1 - Sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral

NEWEN SISTEMA POLÍTICO

Iniciativa Nº 1.654

Tema: Otro

Actualizado 24/05/2022 05:53

Esta es una Propuesta de:

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Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. INICIATIVA_COMUNIDADES_INDA_GENA_(SP).pdf 2.8 mb

Problema a Solucionar:

En el marco de un momento histórico políticos de permanentes, constantes y diversas tensiones,
como comunidades indígenas presentamos esta propuesta de articulado, que hace carne algunas
nuestras principales demandas y necesidades, en busca del buen vivir y la dignidad de nuestros
pueblos, dentro del proceso de una Nueva Constitución que busca darse nuestro país, y que vive
semanas fundamentales para su éxito o fracaso.
Históricamente los pueblos indígenas hemos sido discriminados, por nuestro color de piel, nuestro
origen, nuestras costumbres y ritos propios, entre tantas otras injustas razones, como una serie de
prejuicios que pesan sobre nosotros. Es por esto mismo, que rechazamos y rechazaremos
enérgicamente todo tipo de discriminación arbitraria, es decir, que no sea fundada en criterios
válidos que entreguen la lógica, la razón y los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Nadie
puede tener privilegios especiales si no tiene algún motivo que lo justifique, así como también
nadie puede ser menoscabado en sus derechos o en su trato sin razón.
Necesitamos avanzar en una Constitución que consagre a Chile como un país intercultural, y que
se promueva la conversación horizontal de las diversas culturas que lo componen. Sin embargo,
lo anterior no puede limitarse solo a ello, sino que se deben dar los espacios para que los diversos
pueblos podamos influir en las tomas de decisiones, y es por ello que entre otras cosas
pretendemos consagrar que, de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador,
los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad a la ley no podrán ser inferiores
al 10%.
Es un imperativo para los pueblos que se proteja nuestro Medioambiente, madre tierra de la cual
somos inter eco-dependientes, por lo que también consagramos el deber del Estado de respetarlo,
y de toda persona de cuidarlo, consagrando especialmente el respeto a los territorios de los
pueblos indígenas, ricos en variedad ecosistémica.

Situación Ideal:

Mayor participación política de Pueblos Originarios

Propuesta de articulado

Artículo 1.- El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la
República, quien es el Jefe del Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la
conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo
con la Constitución y las leyes.
El 1 de junio de cada año, el Presidente de la República dará cuenta al país del estado
administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno.
Artículo 2.- Para ser elegido Presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena;
tener cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser
ciudadano con derecho a sufragio. El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus
funciones por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente. El
Presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de treinta días ni a contar
del día señalado en el inciso primero del artículo siguiente, sin acuerdo del Senado. En todo caso,
el Presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de
ausentarse del territorio y los motivos que la justifican.
Artículo 3.- El Presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta
de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de
parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, el tercer
domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en
funciones.
Si a la elección de Presidente de la República se presentaren más de dos candidatos y ninguno de
ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda
votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías
relativas y en ella resultará electo aquél de los candidatos que obtenga el mayor número de
sufragios. Esta nueva votación se verificará, en la forma que determine la ley, el cuarto domingo
después de efectuada la primera.
Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se
considerarán como no emitidos.
En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el Presidente
de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de diez días, contado desde la
fecha del deceso. La elección se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día
correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente
siguiente.
Artículo 4.- El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro
de los quince días siguientes tratándose de la primera votación o dentro de los treinta días
siguientes tratándose de la segunda votación.
El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Presidente del Senado la
proclamación de Presidente electo que haya efectuado.
El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el Presidente
en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de
la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al Presidente electo.
En este mismo acto, el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o
promesa de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la
independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato
asumirá sus funciones.
Artículo 5.- Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá,
mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el Presidente del Senado; a falta
de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éste, el Presidente de la Corte
Suprema.
Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente,
el Vicepresidente, en los diez días siguientes al acuerdo del Senado, convocará a una nueva
elección presidencial que se celebrará noventa días después de la convocatoria si ese día
correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente
siguiente. El Presidente de la República así elegido asumirá sus funciones en la oportunidad que
señale esa ley, y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar
en el cargo al electo que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección.
Artículo 6.- Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave
motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, le subrogará, con el título de
Vicepresidente de la República, el Ministro titular a quien corresponda de acuerdo con el orden
de precedencia legal. A falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en
ese orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente el Presidente del
Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Presidente de la Corte Suprema.
