3 - Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

NEWEN ESTADO Y OTROS

Iniciativa Nº 1.674

Tema: Otro

Actualizado 24/05/2022 23:45

Esta es una Propuesta de:

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Hans Curamil A.

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2 Feb2 de febrero2022-02-02

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  1. INICIATIVA_COMUNIDADES_INDA_GENA_(F).pdf 2.8 mb

Problema a Solucionar:

En el marco de un momento histórico políticos de permanentes, constantes y diversas tensiones,
como comunidades indígenas presentamos esta propuesta de articulado, que hace carne algunas
nuestras principales demandas y necesidades, en busca del buen vivir y la dignidad de nuestros
pueblos, dentro del proceso de una Nueva Constitución que busca darse nuestro país, y que vive
semanas fundamentales para su éxito o fracaso.
Históricamente los pueblos indígenas hemos sido discriminados, por nuestro color de piel, nuestro
origen, nuestras costumbres y ritos propios, entre tantas otras injustas razones, como una serie de
prejuicios que pesan sobre nosotros. Es por esto mismo, que rechazamos y rechazaremos
enérgicamente todo tipo de discriminación arbitraria, es decir, que no sea fundada en criterios
válidos que entreguen la lógica, la razón y los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Nadie
puede tener privilegios especiales si no tiene algún motivo que lo justifique, así como también
nadie puede ser menoscabado en sus derechos o en su trato sin razón.
Necesitamos avanzar en una Constitución que consagre a Chile como un país intercultural, y que
se promueva la conversación horizontal de las diversas culturas que lo componen. Sin embargo,
lo anterior no puede limitarse solo a ello, sino que se deben dar los espacios para que los diversos
pueblos podamos influir en las tomas de decisiones, y es por ello que entre otras cosas
pretendemos consagrar que, de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador,
los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad a la ley no podrán ser inferiores
al 5%.
Es un imperativo para los pueblos que se proteja nuestro Medioambiente, madre tierra de la cual
somos inter eco-dependientes, por lo que también consagramos el deber del Estado de respetarlo,
y de toda persona de cuidarlo, consagrando especialmente el respeto a los territorios de los
pueblos indígenas, ricos en variedad ecosistémica.

Situación Ideal:

Interculturalidad y Estado Unitario, entre otras

Propuesta de articulado

Artículo 1º.- El Estado de Chile se divide territorialmente en regiones, provincias y comunas.
Los órganos encargados del gobierno de las regiones y comunas gozarán de autonomía política,
administrativa y fiscal, dentro de los ámbitos de su competencia, en la forma y condiciones que
fijen la Constitución y las leyes. En ningún caso el ejercicio de esta autonomía podrá contrariar
el carácter único e indivisible del Estado. Las provincias, por su parte, constituyen una división
político-administrativa del territorio, cuyas autoridades realizan solo funciones administrativas de
gobierno interior.
La creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas; la modificación de
sus límites, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias, serán materia de ley
que debe ser aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Dicha ley será de
iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Asimismo, una ley de la misma naturaleza
debe establecer los criterios objetivos a considerar para la modificación de la división territorial
del país.
Artículo 2º. Los órganos del Estado y las leyes deberán velar por el cumplimiento de los
siguientes principios:
1.Principio de Solidaridad y Equidad Territorial: Los órganos del Estado y las leyes deben
promover un desarrollo territorial armónico, equitativo y solidario entre las distintas regiones y
comunas del territorio de la República. La ley dispondrá la creación de instrumentos que aseguren
el cumplimiento de este principio.
2. Principio de Responsabilidad Fiscal: Las autoridades del gobierno central, regional y
comunal son responsables de velar por el buen uso de los recursos públicos, respetando siempre
los principios de eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas. Una ley deberá definir
dichos principios y regular las normas de responsabilidad fiscal aplicable, así como los
mecanismos para hacerla efectiva.
3. Principios de Coordinación y Cooperación: El Estado deberá promover la acción coordinada
de los diferentes organismos e instituciones de los diversos niveles gubernamentales, fomentando
la cooperación y colaboración para el logro de sus objetivos comunes, y evitando la duplicidad o
interferencia de sus funciones.
Los servicios públicos dependientes del gobierno central deberán coordinarse con los gobiernos
regionales y municipalidades cuando ejecuten su labor en los respectivos territorios, en
conformidad con la ley.
Asimismo, la ley establecerá fórmulas de asociación y cooperación para la administración de
todos o algunas de las municipalidades, con respecto a los problemas que les sean comunes, así
como entre las municipalidades y los demás servicios públicos.
4. Principio de Diferenciación Territorial: El Estado de Chile reconoce la heterogeneidad de
su territorio, así como la existencia de territorios especiales. Son territorios especiales los
correspondientes a Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández.
Es deber del Estado y sus órganos respetar dichas diversas realidades territoriales en el diseño e
implementación de políticas públicas, y en la transferencia de competencias y recursos.
5. Principio de Descentralización Fiscal: La transferencia de recursos realizada desde el
gobierno central a los gobiernos regionales y municipalidades, en el marco de la ley de
presupuestos de la Nación u otro instrumento, deberá efectuarse en base a criterios objetivos y no
discrecionales. En cualquier caso, dichos criterios deberán respetar el principio de diferenciación
territorial consagrado en el artículo anterior.
La creación, ampliación o traspaso de toda competencia, función o atribución desde el gobierno
central a los gobiernos regionales o comunales, deberá siempre ir acompañada del traspaso
oportuno de los recursos financieros y humanos suficientes para su adecuado ejercicio. Para dar
cumplimiento a lo anterior, las leyes que asignen dicha función o tarea deberán consignar su
financiamiento en el respectivo informe financiero.
Una ley podrá autorizar que determinados tributos que gravan actividades o bienes que tengan un
clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley
señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.
6. Principio de Participación: Es deber del Estado promover la participación efectiva de la
comunidad en las tomas de decisiones de los gobiernos regionales y municipales. Una ley que
deberá ser aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio establecerá las
modalidades y formas que deberá asumir la participación de la comunidad local en las actividades
regionales y municipales.
Para estos efectos, los gobiernos regionales y municipalidades podrán establecer, en el ámbito de
sus competencias y de conformidad con la ley, territorios denominados unidades provinciales, en
el caso de los gobiernos regionales, o unidades vecinales, en el caso de las municipalidades, con
el objeto de propender a una adecuada canalización de la participación ciudadana.
7. Principio de Respeto a las culturas originarias: Es deber del Estado promover el respeto y
desarrollo de las diversas culturas y lenguas de los pueblos indígenas reconocidos por ley.
Artículo 3º. Los gobiernos regionales son personas jurídicas de derecho público con
competencias y patrimonio propio, las cuales gozarán de autonomía política, administrativa y
fiscal en el ámbito de sus competencias y dentro de los límites establecidos por esta Constitución
y las leyes. Estos tienen por objeto el desarrollo económico, social y cultural de la región.
El gobierno regional estará integrado por un gobernador regional y el consejo regional, cuyo
número de integrantes estará establecido por la ley. Estas autoridades serán electas por sufragio
universal de los ciudadanos de la región, de conformidad con la ley.
La ley deberá ordenar la creación de mecanismos, procedimientos y órganos de coordinación y
colaboración entre los gobiernos regionales y los servicios públicos nacionales desconcentrados
territorialmente, en las materias que corresponda. Asimismo, la ley deberá establecer los
mecanismos de coordinación y colaboración de los gobiernos regionales y comunales.
El gobierno regional tendrá competencias, en materia de ordenamiento territorial, seguridad,
desarrollo económico productivo, desarrollo social y cultural, gestión de capital humano, ciencia
tecnología e innovación y gestión de sustentabilidad ambiental.
Una ley aprobada por la mayoría de diputados y senadores en ejercicio deberá fijar las
atribuciones resolutivas de gobierno y administración, normativas, financieras y fiscalizadoras
que ejercerán el gobierno regional y sus órganos, así como las condiciones para la creación de
servicios públicos regionales, los que dependerán del gobierno regional. Dicha ley deberá
especificar las funciones compartidas y privativas de los gobiernos regionales, y determinar la
forma y modo en que el Presidente de la República transferirá o revocará a uno o más gobiernos
regionales, una o más competencias, de los ministerios y servicios públicos creados para el
