3 - Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

Autonomia Territorial Indígena

Iniciativa Nº 1.678

Tema: Autonomías territoriales e indígenas

Actualizado 24/05/2022 04:17

Esta es una Propuesta de:

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Pedro Muñoz H.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Problema a Solucionar:

ANTECEDENTES
La distribución de los pueblos naciones preexistentes en Chile, a través de su intrépido territorio se fue borrando con la llegada de los españoles en la época conocida como “la colonia” y más adelante con la inmigración de otros colonos a quienes se les dio gigantescas franjas territoriales con el único objetivo de hacerles producir y marcar soberanía.
A tanto llegó la interpretación de que los territorios no utilizados eran “una pérdida para la riqueza pública”, que algunos publicaron sendas lamentaciones al respecto.
Uno de ellos fue el abogado Valdiviano, Luis Urrutia Ibáñez, que en 1911 escribió que a lo menos la mitad de los predios rústicos de las provincias de Valdivia y Llanquihue carecían de un título perfecto y eran susceptibles de litigio con el Fisco . El abogado señalaba que, "a primera vista no puede medirse la gravedad del mal; pero si se piensa que los terrenos cuyos títulos son litigiosos alcanzan en la provincia de Valdivia solamente a más de quinientas mil hectáreas de suelos cultivados, se ve cuanto sufre la riqueza pública y privada con dejar fuera del comercio humano y del progreso agrícola y entregada al desorden y a la violencia tan enorme extensión territorial, poblada por miles de familias, y se comprende, al mismo tiempo, cuan gigantesco paso en el camino de la prosperidad daría esta zona si una ley previsora y sabia constituyera pronta y definitivamente la propiedad raíz".
El asunto territorial fue escalando siempre en desmedro de los pueblos indígenas, hasta entonces incuestionables propietarios comunitarios de los mismos. De norte a sur se fue constituyendo la República unitaria y forjadora de un legado que ignoró poco a poco la preexistencia ancestral de los pueblos.
Tras una involución paulatina, hacia 1930 se promulgó una ley que distribuyó tierras e intentó “ordenar” el territorio nacional de indios y de chilenos. Se crearon cinco juzgados de indios que, al pasar de los años también serían suprimidos.
Así, y entendiéndose Chile como un país plurinacional y pluricultural, terminó por borrar ese concepto, acuñándose el argumento de que “todo el que nace en territorio nacional es Chileno”, y que finalmente todos somos iguales ante la ley y por tanto han de sujetarse a las mismas nuevas leyes llegadas e impuestas.
El presente documento fue elaborado como iniciativa de normas constitucionales a partir de un proceso deliberativo y consensuado con algunas comunidades del pueblo nación quechua, lo que se reforzó a partir de encuentros comunitarios, el Consejo Quechua, el pre Congreso quechua desarrollado de manera telemática y el Congreso quechua desarrollado entre los días 3 y 4 de enero de 2022 en los salones de la Universidad Arturo Prat con sede en Iquique, región de Tarapacá

Situación Ideal:

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA PROPUESTA
Los diferentes pueblos establecidos en Chile aún mucho antes de instalado el Estado, poco a poco se fueron invisibilizando, y con ello toda su riqueza ancestral, sus lenguas, su estructura social y su maravillosa armonía con el territorio.
El llamado “estallido social” marcó un hito en la historia de nuestro país. Dicha revolución de los pueblos instaló a lo menos tres nuevos requisitos para reconstruir una sociedad más equitativa, representativa y justa. Es en base a la recuperación de la memoria histórica, a la necesidad de homologar el derecho internacional indígena, que en Chile se encuentra retrasado en a lo menos tres décadas, que hemos elaborado la siguiente propuesta de norma sobre autonomía indígena y derechos territoriales.
Esta propuesta fue elaborada por las comunidades del pueblo nación quechua, convocadas al Consejo Quechua, en la región de Tarapacá, pensando en proteger constitucionalmente el derecho de los pueblos naciones ancestrales a administrar, proteger y decidir sobre sus territorios, con el solo objeto de reestablecer la justicia cultural, territorial, social, política, administrativa y ambiental de la que siempre fuimos titulares.