En caso de vacancia del cargo de Presidente de la República, se producirá la subrogación como
en las situaciones del inciso anterior, y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas
de los incisos siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando menos de dos años para la próxima elección presidencial, el
Presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los senadores y
diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los diez días siguientes
a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los treinta días siguientes.
Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección presidencial, el
Vicepresidente, dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a
elección presidencial para ciento veinte días después de la convocatoria, si ese día correspondiere
a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El Presidente
que resulte elegido asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación.
El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes durará en el cargo hasta
completar el período que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la
elección presidencial siguiente.
Artículo 7.- El Presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su período y le
sucederá el recientemente elegido.
El que haya desempeñado este cargo por el período completo, asumirá, inmediatamente y de pleno
derecho, la dignidad oficial de Ex Presidente de la República. En virtud de esta calidad, le serán
aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 42 y el artículo
43. No la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de Presidente de la República por
vacancia del mismo ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra.
El Ex Presidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos,
dejará, en tanto la desempeñe, de percibir la dieta, manteniendo, en todo caso, el fuero. Se
exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza
superior, media y especial.
Artículo 8.- El Presidente designado por el Congreso Pleno o, en su caso, el Vicepresidente de la
República tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al Presidente de la
República.
Artículo 9.- Son atribuciones especiales del Presidente de la República:
1º.- Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y
promulgarlas;
2º.- Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso
Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible;
3º.- Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las
materias que señala la Constitución;
4º.- Convocar a plebiscito en los casos que corresponda.
5º.- Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en
esta Constitución;
6º.- Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del
dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e
instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes;
7º.- Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, delegados
presidenciales regionales y delegados presidenciales provinciales;
8º.- Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante
organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el N° 7° precedente,
serán de la confianza exclusiva del Presidente de la República y se mantendrán en sus puestos
mientras cuenten con ella;
9º.- Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;
10º.- Nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva
confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás
funcionarios se hará de acuerdo a las disposiciones que ésta determine;
11º.- Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia, con arreglo a las leyes;
12º.- Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces
letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a
los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y
fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional, a proposición de dicha Corte y con
acuerdo del Senado, todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución;
13º.- Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y
requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento,
o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para
que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación;
14º.- Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será
improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los
funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado, sólo pueden ser
indultados por el Congreso;
15º.- Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos
internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que
estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del
Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 34 N°1. Las discusiones y deliberaciones sobre
estos objetos serán secretos si el Presidente de la República así lo exigiere;
16º.- Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza
Aérea y al General Director de Carabineros, y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de
los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
17º.- Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con
las necesidades de la seguridad nacional;
18º.- Asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas;
19º.- Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído
al Consejo de Seguridad Nacional, y
20º.- Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la
ley. El Presidente de la República, con la firma de todos los Ministros de Estado, podrá decretar
pagos no autorizados por ley, para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades
públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad
nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan
paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no
podrá exceder anualmente del dos por ciento (2%) del monto de los gastos que autorice la Ley de
Presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem
respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Los Ministros de Estado o
funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en este número
serán responsables solidaria y personalmente de su reintegro, y culpables del delito de
malversación de caudales públicos.
Artículo 10.- Los Ministros de Estado son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente
de la República en el gobierno y administración del Estado.
La ley determinará el número y organización de los Ministerios, como también el orden de
precedencia de los Ministros titulares.
El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la
labor que corresponde a los Secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso
Nacional.
Artículo 11.- Para ser nombrado Ministro se requiere ser chileno, tener cumplidos veintiún años
de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública.
En los casos de ausencia, impedimento o renuncia de un Ministro, o cuando por otra causa se
produzca la vacancia del cargo, será reemplazado en la forma que establezca la ley.
Artículo 12.- Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el
Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito.
Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma del Ministro respectivo, por orden
del Presidente de la República, en conformidad a las normas que al efecto establezca la ley.
Artículo 13.- Los Ministros serán responsables individualmente de los actos que firmaren y
solidariamente de los que suscribieren o acordaren con los otros Ministros.
Artículo 14.- Los Ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la
Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso
de la palabra, pero sin derecho a voto. Durante la votación podrán, sin embargo, rectificar los
conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.
Sin perjuicio de lo anterior, los Ministros deberán concurrir personalmente a las sesiones
especiales que la Cámara de Diputados o el Senado convoquen para informarse sobre asuntos
que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado,
acuerden tratar.
Artículo 15.- A los Ministros les serán aplicables las incompatibilidades establecidas en el inciso
primero del artículo 39. Por el solo hecho de aceptar el nombramiento, el Ministro cesará en el
cargo, empleo, función o comisión incompatible que desempeñe.