cumplimiento de la función administrativa, en materias de ordenamiento territorial, fomento de
las actividades productivas, desarrollo social y cultural, así como administración de las áreas
metropolitanas. Para ello dicha ley deberá definir las características que debe cumplir un área
urbana para ser clasificada como área metropolitana, y establecerá las condiciones y formalidades
que permitan conferir dicha calidad a determinados territorios.
Los gobiernos regionales gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Para su
funcionamiento, la Ley de Presupuestos de la Nación les asignará recursos en base a criterios
objetivos. Para el desarrollo de sus funciones la ley determinará sus fuentes de financiamiento.
Estas también podrán considerar el gravamen de actividades o bienes que tengan una clara
identificación regional para el financiamiento de obras de desarrollo. Asimismo, la Ley de
Presupuestos de la Nación contemplará una proporción del total de los gastos de inversión pública,
que serán asignados a los gobiernos regionales en base a criterios objetivos de público
conocimiento en el marco de un Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así como también un
Fondo de Convergencia que permita un desarrollo equitativo y armónico de las regiones del país.
Artículo 4º. El gobernador regional es el órgano ejecutivo del gobierno regional,
correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que esta Constitución
y una ley, aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, determine.
Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios
públicos que dependan o se encuentren bajo la supervigilancia del gobierno regional.
El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo el
candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos,
en conformidad a lo que disponga una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores
en ejercicio. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser
reelegido consecutivamente sólo dos veces.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso precedente, los votos en blanco y los nulos se
considerarán como no emitidos.
Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio establecerá los
requisitos para poder postularse al cargo de gobernador regional, así como también las causales
de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo. Asimismo, dicha
ley regulará las atribuciones del gobernador regional.
Artículo 5º. El consejo regional es un órgano colegiado del gobierno regional, con competencias
de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador del gobierno y administración de la región, dentro
del ámbito de sus competencias. Una de sus finalidades es hacer efectiva la participación de la
ciudadanía regional y ejercer las atribuciones que la ley le encomiende.
El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación
directa, de conformidad con la ley respectiva, aprobada por la mayoría de los diputados y
senadores en ejercicio. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley
establecerá la organización del consejo regional, determinará el número de consejeros que lo
integrarán y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio
de la región estén equitativamente representados.
El consejo regional deberá fiscalizar los actos del gobierno regional. Para ejercer esta atribución,
el consejo regional, con el voto conforme de un tercio de los consejeros regionales presentes,
podrá adoptar acuerdos o sugerir observaciones que se transmitirán por escrito al gobernador
regional, quien deberá dar respuesta fundada dentro de treinta días. Las demás atribuciones
fiscalizadoras del consejo regional y su ejercicio serán determinadas por la ley respectiva.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquier consejero regional podrá requerir del gobernador regional
o coordinador regional la información necesaria al efecto, quienes deberán contestar
fundadamente dentro de treinta días.
Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región
considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta en la Ley de Presupuestos, sus recursos
propios y los que se encuentren comprometidos a la región por parte de otros órganos del Estado.
Los Senadores y Diputados que representen a las circunscripciones y distritos de la región podrán,
cuando lo estimen conveniente, asistir a las sesiones del consejo regional y tomar parte en sus
debates, sin derecho a voto. Asimismo, el gobierno regional podrá proponerles iniciativas
legislativas a dichos parlamentarios, quienes deberán tomar conocimiento de las propuestas y
resolverlas individualmente. El gobernador regional o cualquier consejero regional podrá citarlos
a reuniones para tal efecto.
El consejo regional tendrá la obligación de reunirse semestralmente con la totalidad de los
alcaldes de las comunas que integran la región respectiva. Dichas reuniones tendrán por objeto
tomar conocimiento de las iniciativas locales y la posibilidad de incorporarlas al plan de desarrollo
regional.
La ley respectiva, aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, establecerá
los requisitos para poder postularse al cargo de consejero regional, así como también las causales
de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo. Asimismo, dicha
ley regulará las funciones y atribuciones del consejero regional.
De la totalidad de declaraciones de candidaturas a consejero regional, declaradas por los partidos
políticos, hayan o no pactado, los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad
a la ley no podrán ser inferiores al 5%. Este porcentaje será obligatorio y se calculará con
independencia de la forma de nominación de las candidaturas. La infracción de lo señalado
precedentemente acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas a consejero regional,
según corresponda, del partido que no haya cumplido con este requisito.
Artículo 6º. El gobierno y la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que
determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su
máxima autoridad, y por el concejo municipal. Los alcaldes serán elegidos por sufragio universal
de conformidad a lo que disponga una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores
en ejercicio, durarán cuatro años en sus cargos, y podrán ser reelegido consecutivamente sólo dos
veces.
Artículo 7º. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público encargadas
del gobierno local en el ámbito territorial de las comunas, con personalidad jurídica, competencias
y patrimonio propio, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar
su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. Para el cumplimiento
de dicho objetivo deberá promover el desarrollo y la economía local, en armonía con las políticas
y planes nacionales y regionales de desarrollo. Las prácticas y costumbres culturales de cada
localidad no podrán ser impuestas por el gobierno central, debiendo este respetar las decisiones
que tomen las municipalidades en dicha materia, siempre que esa prácticas y costumbres no
