4 - Derechos Fundamentales

NEWEN DDFF

Iniciativa Nº 1.682

Tema: Otro

Actualizado 25/05/2022 00:43

Esta es una Propuesta de:

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Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. Derechos_Fundamentales_.pdf 208 kb

Problema a Solucionar:

En el marco de un momento histórico políticos de permanentes, constantes y diversas tensiones,
como comunidades indígenas presentamos esta propuesta de articulado, que hace carne algunas
nuestras principales demandas y necesidades, en busca del buen vivir y la dignidad de nuestros
pueblos, dentro del proceso de una Nueva Constitución que busca darse nuestro país, y que vive
semanas fundamentales para su éxito o fracaso.
Históricamente los pueblos indígenas hemos sido discriminados, por nuestro color de piel, nuestro
origen, nuestras costumbres y ritos propios, entre tantas otras injustas razones, como una serie de
prejuicios que pesan sobre nosotros. Es por esto mismo, que rechazamos y rechazaremos
enérgicamente todo tipo de discriminación arbitraria, es decir, que no sea fundada en criterios
válidos que entreguen la lógica, la razón y los saberes ancestrales de nuestros pueblos. Nadie
puede tener privilegios especiales si no tiene algún motivo que lo justifique, así como también
nadie puede ser menoscabado en sus derechos o en su trato sin razón.
Necesitamos avanzar en una Constitución que consagre a Chile como un país intercultural, y que
se promueva la conversación horizontal de las diversas culturas que lo componen. Sin embargo,
lo anterior no puede limitarse solo a ello, sino que se deben dar los espacios para que los diversos
pueblos podamos influir en las tomas de decisiones, y es por ello que entre otras cosas
pretendemos consagrar que, de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador,
los candidatos pertenecientes a pueblos indígenas en conformidad a la ley no podrán ser inferiores
al 10%.
Es un imperativo para los pueblos que se proteja nuestro Medioambiente, madre tierra de la cual
somos inter eco-dependientes, por lo que también consagramos el deber del Estado de respetarlo,
y de toda persona de cuidarlo, consagrando especialmente el respeto a los territorios de los
pueblos indígenas, ricos en variedad ecosistémica.

Situación Ideal:

Mayores Derechos para los pueblos originarios, en sociedad justa, libre y próspera

Propuesta de articulado

Artículo 1º. La Constitución reconoce y asegura a todas las personas indígenas, y a todo
habitante de la República:
1º. La garantía fundamental al agua para consumo humano y saneamiento. Corresponderá al
legislador regular el alcance y contenido de este derecho.
El Estado promoverá el uso y gestión eficiente y sustentable del agua y el desarrollo de
infraestructura, innovación y tecnología para tales fines”.
2º. El derecho de asociarse libremente, con fines públicos o privados, sin permiso previo. Este
derecho incluye la protección de la autonomía y libertad de las asociaciones para alcanzar sus
propios fines específicos, su autogobierno y la protección de sus elementos definitorios.
La libertad de asociación incluye el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse a ellos para la
protección de sus intereses.
Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.
El derecho de asociarse incluye el derecho de abrir, organizar y mantener asociaciones, determinar
su objeto, sus directivos, miembros y estatutos internos y gozarán de autonomía para perseguir
sus fines propios en conformidad a la Constitución y las leyes.
Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. Asimismo, nadie puede ser discriminado
arbitrariamente por pertenecer a una asociación o no pertenecer a ella, ni por las ideas, objetivos,
misión que la asociación respectiva tenga.
El Estado deberá respetar la autonomía de las instituciones, para operar y alcanzar sus propios
objetivos específicos, así como su ideario, reconociéndose la objeción de conciencia institucional.
El ejercicio de este derecho sólo puede sujetarse a restricciones previstas por la ley y que sean
necesarias para el resguardo de la seguridad nacional, la seguridad interna o el orden público, o
para la protección de la moral. En consecuencia, se prohíben las asociaciones contrarias al orden
público y a la seguridad del Estado y aquellas cuyos fines o actividad sean contrarias a las leyes
penales. Ahora bien, ninguna asociación puede ser disuelta por vía de acto administrativo.