Durante el ejercicio de su cargo, los Ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o
caucionar contratos con el Estado, actuar como abogados o mandatarios en cualquier clase de
juicio o como procurador o agente en gestiones particulares de carácter administrativo, ser
director de bancos o de alguna sociedad anónima y ejercer cargos de similar importancia en estas
actividades.
Artículo 16.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la
Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y
profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella
como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.
Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus
organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño.
Artículo 17.- Las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados,
de los gobernadores regionales, de los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado
que señalan los números 7 y 9 del artículo 9 y de los contratados sobre la base de honorarios que
asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, serán fijadas, cada cuatro años
y con a lo menos dieciocho meses de anticipación al término de un período presidencial, por una
comisión cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley
orgánica constitucional.
La comisión estará integrada por las siguientes personas:
a) Un ex Ministro de Hacienda.
b) Un ex Consejero del Banco Central.
c) Un ex Contralor o Subcontralor de la Contraloría General de la República.
d) Un ex Presidente de una de las ramas que integran el Congreso Nacional.
e) Un ex Director Nacional del Servicio Civil.
Sus integrantes serán designados por el Presidente de la República con el acuerdo de los dos
tercios de los senadores en ejercicio.
Los acuerdos de la comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán
establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del
cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones.
Artículo 18.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las
personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o
interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el
normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.
Artículo 19.- El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de
guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el Presidente de la República, con acuerdo
del Congreso Nacional. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de
excepción correspondiente.
El Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco días contado desde la fecha en que el Presidente
de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá
pronunciarse aceptando o rechazando la proposición, sin que pueda introducirle modificaciones.
Si el Congreso no se pronunciara dentro de dicho plazo, se entenderá que aprueba la proposición
del Presidente.
Sin embargo, el Presidente de la República podrá aplicar el estado de asamblea o de sitio de
inmediato mientras el Congreso se pronuncia sobre la declaración, pero en este último estado sólo
podrá restringir el ejercicio del derecho de reunión. Las medidas que adopte el Presidente de la
República en tanto no se reúna el Congreso Nacional, podrán ser objeto de revisión por los
tribunales de justicia, sin que sea aplicable, entre tanto, lo dispuesto en el artículo 24.
La declaración de estado de sitio sólo podrá hacerse por un plazo de quince días, sin perjuicio de
que el Presidente de la República solicite su prórroga. El estado de asamblea mantendrá su
vigencia por el tiempo que se extienda la situación de guerra exterior, salvo que el Presidente de
ela República disponga su suspensión con anterioridad.
Artículo 20.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de
la República, determinando la zona afectada por la misma.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas
adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la
declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran
cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado
de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido
acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata
del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la
dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.
Artículo 21.- El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave
daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las
zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más
de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual

período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del
Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo
del artículo 19.
Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata
del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la
dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas
adoptadas en virtud del estado de emergencia.
Artículo 22.- Por la declaración del estado de asamblea, el Presidente de la República queda
facultado para suspender o restringir la libertad personal, el derecho de reunión y la libertad de
trabajo. Podrá, también, restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o
registrar documentos y toda clase de comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y
establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de
locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y
que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además,
suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión.
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las
libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes,
establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas
extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de
la normalidad en la zona afectada.
Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las
libertades de locomoción y de reunión.
Artículo 23.- Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su
declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo
aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la
normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos
constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.
Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna
circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos.
Artículo 24.- Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias
de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 18. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos
constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de
los recursos que corresponda.
Las requisiciones que se practiquen darán lugar a indemnizaciones en conformidad a la ley.
También darán derecho a indemnización las limitaciones que se impongan al derecho de
propiedad cuando importen privación de alguno de sus atributos o facultades esenciales y con ello
se cause daño.
Artículo 25.- El Congreso Nacional se compone de dos ramas: la Cámara de Diputados y el
Senado. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad a esta Constitución y tienen
las demás atribuciones que ella establece. A todas las personas, incluyendo las indígenas, se les
asegura el derecho a participar en la elección de representación popular para integrar el Congreso
Nacional.
Artículo 26.- La Cámara de Diputados está integrada por miembros elegidos en votación directa
por distritos electorales. La ley orgánica constitucional respectiva determinará el número de
diputados, los distritos electorales y la forma de su elección.
La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada cuatro años.
