sus tierras y de otros bienes y recursos naturales necesarios para su subsistencia.

El traslado, desplazamiento o reubicación de pueblos.


Artículo 2: Toda autorización de un proyecto de inversión, pública o privada, realizado en tierras o territorios indígenas, o en espacios de relevancia cultural indígena, en cuyo otorgamiento no hubiesen consentido los pueblos indígenas afectados en los términos establecidos en el artículo anterior, quedarán sin efecto, debiendo el Estado tomar las medidas para restablecer los derechos conculcados a los pueblos afectados.

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Teresa Olivares C.

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