Por su parte, todas las personas tendrán derecho a asociarse libremente en partidos para participar
democráticamente en la definición de la política nacional. Nadie podrá estar inscrito
simultáneamente en más de un partido ni tampoco podrá ser privado de algún derecho por estar o
no inscrito en algún partido.
Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener
privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. La nómina de sus militantes se
registrará en el servicio electoral del Estado, el que guardará reserva de la misma. Su contabilidad
deberá ser pública; la ley regulará la obligación de dar cuenta pública de la procedencia y uso de
sus recursos, así como de su patrimonio. Las fuentes de financiamiento de los partidos serán
establecidas por ley; en ningún caso podrán provenir de dineros, bienes, donaciones, aportes ni
créditos de origen extranjero. En su organización interna los partidos deberán responder a
principios democráticos, lo que deberá contemplarse en sus estatutos. Una ley orgánica
constitucional aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio
establecerá un sistema de elecciones primarias que podrá ser utilizado por dichos partidos para la
nominación de candidatos a cargos de elección popular, cuyos resultados serán vinculantes para
estas colectividades, salvo las excepciones que establezca dicha ley; aquellos que no resulten
elegidos en las elecciones primarias no podrán ser candidatos, en esa elección, al respectivo cargo.
Una ley orgánica constitucional aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y
senadores en ejercicio regulará las demás materias que les conciernan y las sanciones que se
aplicarán por el incumplimiento de sus preceptos, dentro de las cuales podrá considerar su
disolución, lo que deberá hacerse por resolución judicial. Las asociaciones, movimientos,
organizaciones o grupos de personas que persigan o realicen actividades propias de los partidos
políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán sancionados de acuerdo a la
referida ley, la que deberá ser aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores
en ejercicio.
La Constitución Política garantiza el pluralismo político. Son inconstitucionales los partidos,
movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los
principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un
sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten
a ella como método de acción política. Sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la
Constitución o en la ley, las personas que hubieren tenido participación en dichos hechos, no
podrán participar en la formación de otros partidos políticos, movimientos u otras formas de
organización política, ni optar a cargos públicos de elección popular ni desempeñar el cargo de
ministro de Estado, gobernador regional, delegado presidencial regional o provincial, alcalde,
consejero regional, concejal, subsecretario, consejero del Banco Central, magistrado de tribunales
superiores de justicia o demás jueces del Poder Judicial, miembro de Tribunal Constitucional, del
Tribunal Calificador de Elecciones y de tribunales electorales regionales, ni Contralor General de
la República, por el término de cinco años, contado desde la resolución del Tribunal competente.
Si a esa fecha las personas referidas estuvieren en posesión de las funciones o cargos indicados,
los perderán de pleno derecho.
Las personas sancionadas en virtud de este precepto no podrán ser objeto de rehabilitación durante
el plazo señalado en el inciso anterior. La duración de las inhabilidades contempladas en dicho
inciso se elevará al doble en caso de reincidencia.”.
3º. El derecho a la libertad de opinión, de expresión y de difusión del pensamiento, sin censura
previa, así como a recibir y poder difundir informaciones e ideas de toda índole, en cualquier
forma y por cualquier medio. La libertad de prensa y la libertad de información por radio,
televisión, cinematografía, multimedia y cualquier otro medio de comunicación, serán
garantizadas.
El ejercicio de estas libertades sólo puede estar sujeto a responsabilidades ulteriores por delitos y
abusos que se cometan en su ejercicio y que digan relación con asegurar el respeto a los derechos
o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional o moral pública. Las
limitaciones a este derecho deben estar claramente definidas en una ley aprobada por la mayoría
de los diputados y senadores en ejercicio y sólo pueden ser impuestas cuando así lo justifiquen
consideraciones bien ponderadas concernientes a las bases mismas de esta libertad.
Asimismo, no se puede restringir el derecho aquí consagrado por vías o medios indirectos, como
el abuso de controles oficiales del papel periódico, frecuencias radioeléctricas u otros medios
usados para difundir la información, o cualesquiera otras formas que se utilicen para impedir la
comunicación y circulación de ideas u opiniones. Las concesionarias de servicio público de
comunicaciones y los proveedores de acceso a internet, no podrán arbitrariamente bloquear,
interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de cualquier usuario de internet para
utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido o servicio realizado a través de internet, de
acuerdo a lo establecido en la ley. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre
los medios de comunicación social.
Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener medios de
comunicación social, en las condiciones que señale la ley.
Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación
social, tiene derecho a que su declaración, rectificación, réplica o respuesta sea gratuitamente
difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que
esa información hubiera sido emitida.”.
4°. El derecho al respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia,
dentro de lo cual se incluye el derecho al honor, buen nombre y reputación, a su imagen y
expresión, y la protección de su intimidad personal y familiar.
Asimismo, todas las personas tienen derecho a la protección de sus datos personales, lo que
incluye el derecho a acceder a ellos, y a obtener su rectificación, complementación y cancelación
con arreglo a lo establecido en la ley.
Además, la persona titular de datos tiene derecho a solicitar y recibir del responsable una copia
de los datos personales que le conciernen de manera estructurada, en un formato estándar, abierto,
que sea interoperable entre distintos sistemas y de uso común, a comunicarlos o transmitirlos o
transferirlos a otro responsable del tratamiento de datos, sin que lo impida el responsable al que
se los hubiera facilitado, en la medida que concurran los requisitos y condiciones establecidas en
la ley.
El tratamiento y protección de los datos personales se efectuarán en la forma y bajo las
condiciones que determine la ley.
5º. El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Toda persona que se halle
legalmente en la República tendrá derecho a circular libremente por ella y a escoger libremente
en ella su lugar de residencia. Asimismo, podrá trasladarse de un lugar a otro y entrar y salir de
su territorio a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el
perjuicio de terceros. Para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir los
requisitos establecidos en la ley, y para residir en él, deberán observar las exigencias, condiciones
y prohibiciones establecidas en la misma. Se podrá prohibir el ingreso de determinados
extranjeros por razones de interés o seguridad nacional.
De conformidad con lo anterior:
a) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la
forma determinados por la Constitución y las leyes. En Chile no procede la prisión por deudas,
exceptuándose las decisiones dictadas por los tribunales de justicia relativas al incumplimiento
de deudas de pensiones de alimentos.
Ninguna persona podrá ser detenida o arrestada sino por orden de funcionario público
expresamente facultado al efecto por la ley y después de que dicha orden le fuere intimada en
forma legal, a menos que fuere sorprendida en delito flagrante, y, en este caso, sólo para ser
conducida ante la autoridad que correspondiere, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Una
ley determinará las hipótesis de flagrancia en las cuales procede la detención de parte de cualquier
persona.
Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro del plazo de 48 horas,
dar aviso al juez competente, poniendo a su disposición al afectado. El juez podrá, por resolución
fundada, ampliar este plazo hasta por cinco días, y hasta por diez días, en el caso que se
investigaren hechos calificados por la ley como conductas terroristas.
b) Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en
lugares públicos destinados a este objeto. Sólo se podrá recurrir a la prisión preventiva, a solicitud
del querellante o el Ministerio Público, una vez que la investigación haya sido formalizada,
siempre que existan antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga, que se
pueda presumir fundadamente la participación del imputado en el delito como autor, cómplice o
encubridor y que existieren antecedentes que permitieren al tribunal considerar que la medida es
indispensable para el éxito de diligencias de investigación, que la liberad del imputado es un
peligro para la sociedad o que existe riesgo que de que el imputado se dé a la fuga.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a ninguna persona en la calidad que
fuere, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de la autoridad que tenga
facultad legal, en un registro que será público. El régimen penitenciario consistirá en un
tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y readaptación social de los condenados.
Los adolescentes privados de libertad deberán estar separados de los adultos y serán sometidos a
un régimen adecuado a su edad y condición jurídica. Por otro lado, los imputados deberán estar
separados de los condenados y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de
personas no condenadas.
c) La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado por los delitos
terroristas será conocida por el tribunal superior que corresponda, integrado exclusivamente por
miembros titulares, debiendo ser vista al día siguiente hábil al cual fue presentado el recurso. La
resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Mientras dure la
libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la
ley contemple.