Artículo 27.- Para ser elegido diputado se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener
cumplidos veintiún años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente, y tener
residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente durante un plazo no
inferior a dos años, contado hacia atrás desde el día de la elección.
Artículo 28.- El Senado se compone de miembros elegidos en votación directa por
circunscripciones senatoriales, en consideración a las regiones del país, cada una de las cuales
constituirá, a lo menos, una circunscripción. La ley orgánica constitucional respectiva determinará
el número de Senadores, las circunscripciones senatoriales y la forma de su elección.
Los senadores durarán ocho años en su cargo y se renovarán alternadamente cada cuatro años,
en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva.
Artículo 29.- De la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador, declaradas
por los partidos políticos, hayan o no pactado, los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas
en conformidad a la ley no podrán ser inferiores al 10%. Este porcentaje será obligatorio y se
calculará con independencia de la forma de nominación de las candidaturas. La infracción de lo
señalado precedentemente acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a diputados
o a senadores, según corresponda, del partido que no haya cumplido con este requisito.
Artículo 30.- Para ser elegido senador se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber
cursado la enseñanza media o equivalente y tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día
de la elección.
Artículo 31.- Se entenderá que los diputados tienen, por el solo ministerio de la ley, su residencia
en la región correspondiente, mientras se encuentren en ejercicio de su cargo.
Las elecciones de diputados y de senadores se efectuarán conjuntamente.
Los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; los
senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período. Para estos efectos
se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han
cumplido más de la mitad de su mandato.
Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido
político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido. Los
parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.
Los parlamentarios elegidos como independientes que hubieren postulado integrando lista en
conjunto con uno o más partidos políticos, serán reemplazados por el ciudadano que señale el
partido indicado por el respectivo parlamentario al momento de presentar su declaración de
candidatura.
El reemplazante deberá reunir los requisitos para ser elegido diputado o senador, según el caso.
Con todo, un diputado podrá ser nominado para ocupar el puesto de un senador, debiendo
aplicarse, en ese caso, las normas de los incisos anteriores para llenar la vacante que deja el
diputado, quien al asumir su nuevo cargo cesará en el que ejercía.
El nuevo diputado o senador ejercerá sus funciones por el término que faltaba a quien originó la
vacante. En ningún caso procederán elecciones complementarias.
Artículo 32.- Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:
1) Fiscalizar los actos del Gobierno. Para ejercer esta atribución la Cámara puede:
a) Adoptar acuerdos o sugerir observaciones, con el voto de la mayoría de los diputados
presentes, los que se transmitirán por escrito al Presidente de la República, quien deberá
dar respuesta fundada por medio del Ministro de Estado que corresponda, dentro de
treinta días.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio de los
miembros presentes de la Cámara, podrá solicitar determinados antecedentes al Gobierno.
El Presidente de la República contestará fundadamente por intermedio del Ministro de
Estado que corresponda, dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior.
En ningún caso los acuerdos, observaciones o solicitudes de antecedentes afectarán la
responsabilidad política de los Ministros de Estado;
b) Citar a un Ministro de Estado, a petición de a lo menos un tercio de los diputados en
ejercicio, a fin de formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio
de su cargo. Con todo, un mismo Ministro no podrá ser citado para este efecto más de tres
veces dentro de un año calendario, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de los
diputados en ejercicio.
La asistencia del Ministro será obligatoria y deberá responder a las preguntas y consultas
que motiven su citación, y
c) Crear comisiones especiales investigadoras a petición de a lo menos dos quintos de los
diputados en ejercicio, con el objeto de reunir informaciones relativas a determinados
actos del Gobierno.
Las comisiones investigadoras, a petición de un tercio de sus miembros, podrán
despachar citaciones y solicitar antecedentes. Los Ministros de Estado, los demás
funcionarios de la Administración y el personal de las empresas del Estado o de aquéllas
en que éste tenga participación mayoritaria, que sean citados por estas comisiones, estarán
obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les
soliciten.
No obstante, los Ministros de Estado no podrán ser citados más de tres veces a una misma
comisión investigadora, sin previo acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.
La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regulará el funcionamiento y las
atribuciones de las comisiones investigadoras y la forma de proteger los derechos de las
personas citadas o mencionadas en ellas.
2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus
miembros formulen en contra de las siguientes personas:
a) Del Presidente de la República, por actos de su administración que hayan
comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente
la Constitución o las leyes. Esta acusación podrá interponerse mientras el Presidente esté
en funciones y en los seis meses siguientes a su expiración en el cargo. Durante este
último tiempo no podrá ausentarse de la República sin acuerdo de la Cámara;
b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la
seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin
ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y
soborno;
c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de
la República, por notable abandono de sus deberes;
d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la
Defensa Nacional, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la
Nación, y
e) De los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y
de la autoridad que ejerza el Gobierno en los territorios especiales y por los delitos de
traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión.
