2 - Sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía

NEWEN PRINCIPIOS Y OTROS

Iniciativa Nº 1.666

Tema: Otro

Actualizado 23/05/2022 18:56

Esta es una Propuesta de:

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Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. INICIATIVA_COMUNIDADES_INDA_GENA_(P).pdf 2.8 mb

Problema a Solucionar:

En el marco de un momento histórico políticos de permanentes, constantes y diversas tensiones,
como comunidades indígenas presentamos esta propuesta de articulado, que hace carne algunas
nuestras principales demandas y necesidades, en busca del buen vivir y la dignidad de nuestros
pueblos, dentro del proceso de una Nueva Constitución que busca darse nuestro país, y que vive
semanas fundamentales para su éxito o fracaso.
Históricamente los pueblos indígenas hemos sido discriminados, por nuestro color de piel, nuestro
origen, nuestras costumbres y ritos propios, entre tantas otras injustas razones, como una serie de
prejuicios que pesan sobre nosotros. Es por esto mismo, que rechazamos y rechazaremos
enérgicamente todo tipo de discriminación arbitraria, es decir, que no sea fundada en criterios
válidos que entreguen la lógica, la razón y los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Nadie
puede tener privilegios especiales si no tiene algún motivo que lo justifique, así como también
nadie puede ser menoscabado en sus derechos o en su trato sin razón.
Necesitamos avanzar en una Constitución que consagre a Chile como un país intercultural, y que
se promueva la conversación horizontal de las diversas culturas que lo componen. Sin embargo,
lo anterior no puede limitarse solo a ello, sino que se deben dar los espacios para que los diversos
pueblos podamos influir en las tomas de decisiones, y es por ello que entre otras cosas
pretendemos consagrar que, de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador,
los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad a la ley no podrán ser inferiores
al 5%.
Es un imperativo para los pueblos que se proteja nuestro Medioambiente, madre tierra de la cual
somos inter eco-dependientes, por lo que también consagramos el deber del Estado de respetarlo,
y de toda persona de cuidarlo, consagrando especialmente el respeto a los territorios de los
pueblos indígenas, ricos en variedad ecosistémica.

Situación Ideal:

Principios interculturales, encuentro y paz dentro de una sola nación.