Asimismo, serán agregados extraordinariamente a la tabla del día siguiente hábil al de su ingreso
al tribunal o el mismo día en casos urgentes, las apelaciones relativas a la prisión preventiva de
los imputados u otras medidas cautelares personas en su contra y las demás que determinen las
leyes.
d) La confesión o declaración del imputado sobre hechos realizados por él, su cónyuge,
ascendientes y descendientes, solamente es válida en la medida que sea realizada sin coacción de
ninguna naturaleza.
e) Sólo podrá imponerse la pena de confiscación de bienes respecto de asociaciones ilícitas, en
los casos que expresamente lo señale la ley.
f) Una vez dictado sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiere sido sometido
a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare
injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los
perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada
judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia”.
6º. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar
por que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o
libertades para proteger el medio ambiente, en el contexto del desarrollo sostenible.”.
7º. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que
fije la ley; la igual repartición de las demás cargas públicas; la aplicación general de los tributos
y demás cargas públicas y la coherencia de aquellos y éstas con el nivel de desarrollo del país, y
la certeza de que los efectos tributarios de los actos o contratos serán aquellos previstos por la ley,
con arreglo a lo establecido en la Constitución.
Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la
Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar
que los tributos que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o
local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades
regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.
8º. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia
económica.
Sólo en virtud de una ley, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar
determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona
geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las
franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de éstos deberá incluirse anualmente
en la Ley de Presupuestos.”.
9º. El derecho a la vida. La vida humana debe ser protegida desde la concepción hasta la muerte
natural.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y psíquica. Nadie puede ser
sometido a torturas, apremios ilegítimos ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda
persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano.
El desarrollo de las ciencias y tecnologías se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad
física y psíquica de las personas. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para
su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como
la información proveniente de ella”.
10. La igualdad ante la ley. Todas las personas gozan de los mismos derechos reconocidos por
esta Constitución. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer discriminaciones arbitrarias.”.
11. La libertad de trabajo y la protección del mismo, en la forma establecida por la ley.
Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo, con una justa
retribución.
Se prohíbe cualquiera discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.
Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o
salud pública, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición
de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito
para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos.
La ley determinará las profesiones que requieren un grado o título universitario y las condiciones
que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la
ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las
reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus
resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no
asociados serán juzgados por los tribunales ordinarios establecidos en la ley.
La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores,
independientemente si están o no sindicalizados, salvo los casos en que la ley expresamente no
permita negociar. Con todo, la negociación colectiva no afectará el derecho de cada trabajador
para acordar individualmente sus condiciones de trabajo, en razón de su idoneidad y/o capacidad
personal.
La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados
para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación
colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de
expertos, cuya organización y atribuciones se establecerán en ella.
Todos los trabajadores tendrán derecho a la huelga pacífica como parte de la negociación
colectiva, en conformidad a lo señalado en la ley. No podrán declararse en huelga ni tampoco
paralizar sus funciones los funcionarios y demás trabajadores del Estado ni de las
municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o
empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad
pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento
de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar
las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a esta prohibición.
Todos los trabajadores tendrán el derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La
afiliación sindical será siempre voluntaria.
Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus
estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.
La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones para el
cumplimiento de sus fines con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución
establece; así como la transparencia en su financiamiento y administración y una efectiva
democracia interna. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades políticopartidistas.”.
12. La libertad de conciencia y el ejercicio libre de religiones, cultos y creencias. La libertad de
manifestar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones establecidas
por la ley que sean necesarias para proteger la moral, las buenas costumbres, el orden público y
la seguridad nacional.
Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, individual e institucional, en los términos que
establezca la ley.
Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o creencia, así como también la libertad
de manifestar la religión o creencia, individual o colectivamente, en público o en privado, a través
de la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Las confesiones religiosas podrán erigir
templos, de acuerdo a las disposiciones generales establecidas por la ley; desarrollar, sin
discriminación alguna, otras actividades congruentes con sus creencias; celebrar matrimonios
bajo sus preceptos, con los efectos civiles que regule la ley; así como recibir beneficios tributarios
u otros, en la forma establecida por la ley.