La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.
Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté
en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación,
el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso
alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.
Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un
gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.
En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará
suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la
acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare
dentro de los treinta días siguientes.
Artículo 33.- Son atribuciones exclusivas del Senado:
1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo
anterior.
El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del
delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.
La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en
ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República o de un
gobernador regional, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.
Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá
desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.
El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal
competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer
efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares;
2) Decidir si ha o no lugar la admisión de las acciones judiciales que cualquier persona pretenda
iniciar en contra de algún Ministro de Estado, con motivo de los perjuicios que pueda haber
sufrido injustamente por acto de éste en el desempeño de su cargo;
3) Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o
administrativas y los tribunales superiores de justicia;
4) Otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en conformidad a lo dispuesto por esta
Constitución.
5) Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en
que la Constitución o la ley lo requieran.
Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el
Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento;
6) Otorgar su acuerdo para que el Presidente de la República pueda ausentarse del país por más
de treinta días o a contar del día señalado en el inciso primero del artículo 3
7) Declarar la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente electo cuando un
impedimento físico o mental lo inhabilite para el ejercicio de sus funciones; y declarar asimismo,
cuando el Presidente de la República haga dimisión de su cargo, si los motivos que la originan
son o no fundados y, en consecuencia, admitirla o desecharla. En ambos casos deberá oír
previamente al Tribunal Constitucional;
8) Aprobar, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la declaración del Tribunal
Constitucional.
9) Aprobar, en sesión especialmente convocada al efecto y con el voto conforme de los dos
tercios de los senadores en ejercicio, la designación de los ministros y fiscales judiciales de la
Corte Suprema y del Fiscal Nacional, y
10) Dar su dictamen al Presidente de la República en los casos en que éste lo solicite.
El Senado, sus comisiones y sus demás órganos, incluidos los comités parlamentarios si los
hubiere, no podrán fiscalizar los actos del Gobierno ni de las entidades que de él dependan, ni
adoptar acuerdos que impliquen fiscalización.
Artículo 34.- Son atribuciones del Congreso:
1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la
República antes de su ratificación. La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los
quórum que corresponda, en conformidad al artículo 47, y se someterá, en lo pertinente, a los
trámites de una ley.
El Presidente de la República informará al Congreso sobre el contenido y el alcance del tratado,
así como de las reservas que pretenda confirmar o formularle.
El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un
tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de
conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional.
Las medidas que el Presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el
cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Congreso, a menos
que se trate de materias propias de ley. No requerirán de aprobación del Congreso los tratados
celebrados por el Presidente de la República en el ejercicio de su potestad reglamentaria.
Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales de derecho
internacional.
Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un tratado o
retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso, en el caso de
tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el retiro produzca sus
efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional, éste dejará de tener efecto en
el orden jurídico chileno.
En el caso de la denuncia o el retiro de un tratado que fue aprobado por el Congreso, el
Presidente de la República deberá informar de ello a éste dentro de los quince días de efectuada
la denuncia o el retiro.
El retiro de una reserva que haya formulado el Presidente de la República y que tuvo en
consideración el Congreso Nacional al momento de aprobar un tratado, requerirá previo acuerdo
de éste, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica constitucional respectiva. El Congreso
Nacional deberá pronunciarse dentro del plazo de treinta días contados desde la recepción del
oficio en que se solicita el acuerdo pertinente. Si no se pronunciare dentro de este término, se
tendrá por aprobado el retiro de la reserva.
De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a hechos que digan
relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la formulación y retiro de
reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia del
tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo.
En el mismo acuerdo aprobatorio de un tratado podrá el Congreso autorizar al Presidente de la
República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte las disposiciones con fuerza de ley que
estime necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal caso aplicable lo dispuesto en los
incisos segundo y siguientes del artículo 45, y
2) Pronunciarse, cuando corresponda, respecto de los estados de excepción constitucional, en
la forma prescrita por el inciso segundo del artículo 19.
Artículo 35.- El Congreso Nacional se instalará e iniciará su período de sesiones en la forma que
determine su ley orgánica constitucional.
En todo caso, se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración
de estados de excepción constitucional.
La ley orgánica constitucional señalada en el inciso primero, regulará la tramitación de las
acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme lo señalado en el artículo
55 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley.