Propuesta de articulado

Artículo 1º. Los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. En Chile todos son
iguales ante la ley y no se acepta ningún tipo de discriminación arbitraria.
Es deber del Estado propiciar y adoptar todas las acciones para garantizar el respeto de la dignidad
y libertad de todas las personas, especialmente de las indígenas, así como la protección en el
ejercicio de sus derechos fundamentales, de su cultura y tradiciones con arreglo a la Constitución
y las leyes.
La familia constituye el núcleo fundamental de la sociedad.
Artículo 2º. Chile es una república democrática intercultural. El Estado deberá garantizar el
orden democrático libre, que propicie el progreso económico y social, la iniciativa privada y la
armonía pública, todo ello con pleno respeto a la libertad y dignidad de las personas, sus derechos
fundamentales y al Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la
voluntad popular.
Artículo 3º. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.
El Estado será política, administrativa y fiscalmente descentralizado a través de sus gobiernos
subnacionales, nivel de gobierno compuesto por gobiernos regionales y municipalidades.
El Gobierno central será funcional y territorialmente desconcentrado, de conformidad a la
Constitución y las leyes.
Los órganos del Estado y la ley deberán velar por que cada función pública se radique en el nivel
de gobierno donde ésta se ejerza con mayor eficiencia y eficacia, privilegiando, en tal caso, el
nivel local sobre el regional, y éste último, a su vez, sobre el nacional. Sólo aquellas funciones
que por su naturaleza no puedan ser asumidas por los gobiernos subnacionales deben recaer en la
competencia del gobierno central.
Artículo 4º. La soberanía nacional es indivisible y reside esencialmente en la Nación. La
Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación chilena y en su integración
intercultural.
La ley señalará cuáles son los pueblos indígenas chilenos que habitan actualmente el
territorio nacional, así como las maneras de acreditar la pertenencia a esos pueblos y la
forma de renuncia a dicha calidad. En ningún caso la pertenencia a un pueblo indígena
podrá ser negada de forma arbitraria.
No podrá ser reconocido como indígena perteneciente a un pueblo indígena chileno, la
persona que no cumpla con los requisitos generales de nacionalidad y ciudadanía, aunque
pertenezca a un pueblo indígena transnacional.
Nadie puede ser discriminado arbitrariamente en razón de su pertenencia a alguno de estos
pueblos. El Estado debe respetar las creencias e instituciones ancestrales de los pueblos
indígenas, así como el derecho de sus comunidades, organizaciones e integrantes a
conservar, fortalecer y preservar su identidad, historia, cultura, lenguaje y demás
tradiciones y costumbres que les son propias. Las personas indígenas siempre pueden
participar en la vida económica, social, política y cultural del país en la forma que establece
el orden jurídico nacional y con pleno respeto a las disposiciones, derechos y garantías que
esta Constitución y las leyes establecen.
Artículo 5º. El ejercicio de la soberanía nacional se realiza por los diversos pueblos a través del
plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución
establece. Ningún sector de los pueblos ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.
El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados
por Chile y que se encuentren vigentes.
Artículo 6º. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República
de Chile y el himno nacional. Los pueblos indígenas pueden tener sus propios emblemas,
respetando siempre los símbolos nacionales.
Los valores republicanos, costumbres y emblemas nacionales propios de la tradición chilena y de
sus pueblos indígenas deberán ser respetados por la legislación vigente, las instituciones y los
órganos del Estado, así como por todos los habitantes de la Nación.
Artículo 7º. El Estado está al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien común y
el progreso. En consecuencia, el Estado deberá contribuir a generar las condiciones para ofrecer
igualdad de oportunidades a todas y cada una de las personas de la comunidad nacional con miras
a lograr el máximo desarrollo de las capacidades individuales de cada una de ellas, con pleno
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece.
Asimismo, el Estado promoverá la integración armónica de todos los sectores de la Nación,
incluyendo a las diversas culturas originarias, y asegurar el derecho de las personas a participar
con igualdad de oportunidades en la vida nacional.
En la ejecución de estos deberes, el Estado propenderá a la colaboración entre entidades tanto
públicas como privadas.
Articulo 8º. Es deber del Estado resguardar la seguridad interna y externa de Chile, así como dar
protección a la población y a la familia y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de la República
de Chile convivan en paz. En el Estado recae el monopolio del uso legítimo de la fuerza a través
de sus Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, cuyo ejercicio debe observar el pleno
respeto de los Derechos Humanos de las personas y de los pueblos indígenas.
Artículo 9º. Es deber del Estado velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el
empleo. Tanto el Gobierno Central, como los gobiernos regionales y las municipalidades
adecuarán sus actuaciones al principio de responsabilidad fiscal.
El Gobierno Central no podrá incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes
establecidos por la ley en relación con su producto interno bruto. El volumen de deuda pública
del conjunto de los órganos del Gobierno Central, gobiernos regionales y municipalidades en
relación con el producto interior bruto no podrá superar el valor de referencia establecido en dicha
ley.
Los gobiernos regionales y municipales deberán presentar equilibrio presupuestario. El Gobierno
Central, los gobiernos regionales y municipalidades habrán de estar autorizados por ley para
emitir deuda pública o contraer crédito.
Se requerirá de una ley aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio
para autorizar la contratación de aquellos empréstitos cuyo vencimiento exceda del término de
duración del respectivo período presidencial.
Una ley desarrollará los principios a que se refiere este artículo en relación a la política fiscal y
financiera. Asimismo, una ley regulará la composición, organización y funciones de un organismo
de carácter autónomo, técnico y consultivo, que tendrá por objeto contribuir con el manejo
responsable de la política fiscal del Gobierno Central.
Artículo 10. Todas las personas contribuirán al sostenimiento del gasto público en conformidad
a lo establecido en la ley y de acuerdo con su capacidad contributiva. El sistema tributario y las
cargas públicas se fundamentan en los principios de equidad, progresividad, no discriminación
arbitraria, justicia, certeza jurídica, neutralidad, simplicidad y eficiencia. En ningún caso los
tributos, las cargas públicas, o el sistema tributario, en su conjunto, tendrá alcance confiscatorio,
desproporcionado o injusto.
Artículo 11. Es deber de todos los habitantes del territorio nacional y del Estado proteger el medio
ambiente, tutelar la preservación de la naturaleza, de los territorios indígenas, y promover el
desarrollo sostenible, asegurando la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes
y futuras, y teniendo como centro y finalidad el bienestar de los seres humanos, con pleno respeto
a las garantías que esta Constitución establece.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades
para proteger el medio ambiente.