contravengan el ordenamiento jurídico vigente.
Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, fijará los criterios
objetivos que permitan clasificar a las comunas en distintas categorías. Estos deberán, a lo menos,
considerar factores demográficos, geográficos y socioeconómicos. Esta categorización deberá ser
considerada por los distintos órganos del Estado en el diseño de políticas públicas que sean
adecuadas a las distintas realidades locales, y, en especial, por el legislador en el traspaso de
competencias y recursos. Dicha ley determinará las funciones y atribuciones de las
municipalidades, de acuerdo a su tipología o caracterización, así como aquellas que sean
privativas y compartidas con otros niveles de gobierno.
Una ley señalará las materias de competencia municipal que el alcalde, con acuerdo del concejo
o a requerimiento de los 2/3 de los concejales en ejercicio, o de la proporción de ciudadanos que
establezca la ley, someterá a consulta no vinculante o a plebiscito, así como las oportunidades,
forma de la convocatoria y efectos.
Las municipalidades podrán asociarse entre ellas de conformidad a la ley, pudiendo dichas
asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o
integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la
promoción y difusión del arte, la cultura, el deporte y la recreación, o el fomento productivo o de
obras de desarrollo comunal. La participación municipal en ellas se regirá por la citada ley.
Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio determinará la forma
y el modo en que los ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales podrán transferir
competencias a las municipalidades, como asimismo el carácter provisorio o definitivo de la
transferencia. Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley, podrán designar delegados
para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades.
Artículo 8º. La ley regulará la administración transitoria de las comunas que se creen, el
procedimiento de instalación de las nuevas municipalidades, de traspaso del personal municipal
y de los servicios y los resguardos necesarios para cautelar el uso y disposición de los bienes que
se encuentren situados en los territorios de las nuevas comunas. Asimismo, dicha ley establecerá
los procedimientos que deberán observarse en caso de supresión o fusión de una o más comunas.
Artículo 9º. Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir
empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que una ley
aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio permita. Estas facultades se
ejercerán dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la
República, determine la ley.
Artículo 10. Las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas.
La Ley de Presupuestos de la Nación les asignará recursos en base a criterios objetivos, para
contribuir a financiar sus gastos, sin perjuicio de los ingresos que directamente se les confieran
por la ley o desde otros órganos del estado. Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y
senadores en ejercicio contemplará un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos
propios entre las municipalidades del país. Las normas de recaudación y distribución de este fondo
serán materia de ley.
Artículo 11. En cada municipalidad habrá un concejo integrado por concejales elegidos por
sufragio universal en conformidad a la ley. Durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser
reelegidos. La misma ley determinará el número de concejales, el que deberá responder a la
población de cada comuna.
El concejo tendrá por objeto hacer efectiva la participación de la comunidad local, para lo cual
podrá ejercer funciones normativas, resolutivas y fiscalizadoras y otras atribuciones que se le
encomienden por ley.
Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio determinará las normas
sobre organización y funcionamiento del concejo, las materias en que la consulta del alcalde al
concejo será obligatoria y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo
caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del plan comunal de desarrollo, del
presupuesto municipal y de los proyectos de inversión respectivos.
Artículo 12. Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio definirá
los requisitos para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal, y para
ser designado coordinador regional o coordinador provincial. Dicha ley también deberá establecer
las inhabilidades, incompatibilidades, dietas, normas de probidad y transparencia aplicables,
fueros judiciales, en los casos en que corresponda, y cualquier otra materia relacionada al ejercicio
de las funciones de dichas autoridades.
Artículo 13. Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio
establecerá los mecanismos de fiscalización y control de los Gobiernos Regionales y
Municipalidades. Dicha ley deberá establecer las sanciones y las causales de cesación en el cargo
aplicables a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales.
Con todo, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan infringido gravemente el
principio de probidad administrativa o las normas sobre transparencia, límites y control del gasto
electoral. Dicha ley deberá señalar los casos en que existe una infracción grave, así como los
procedimientos de los órganos de la justicia electoral competentes para conocer, juzgar y resolver
dichas infracciones.
Asimismo, quien perdiere el cargo de gobernador regional, de alcalde, consejero regional o
concejal, de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función o
empleo público por el término de cinco años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular
en los dos actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación.
Artículo 14. Los conflictos de competencia y de vulneración de normas y principios
constitucionales que surjan entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, es decir, el
gobierno regional o las municipalidades, serán resueltas por el órgano encargado de la justicia
constitucional.
Serán legitimados para recurrir el Presidente de la República, el gobernador regional y el alcalde.
En el caso de los miembros del consejo regional, podrán hacerlo los consejeros que representen a
lo menos un tercio de los miembros en ejercicio.
Una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio determinará la forma
para resolver los conflictos de competencia señalados en los incisos anteriores.
Artículo 15. El gobierno y administración de los territorios especiales se regirá por los estatutos
especiales que establezcan las leyes, que, para ser aprobadas, deberán contar con el voto de la
mayoría de los diputados y senadores en ejercicio.
Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República,
garantizados en el capítulo de derechos fundamentales de esta Constitución, se ejercerán en dichos
territorios en la forma que determinen las leyes especiales que regulen su ejercicio, las que
deberán ser aprobadas por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. INICIATIVA_COMUNIDADES_INDA_GENA_(F).pdf 2.8 mb