Artículo 36.- La Cámara de Diputados y el Senado no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos
sin la concurrencia de la tercera parte de sus miembros en ejercicio.
Cada una de las Cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple
mayoría.
Artículo 37.- Durante el mes de julio de cada año, el Presidente del Senado y el Presidente de la
Cámara de Diputados darán cuenta pública al país, en sesión del Congreso Pleno, de las
actividades realizadas por las Corporaciones que presiden.
El Reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de
cumplir esta obligación.
Artículo 38.- No pueden ser candidatos a diputados ni a senadores:
1) Los Ministros de Estado;
2) Los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados
presidenciales provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los
subsecretarios;
3) Los miembros del Consejo del Banco Central;
4) Los magistrados de los tribunales superiores de justicia y los jueces de letras;
5) Los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los
tribunales electorales regionales;
6) El Contralor General de la República;
7) Las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal;
8) Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren
o caucionen contratos con el Estado;
9) El Fiscal Nacional, los fiscales regionales y los fiscales adjuntos del Ministerio Público, y
10) Los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, el General
Director de Carabineros, el Director General de la Policía de Investigaciones y los oficiales
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieren tenido las
calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior a la elección;
excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7) y 8), las que no deberán reunir
esas condiciones al momento de inscribir su candidatura y de las indicadas en el número 9),
respecto de las cuales el plazo de la inhabilidad será de los dos años inmediatamente anteriores a
la elección. Si no fueren elegidos en una elección no podrán volver al mismo cargo ni ser
designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral.
Artículo 39.- Los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí y con todo empleo
o comisión retribuidos con fondos del Fisco, de las municipalidades, de las entidades fiscales
autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado o en las que el Fisco tenga intervención por
aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza. Se exceptúan los
empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter de la enseñanza superior, media
y especial.
Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores
o consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en
las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.
Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o
senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe.
Artículo 40.- Ningún diputado o senador, desde el momento de su proclamación por el Tribunal
Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los
referidos en el artículo anterior.
Esta disposición no rige en caso de guerra exterior; ni se aplica a los cargos de Presidente de la
República, Ministro de Estado y agente diplomático; pero sólo los cargos conferidos en estado de
guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador.
Artículo 41.- Cesará en el cargo el diputado o senador que se ausentare del país por más de treinta
días sin permiso de la Cámara a que pertenezca o, en receso de ella, de su Presidente.
Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos
con el Estado, o el que actuare como procurador o agente en gestiones particulares de carácter
administrativo, en la provisión de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de
similar naturaleza. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o de alguna
sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades.
La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe
por sí o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas de la
que forme parte.
Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier
clase de juicio, que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales
en favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos
laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las
partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades
estudiantiles, cualquiera que sea la rama de la enseñanza, con el objeto de atentar contra su normal
desenvolvimiento.
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la
alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios
distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el
honor de la Nación.
Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas
precedentemente no podrá optar a ninguna función o empleo público, sea o no de elección
popular, por el término de dos años, salvo los casos del inciso séptimo del número 15º del artículo
19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas.
Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre
transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que lo declare por sentencia
firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio
Electoral. Una ley orgánica constitucional señalará los casos en que existe una infracción grave.
Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función o empleo
público por el término de tres años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los dos
actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún
requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere
el artículo 38, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 40
respecto de los Ministros de Estado.
Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave
que les impida desempeñarlos y así lo califique el Tribunal Constitucional.
Artículo 42.- Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y
los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión.
Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso,
puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de
Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando
haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema.
En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto
inmediatamente a disposición del Tribunal de Alzada respectivo, con la información sumaria
correspondiente. El Tribunal procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa,
queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente.
Artículo 43.- Los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a la
remuneración de un Ministro de Estado.
Artículo 44.- Sólo son materias de ley:
1) Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales;
2) Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;
3) Las que son objeto de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra;
4) Las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad
social;
5) Las que regulen honores públicos a los grandes servidores;
6) Las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales;
7) Las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades, para contratar
empréstitos, los que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá
indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin
embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos
empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo período presidencial.
Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central;
8) Las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer
en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos
y de las municipalidades.