13. La libertad de reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones
contempladas en la ley.
14. El derecho a desarrollar libremente cualquiera actividad económica, respetando la
Constitución, las leyes y demás normas que la regulen en ejecución de la ley.”.
El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo
si una ley aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio lo autoriza,
debiendo dicha ley definir en cada caso con precisión el giro autorizado. La creación de filiales
de empresas estatales requerirá nueva ley en los términos de este inciso.
En ningún caso, las empresas del Estado, sus órganos de administración, sus directivos y
trabajadores, ejercerán potestades públicas.
Las empresas del Estado, o en las que éste participe, y sus trabajadores, así como sus actividades,
estarán sometidas en todo momento a la legislación común aplicable a los particulares, sin
perjuicio de las excepciones que, por motivos justificados, señale expresamente la ley, la que
deberá ser, asimismo, aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.
Las empresas del Estado o en las que éste participe:
1. Operarán bajo criterios de eficiencia, eficacia, transparencia, probidad,
profesionalización y rentabilidad, con autonomía financiera, económica,
administrativa y de gestión, y con altos parámetros de calidad, sociales y ambientales.
2. Deberán someterse a los mismos estándares de contabilidad y de auditoría que las
empresas autorizadas para transar sus acciones en el mercado privado.
3. Deberán designar a los directores o miembros de los órganos de administración a
través de un proceso de selección conducido mediante un proceso abierto, técnico y
transparente.
4. Deberán publicar, en sus sitios electrónicos o plataformas similares, información que
incluya a lo menos su estructura orgánica; gobierno corporativo, incluyendo la
composición de su directorio y responsables de la gestión; funciones y competencias
de sus unidades internas; estados financieros y memorias anuales; sus filiales y
coligadas y entidades en las que tenga participación; información consolidada del
personal y de las remuneraciones percibidas por los directores, altos ejecutivos y
demás trabajadores; los objetivos de la empresa y su cumplimiento, la estructura de
propiedad y votación de la empresa; cualquier factor de riesgo empresarial relevante,
así como las medidas adoptadas para gestionar dichos riesgos; cualquier ayuda
financiera recibida, incluidas las garantías otorgadas por el Estado o sus organismos
otorgadas conforme a la ley; los compromisos financieros contraídos por la empresa
y cualquier transacción importante con entidades relacionadas.
5. Deberán informar al Congreso Nacional sobre su desempeño económico y financiero,
acompañando los antecedentes necesarios que lo respalden. Lo anterior es sin
perjuicio de toda otra obligación de revelar información al público o a las entidades
reguladoras o fiscalizadoras correspondientes y que la legislación vigente imponga a
estas empresas.
15. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, salvo respecto de aquellos que
la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o los que deban pertenecer a la Nación toda
y así lo declare la ley.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella.
Cuando así lo exija el interés nacional, una ley de quorum calificado podrá establecer limitaciones
o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes.
16. El derecho de propiedad privada, en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales, y su transferencia y transmisión, entre personas vivas o por causa de
muerte, con arreglo a la Constitución y las leyes, las que deberán respetar el contenido esencial
del derecho.
La propiedad privada es inviolable. Nadie pude ser privado, en caso alguno, de sus bienes o de
alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, esto es, usar, gozar y disponer, o del
bien sobre el que recaiga, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa
justificada de utilidad pública o de interés social o nacional. La expropiación solo podrá
materializarse, y la toma de posesión material efectuarse, previo pago al contado y en dinero
efectivo del total de la indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. La
indemnización se fijará de común acuerdo. A falta de acuerdo, la indemnización será determinada
por los tribunales ordinarios de justicia y provisionalmente por peritos en la forma que señale la
ley.
Los tribunales ordinarios de justicia son competentes para determinar toda cuestión relativa a la
legalidad del acto expropiatorio y al importe de la indemnización, los que deberán resolver
conforme a derecho. Asimismo, toda persona que sea privada de su propiedad sin su
consentimiento tendrá derecho a recurrir ante los tribunales de justicia para impugnar la toma de
su propiedad, la indemnización o la cuantía de la misma.