Artículo 12. Es deber del Estado garantizar, promover y amparar la competencia libre y leal.
Artículo 13. Es deber del Estado promover y respetar los derechos de los consumidores. La ley
proveerá procedimientos eficaces para el efectivo cumplimiento de las condiciones pactadas entre
proveedores y consumidores, para la reparación por los daños causados a éstos en los casos que
ella proceda con arreglo a la ley y el legítimo ejercicio de sus derechos emanados de las relaciones
de consumo.
El Estado promoverá el otorgamiento de la adecuada información y educación a los consumidores,
respetando el rol que les corresponde a los consumidores y usuarios, y a las organizaciones que
ellos conformen, en conformidad a la ley.
Artículo 14. El Estado promoverá e incentivará la creación artística, el desarrollo de la cultura
nacional como aquella perteneciente a los pueblos originarios, el desarrollo, formación e
investigación científica y tecnológica y la innovación, y la protección e incremento del patrimonio
científico y cultural de la Nación, con pleno respeto a las garantías que esta Constitución
establece.
El Estado utilizará las mejores soluciones científicas y tecnológicas disponibles para que su
funcionamiento sea eficiente, para elevar los estándares de los servicios públicos y mejorar la
transparencia y rendición de cuentas de los asuntos de interés público.
En la ejecución de estos deberes, el Estado propenderá a la colaboración entre entidades tanto
públicas como privadas.
Artículo 15. En la satisfacción de los derechos que reconoce esta Constitución, será deber del
Estado cumplir el rol que se le encomienda, con las facultades y dentro de los límites establecidos
por la Constitución y las leyes. Deberá, asimismo, resguardar la libertad de acción de los pueblos
indígenas y de las personas, individualmente o asociadas, para la satisfacción de estos derechos,
así como la libertad de elección entre las diversas alternativas ofrecidas, y apoyarlas en la
consecución de sus fines.
Artículo 16. El Estado, en la consecución de la satisfacción de los derechos reconocidos por esta
Constitución, debe procurar la sostenibilidad económica y social del Estado. El gasto público
deberá asignarse responsablemente para la satisfacción de cada uno de ellos, sin perjuicio de la
ponderación democrática que se dé a cada necesidad pública, y deberá responder a criterios de
eficiencia y eficacia.
Artículo 17. Todas y cada una de las personas deben observar y acatar la Constitución, las leyes
y demás normas aplicables, dictadas conforme a ellas, debiendo cumplir con los deberes y
responsabilidades que éstas le imponen. Asimismo, cada persona deberá respetar los derechos y
libertades de los demás, el orden público y la seguridad, y actuar responsablemente hacia otras
personas, las generaciones futuras, el medio ambiente, la naturaleza, los bienes ajenos, los bienes
de los pueblos indígenas, los bienes comunes a la Nación toda y los que pertenecen al Estado.
Artículo 18. Chile es un Estado de Derecho, fundado en el principio de la supremacía
constitucional. Los órganos del Estado, sus titulares y sus integrantes deben someter su actuar a
la Constitución, las leyes y a las normas dictadas conforme a ellas, siempre en la forma y dentro
de los límites y competencias por ellas establecidos, debiendo garantizar el orden institucional de
la República de Chile.
Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro
de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni
grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias,
autoridad, derechos o facultades distintas a las expresamente conferidas en virtud de la
Constitución o las leyes.
El carácter autónomo que esta Constitución otorga a determinados órganos, no los exime de su
sujeción al Estado de Derecho.
La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley.
Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones
que la ley señale.
Artículo 19. El ejercicio de la función pública, centralizada y descentralizada, obedecerá a los
principios de probidad, servicialidad, coordinación, oportunidad, imparcialidad, honestidad, ética
laboral, publicidad, eficiencia y eficacia, expedición, transparencia, integridad, trato respetuoso y
no discrecional, y al pleno respeto a los derechos y garantías de las personas y de los pueblos
indígenas.
El Estado, actuando en esta calidad, deberá generar indicadores anuales de confianza y calidad de
servicio a los usuarios, los que serán elaborados por entidades externas al Estado, y serán de
público conocimiento, y el ejercicio de su función pública estará sometida a un procedimiento de
evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para
los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este
control de resultados y rendición de cuentas, que deberá realizarse a lo menos una vez al año,
opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.
A su vez, las personas, en sus relaciones con el Estado como prestador de servicios, tendrán los
mismos derechos referidos en el artículo anterior.
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los
procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley aprobada por la mayoría de los diputados
y senadores en ejercicio podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la
publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de
las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. Corresponderá a ley regular el
principio de transparencia de la función pública, los procedimientos para el ejercicio de ese
derecho y su amparo, así como el órgano que deberá promover la transparencia de la función
pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la
información pública de los órganos de administración del Estado, poderes del Estado y
organismos autónomos regulados en la Constitución, además de garantizar el derecho de acceso
a la información antes señalada.
El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás
autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus
intereses y patrimonio en forma pública.
Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la
administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio
de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y,
en situaciones calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes.
Artículo 20. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los Derechos
Humanos y quienes cometan estas conductas, individual o colectivamente, constituyen un peligro
para la sociedad.
Una ley aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio determinará
las conductas terroristas y su penalidad. Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados
de por vida para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular; para ejercer
funciones de enseñanza; para explotar un medio de comunicación social o ser director o
administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o
difusión de opiniones o informaciones; ni podrá ser dirigente de organizaciones políticas o
relacionadas con la educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil
o gremial en general, durante dicho plazo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras
inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley.
Artículo 21. Las aguas terrestres son bienes nacionales de uso público y se otorga a sus titulares
el derecho de aprovechamiento sobre ellas en conformidad a la Constitución y la ley. Los derechos
de aprovechamiento de agua, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus
titulares, la propiedad y protección sobre ellos

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. INICIATIVA_COMUNIDADES_INDA_GENA_(P).pdf 2.8 mb