Propuesta de articulado

ARTÍCULO XX1: De la forma de Estado
Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural; descentralizado en todas sus formas, y con autonomías territoriales.
En Chile cohabitan distintos pueblos naciones con identidades diferenciadas por sus diversas cosmovisiones y formas de vida en sociedad.
La constitución y las leyes chilenas reconocen que los pueblos y naciones indígenas son preexistentes al Estado de Chile por habitar en el territorio desde tiempos ancestrales y ser anteriores a su conformación o a sus actuales fronteras.
Serán principios rectores de esta forma de Estado, el de la libre determinación y el principio pro pueblo, así como de los demás derechos colectivos reconocidos y garantizados en el marco de esta Constitución y en el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
ARTÍCULO XX2: De la preexistencia de los pueblos.
En Chile se reconoce la preexistencia de los pueblos y naciones indígenas con pertinencia territorial. Lo serán los pueblos: Quechua, Mapuche, Aimara, Rapa Nui, Lickanantay, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagan, Selk'nam y otros que puedan ser reconocidos por la ley.
ARTÍCULO XX3: Del derecho a la libre determinación
Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a defender y difundir su propia cultura, identidad y cosmovisión; a la protección y promoción de su patrimonio y su lengua; al reconocimiento de sus tierras, territorios y maritorios.
El Estado reconoce que cada pueblo nación preexistente tiene una visión diversa de la naturaleza y los ecosistemas en su dimensión material e inmaterial y el especial vínculo que mantienen con estos.
ARTÍCULO XX4: Deber de reconocimiento y salvaguarda.
Es deber del Estado, otorgar reconocimiento a las instituciones y jurisdicciones propias de cada pueblo así como a facilitar la participación plena de los mismos, en la vida política, económica, social, jurisdiccional y cultural del Estado.
Es deber del Estado Plurinacional, respetar, garantizar, promover y facilitar la participación de los pueblos y naciones indígenas, el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de que son titulares. En cumplimiento de lo anterior, el Estado deberá garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación en la estructura del Estado, sus órganos e instituciones, así como su representación política en órganos de elección popular.
Para el cumplimiento del inciso anterior, será deber del Estado reservar escaños en todos los estamentos públicos que pudieran tener influencia en los territorios indígenas o en su relación con los pueblos naciones preexistentes a él, garantizando el diálogo plurinacional e intercultural en el ejercicio de las funciones públicas, creando la institucionalidad suficiente para satisfacer los estándares de la Declaración de los derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO XX5: De las Autonomías Territoriales Indígenas.
El territorio indígena autónomo es una porción de territorio continental, insular, marítimo, o lacustre de cualquier dimensión, que haya sido reconocido como de uso ancestral por un pueblo nación preexistente. En él se ordenará una forma de autogobierno determinado por el propio pueblo de acuerdo a sus prácticas ancestrales, teniendo como único límite, la soberanía nacional y el respeto a los tratados e instrumentos internacionales de los derechos humanos.
Cada pueblo, y en un sistema de acuerdos suficientes para conformar dichos elementos, acordará la forma en que se determinarán dichos territorios, respetando los principios de autodeterminación, solidaridad, verdad histórica y cooperación.
Los pueblos reconocen sus territorios como aquel que ocupan o han ocupado ancestralmente, heredado de sus antepasados, previo a los Estados y a la colonia, hasta nuestros días y que inclusive pueden cohabitar (o coexistir) con otros pueblos.
Para atender a dichos acuerdos se deberá contemplar a lo menos la participación y deliberación previa, libre e informada de cada comunidad establecida en el territorio, salvaguardando el sistema de consulta indígena previamente acordado.
ARTÍCULO XX6: De la administración territorial indígena y las autonomías
Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a la administración del territorio y los recursos naturales que en él existen y que tradicionalmente han poseído, ocupado, o utilizado o adquirido.
La forma de administración, sus autoridades y las normas que rigen en el territorio autónomo indígena, será establecido por cada pueblo, sin que el Estado ni judicatura de ningún tipo pueda intervenir en ello, salvo en los casos que dichas normas y formas comprometan la soberanía nacional y/o vulneren los derechos y tratados ratificados por Chile y las demás normas internacionales de Derechos Humanos.
ARTÍCULO XX7: Se crearán las autonomías indígenas por iniciativa de los propios pueblos, quienes requerirán del Estado los medios suficientes y necesarios para un óptimo avance en dicho objetivo.
Cada pueblo reconoce sus territorios como aquel que ha ocupado ancestralmente, heredado de sus antepasados, previo al Estado.
Los pueblos en virtud de su autodeterminación, sus costumbres, procedimientos, derecho y sistemas normativos propios, definirán dichos territorios. Para la determinación de sus límites y fronteras será considerado aquel espacio geográfico que, coincidiendo con la ocupación territorial tradicional del respectivo pueblo y nación indígena preexistente al Estado, posibilite el desarrollo del autogobierno indígena.
En el territorio autónomo indígena, existen dos niveles de autonomía, aquella que atiende a los requerimientos de una comunidad y aquella autonomía que atiende a las necesidades de un conjunto de comunidades o al pueblo general. Ambas se regirán por estatutos autonómicos o Cartas Orgánicas redactadas y aceptadas por los pueblos tras un debate amplio, abierto, transparente e informado previamente y deliberado conforme a los estándares internacionales aceptados por la Declaración de derechos de los pueblos indígenas. A dicho acuerdo debe concurrirse a lo menos con la participación de todas las comunidades y asociaciones actualmente reconocidas en el territorio.
Es deber del Estado, a través del gobierno, resolver breve y oportunamente los requerimientos de creación de autonomías territoriales indígenas.
ARTÍCULO XX8: De las competencias autonómicas.
Las autonomías territoriales indígenas ejercen su autogobierno en el marco de sus territorios, en atención a sus sistemas normativos propios, dentro de los límites que la presente Constitución establece, y con plena observancia y respeto a los derechos fundamentales de los habitantes no indígenas de dichas autonomías. Sin perjuicio de las competencias compartidas, o las que le sean transferidas o delegadas, se le reconocen como competencias al menos las siguientes:
1. Elaborar y reformar su Estatuto Autonómico;
2. Diseñar un Plan de Desarrollo Autonómico, que defina el modelo de desarrollo económico, social y cultural del territorio indígena autónomo, en atención a los principios de plurinacionalidad e interculturalidad y a los sistemas de conocimiento propio;