La propiedad admitirá las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Las
limitaciones y obligaciones derivadas de la función social darán lugar a indemnización por el
daño patrimonial efectivamente causado al propietario siempre que causen afectación esencial del
derecho, sean retroactivas o infrinjan el derecho a la igualdad ante las cargas públicas.
Corresponderá exclusivamente a los tribunales ordinarios de justicia determinar, conforme a
derecho, estas circunstancias. La función social de la propiedad sólo comprende cuanto exijan los
intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la
conservación del patrimonio ambiental.
El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas,
comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de
carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales,
no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas
estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que
la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas.
El Estado podrá otorgar a las personas naturales y jurídicas las concesiones mineras necesarias
para explorar y explotar las sustancias minerales de su dominio. Corresponderá a una ley,
aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio, determinar qué
sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos
o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación.
Dichas concesiones se constituirán y extinguirán siempre por resolución judicial. La ley aludida
en el inciso anterior contemplará la duración de las concesiones y causales de extinción del
dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos
al momento de otorgarse la concesión. Las controversias que se produzcan respecto de la
extinción del dominio sobre la concesión, así como de cualquier gravamen, carga o perturbación
de su libre disfrute, serán resueltas por los Tribunales de Justicia.
La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés
público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo consistirá en el pago anual y
anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto que determine la ley.
La Constitución asegura el derecho de propiedad del titular sobre su concesión minera. Asimismo,
el derecho sobre la concesión minera podrá cautelarse mediante el ejercicio del recurso de
protección de derechos constitucionales previsto en esta Constitución.
La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no
susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por
medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos
y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo.
Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en el suelo y
subsuelo de las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o
en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad
nacional. El Presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión
de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los
contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para
la seguridad nacional.
17. El derecho a la libre creación intelectual, artística y científica y a la producción, divulgación
y difusión de las artes y la investigación científica y técnica. Ese deber del Estado promover las
artes y las ciencias.
La protección de los derechos de autor, cuya duración no será inferior al de la vida del titular, así
como de los derechos de propiedad industrial y otros derechos derivados de actividades
intelectuales, artísticas, científicas, de investigación, tecnológicas o de otras creaciones análogas
se reconocen y garantizan por el tiempo que señale la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial,
lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y del artículo anterior.”.
18. El derecho a la seguridad social. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio de este derecho.
El Estado garantiza el acceso a prestaciones mínimas establecidas por ley, sea que se otorguen a
través de instituciones públicas o privadas. El Estado deberá respetar el derecho de las personas
a elegir la institución que entregue estas prestaciones y no podrá establecer discriminaciones
arbitrarias en razón de ello.
El sistema de previsión deberá, a lo menos, resguardar a las personas contra las contingencias de
vejez, invalidez o muerte, enfermedad y embarazo, seguridad y salud en el trabajo y el desempleo.
La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este
derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador, con
arreglo a la presente Constitución. Sólo la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias.
La legislación sobre la seguridad social o que incida en ella, tanto del sector público como del
sector privado, son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Las leyes que regulen el sistema de seguridad social y el ejercicio de este derecho deberán ser
aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.”.
19. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.
Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad
o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido
requerida.
La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan
procurárselos por sí mismos. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas
naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de
ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes.
Toda persona imputada de delito tiene derecho a ser asistida por un abogado defensor
proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley.
Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que
se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho. Toda persona tiene
derecho a ser juzgada por un juez imparcial e independiente.
Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo
legalmente tramitado, que asegure el derecho de las partes a ser oídas y a presentar pruebas,
peticiones y recursos que determine el legislador, el que deberá garantizar siempre la igualdad
procesal de las partes frente al juzgador. Corresponderá al legislador establecer siempre las
garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos.
El justo y racional procedimiento se entiende extensivo al procedimiento administrativo
sancionador y a todo proceso que derive en una sanción.
La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ninguna persona será considerada
culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.
Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a
su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.
Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente
descrita en ella.
La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá
ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho.
20. El derecho de acceso a la información pública de los órganos del Estado en la forma y
condiciones que establezca la Constitución y la ley.