Esta disposición no se aplicará al Banco Central;
9) Las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que
éste tenga participación puedan contratar empréstitos, los que en ningún caso, podrán efectuarse
con el Estado, sus organismos o empresas;
10) Las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades
y sobre su arrendamiento o concesión;
11) Las que establezcan o modifiquen la división política y administrativa del país;
12) Las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y
medidas;
13) Las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de
paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la
República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él;
14) Las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de
la República;
15) Las que autoricen la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República;
16) Las que concedan indultos generales y amnistías y las que fijen las normas generales con
arreglo a las cuales debe ejercerse la facultad del Presidente de la República para conceder
indultos particulares y pensiones de gracia.
Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum
calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores
en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo que consagra el terrorismo.
17) Las que señalen la ciudad en que debe residir el Presidente de la República, celebrar sus
sesiones el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional;
18) Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración
pública;
19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general, y
20) Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un
ordenamiento jurídico.
Artículo 45.- El Presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional para
dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que
correspondan al dominio de la ley.
Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al
plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban
ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado.
La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y
régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal
Constitucional ni de la Contraloría General de la República.
La ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las que recaerá la
delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que se
estimen convenientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda
autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea
conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad, podrá introducirle los cambios
de forma que sean indispensables, sin alterar, en caso alguno, su verdadero sentido y alcance.
A la Contraloría General de la República corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza
de ley, debiendo rechazarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida.
Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos,
a las mismas normas que rigen para la ley.
Artículo 46.- Las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por
mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros.
Las mociones no pueden ser firmadas por más de diez diputados ni por más de cinco senadores.
Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de la
Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de
Diputados. Las leyes sobre amnistía y sobre indultos generales sólo pueden tener origen en el
Senado.
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que
tengan relación con la alteración de la división política o administrativa del país, o con la
administración financiera o presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley
de Presupuestos, y con las materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 44.
Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para:
1º.- Imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer
exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión;
2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos
o de las empresas del Estado; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;
3º.- Contratar empréstitos o celebrar cualquiera otra clase de operaciones que puedan
comprometer el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, de las entidades semifiscales,
autónomas, de los gobiernos regionales o de las municipalidades, y condonar, reducir o modificar
obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecidas en favor del
Fisco o de los organismos o entidades referidos;
4º.- Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos,
rentas y cualquiera otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o
en retiro y a los beneficiarios de montepío, en su caso, de la Administración Pública y demás
organismos y entidades anteriormente señalados, con excepción de las remuneraciones de los
cargos indicados en el inciso primero del artículo 17, como asimismo fijar las remuneraciones
mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y
demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos; todo ello sin
perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes;
5º.- Establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los
casos en que no se podrá negociar, y
6º.- Establecer o modificar las normas sobre seguridad social o que incidan en ella, tanto del
sector público como del sector privado.
El Congreso Nacional sólo podrá aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos,
emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el
Presidente de la República.
Artículo 47.- Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán, para su
aprobación, modificación o derogación, de las tres quintas partes de los diputados y senadores en
ejercicio.
Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional
requerirán, para su aprobación, modificación o derogación, de las cuatro séptimas partes de los
diputados y senadores en ejercicio.
Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría
absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara, o
las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 49 y siguientes.
Artículo 48.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente de la
República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de anterioridad a la fecha en que debe
empezar a regir; y si el Congreso no lo despachare dentro de los sesenta días contados desde su
presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República.
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; sólo podrá
reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén
establecidos por ley permanente.
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los
nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al
Presidente, previo informe de los organismos técnicos respectivos.
No podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que
se indiquen, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto.
Si la fuente de recursos otorgada por el Congreso fuere insuficiente para financiar cualquier
nuevo gasto que se apruebe, el Presidente de la República, al promulgar la ley, previo informe
favorable del servicio o institución a través del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por
la Contraloría General de la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos,
cualquiera que sea su naturaleza.
Artículo 49.- El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá
renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un
proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba
en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de su origen y sólo se
considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros
presentes.
Artículo 50.- Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que
corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se
admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.
Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará inmediatamente a la otra para su
discusión.