3. Gestionar, administrar y aprovechar los bienes comunes naturales renovables y no renovables del territorio autonómico, en atención a su Estatuto, al Plan de Desarrollo y a la presente Constitución. Será facultad exclusiva del gobierno autonómico indígena determinar los requisitos y condiciones que deben cumplir los proyectos de empresas, públicas o privadas, que manifiesten interés de operar o invertir en el territorio autonómico. Las autoridades indígenas solo podrán autorizar el uso y aprovechamiento de sus bienes comunes naturales a través del consentimiento, expresado en un acuerdo, que respete los derechos humanos, derechos de la naturaleza, usos, costumbres, cosmovisión, y asegure una distribución equitativa de los beneficios con las comunidades indígenas.
4. Administrar y aplicar en los territorios, los mecanismos de consulta y consentimiento previo, libre e informado relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que sean susceptibles de afectarlos, sin perjuicio de la competencia regulada en el punto anterior;
5. Participar en la elaboración e implementación de los planes de ordenamiento territorial y del maritorio, incluyendo el uso de suelos, subsuelos y espacio aéreo, en coordinación con las demás competencias compartidas con otras entidades territoriales y el Estado;
6. Elaborar y aprobar el presupuesto anual para la administración y gobierno de la autonomía territorial respectiva, en el marco de la Ley de presupuesto anual del Estado.
7. Promover el respeto de los derechos colectivos de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado, y el respeto a los derechos de la naturaleza;
8. Crear, administrar y recaudar tributos y demás cargas públicas que, de acuerdo con la Constitución y las leyes correspondan al autogobierno indígena;
9. Ejercer funciones jurisdiccionales conforme a sus costumbres, procedimientos, protocolos, derecho y sistemas normativos propios
10. En coordinación con las otras entidades del Estado, implementar políticas educativas, lingüísticas, de salud, económicas, sociales y culturales, de acuerdo con sus propios conocimientos, prácticas e instituciones propias.
11. Determinar, resguardar y administrar el patrimonio cultural y la propiedad intelectual sobre los conocimientos tradicionales y expresiones culturales del respectivo territorio autonómico. Es responsabilidad del Estado suministrar el presupuesto necesario y el apoyo técnico para la consecución de estos fines, incluyendo a lo menos el cuidado y conservación del patrimonio artístico, bioantropométricos, arqueológicos, ceremoniales y culturales;
12. Promover y gestionar acuerdos de asociatividad con otras entidades territoriales y convenios con los demás órganos del Estado, en el marco de la Constitución y las leyes;

Las comunidades y pueblos naciones preexistentes que han sido despojadas de sus tierras y/o territorio, o que forzosamente han debido trasladarse, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad. En todo caso, será la propia comunidad o pueblo nación dañados, la que libre y soberanamente decidirá aceptar o no esto último.
Los abajo firmantes, suscribimos la presente iniciativa, con la finalidad de que sea ingresada a debate y considerada para formar parte del texto constitucional.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Pedro Muñoz H.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02