Artículo 51.- El proyecto que fuere desechado en su totalidad por la Cámara revisora será
considerado por una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que propondrá
la forma y modo de resolver las dificultades. El proyecto de la comisión mixta volverá a la Cámara
de origen y, para ser aprobado tanto en ésta como en la revisora, se requerirá de la mayoría de los
miembros presentes en cada una de ellas. Si la comisión mixta no llegare a acuerdo, o si la Cámara
de origen rechazare el proyecto de esa comisión, el Presidente de la República podrá pedir que
esa Cámara se pronuncie sobre si insiste por los dos tercios de sus miembros presentes en el
proyecto que aprobó en el primer trámite. Acordada la insistencia, el proyecto pasará por segunda
vez a la Cámara que lo desechó, y sólo se entenderá que ésta lo reprueba si concurren para ello
las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Artículo 52.- El proyecto que fuere adicionado o enmendado por la Cámara revisora volverá a la
de su origen, y en ésta se entenderán aprobadas las adiciones y enmiendas con el voto de la
mayoría de los miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas fueren reprobadas, se formará una comisión mixta y se procederá
en la misma forma indicada en el artículo anterior. En caso de que en la comisión mixta no se
produzca acuerdo para resolver las divergencias entre ambas Cámaras, o si alguna de las Cámaras
rechazare la proposición de la comisión mixta, el Presidente de la República podrá solicitar a la
Cámara de origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la
revisora. Si la Cámara de origen rechazare las adiciones o modificaciones por los dos tercios de
sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o en su totalidad; pero, si hubiere mayoría para
el rechazo, menor a los dos tercios, el proyecto pasará a la Cámara revisora, y se entenderá
aprobado con el voto conforme de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta última.
Artículo 53.- Aprobado un proyecto por ambas Cámaras será remitido al Presidente de la
República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley.
Artículo 54.- Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara
de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.
En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas
matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje
respectivo.
Si las dos Cámaras aprobaren las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá
al Presidente para su promulgación.
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos
tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se
devolverá al Presidente para su promulgación.
Artículo 55.- El Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un
proyecto, en uno o en todos sus trámites, y en tal caso, la Cámara respectiva deberá pronunciarse
dentro del plazo máximo de treinta días.
La calificación de la urgencia corresponderá hacerla al Presidente de la República de acuerdo a
la ley orgánica constitucional relativa al Congreso, la que establecerá también todo lo relacionado
con la tramitación interna de la ley.
Artículo 56.- Si el Presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días,
contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley.
La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella
sea procedente.
La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede
totalmente tramitado el decreto promulgatorio.
Artículo 57.- Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública están subordinadas a la
autoridad del Presidente de la República, el cual ejercerá este deber con la colaboración de la
secretaría de Estado encargada de la defensa nacional, en el caso de las Fuerzas Armadas, y de la
seguridad pública, en el caso de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Artículo 58.- El Estado ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza para la protección de la
población y la soberanía nacional a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de
Seguridad Pública. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer, tener o utilizar armas u
otros elementos similares que señale una ley, sin autorización otorgada en conformidad a ésta.
La ley determinará la secretaría de Estado que ejercerá la supervigilancia y control de las armas.
Asimismo, dispondrá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas
relativas a dicho control.
Artículo 59.- Las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la
Armada, y la Fuerza Aérea y existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad
externa e interna de la Nación, en su caso, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en
las leyes. Sus respectivas Leyes Orgánicas definirán las funciones específicas de cada una de las
tres instituciones.
Articulo 60.- Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e
Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho y garantizar
el orden público y la seguridad pública interior. Sus respectivas Leyes Orgánicas definirán las
misiones institucionales específicas de cada una de las dos instituciones policiales, velando por
su especialización preferente.
Artículo 61.- Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente
obedientes y no deliberantes.
Artículo 62.- Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son profesionales,
jerarquizadas y disciplinadas.
Artículo 63.- Las leyes orgánicas correspondientes a las ramas de las Fuerzas Armadas y las
Fuerzas de Orden y Seguridad establecerán medidas para resguardar la transparencia y probidad
de las instituciones, así como el respeto de los derechos humanos por parte de las instituciones.
Las Fuerzas Armadas deberán contar con planes estratégicos actualizados periódicamente.
Artículo 64. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de
Orden y Seguridad Pública solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas de instrucción, con
excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determinen las respectivas
Leyes Orgánicas. Asimismo, deberá regularse en las Leyes Orgánicas de cada institución las
materias propias de las carreras profesionales, la incorporación a las plantas, antigüedad, mando,
sucesión de mando y los sistemas de salud y previsión social a las que estarán adscritas.
Artículo 65. Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública pueden contribuir al
mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacional y cooperan en situaciones de
catástrofes nacionales en conformidad a la Constitución y las leyes.
Artículo 66. Corresponderá a las Fuerzas Armadas y a Carabineros el resguardo del orden público
durante los actos electorales y plebiscitarios, del modo que indique la ley, sin perjuicio de que se
asegure el efectivo derecho a sufragio por parte de los propios cuerpos de las Fuerzas Armadas y
Carabineros”

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. INICIATIVA_COMUNIDADES_INDA_GENA_(SP).pdf 2.8 mb