21. La inviolabilidad del hogar, de los demás espacios donde la persona desarrolle su vida privada
y de toda comunicación privada, sea que su sustento o soporte sea físico o digital. El hogar y
demás espacios sólo podrán allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse,
abrirse o registrarse en los casos y bajo los supuestos que estén expresamente contenidos en la
ley.
22. El derecho al acceso a la vivienda, según se establezca en la ley. El Estado deberá contribuir
a crear las condiciones para que las personas puedan ejercer este derecho, ya sea que éste se
otorgue a través de instituciones públicas o privadas.
La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud de este
derecho y a la forma en que ellas se financiarán, corresponderá exclusivamente al legislador.”.
23. El derecho al acceso a las prestaciones de salud.
Corresponderá al Estado la regulación de las acciones relacionadas con la salud. A través de la
ley se podrán establecer la forma y condiciones en que éstas se realicen, debiéndose fomentar la
competencia y transparencia en el sector, ya sean instituciones públicas o privadas. El Estado no
podrá establecer en su trato respecto de ellas diferencias arbitrarias.
A través de la ley se podrán establecer cotizaciones obligatorias para el financiamiento de la salud
de la población, pudiendo cada cotizante elegir libremente por el sistema de salud al cual
adscribirse y destinar sus recursos, sea este estatal o privado. Es deber del Estado garantizar la
libertad de elección, debiendo apoyar a todas las personas equitativamente, considerando su
necesidad, en la forma establecida por la ley.
También se reconoce la libertad de las personas sobre los tratamientos médicos a los que se deba
someter. Sólo la ley podrá establecer límites u obligaciones en estas materias, respetando siempre
la dignidad de la persona humana.
La acción de los órganos estatales es complementaria a la responsabilidad personal y a la iniciativa
privada, siendo deber del Estado fomentar la colaboración público-privada, con criterios de
eficiencia en el uso de recursos, oportunidad de la prestación y resguardo de los recursos públicos.
La determinación de todo lo relativo a las prestaciones que se podrán exigir en virtud del derecho
aquí consagrado y la forma en que se financiarán, corresponderá exclusivamente al Legislador.”.
24. El derecho a la educación. La educación es obligatoria desde el primer nivel de transición de
la educación parvularia hasta el último año de enseñanza media. Los padres o quienes tengan el
cuidado legal de niños y adolescentes tienen el derecho preferente para elegir el tipo de
establecimiento en que sus hijos o pupilos recibirán enseñanza, así como el derecho de escoger,
dirigir y orientar la educación moral y religiosa de sus hijos según sus convicciones, y que sus
hijos reciban una educación acorde a la misma.
Para asegurar lo anterior, el Estado tiene el deber de:
i. Financiar la provisión gratuita de estos niveles, así como también,
promover y velar por el acceso a la educación superior, tanto universitaria
como técnico profesional.
ii. Garantizar la libertad de enseñanza, promoviendo el derecho de las
personas e instituciones de crear, gestionar y solventar proyectos educativos
autónomos que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la ley,
sin establecer diferencias arbitrarias basadas, entre otras circunstancias, en la
calidad confesional de los establecimientos. Será deber del Estado reconocer
y promover la diversidad de proyectos educativos, reconociendo también su
autonomía. La libertad de enseñanza no tendrá otros límites que los
impuestos por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la
seguridad de la nación.
iii. Promover la libertad de elección de las familias respecto el tipo de
educación para los niños y adolescentes a su cuidado, debiendo contribuir
equitativamente a su financiamiento en proporción a las necesidades de cada
cual, conforme a lo establecido por la ley. El Estado no podrá discriminar
entre niños y adolescentes que se encuentren en la misma situación
socioeconómica, independientemente del establecimiento educacional al
cual asistan.
iv. Fomentar el desarrollo y la calidad de la educación en todos sus niveles
y la formación ciudadana y cívica; estimular la investigación científica y
tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio
cultural de la Nación, sea que dichas actividades se desarrollen a través de
instituciones públicas o privadas.
Una ley aprobada por las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio
establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la
enseñanza, tanto a los establecimientos públicos como privados, y señalará las normas objetivas,
de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo
modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos
educacionales de todo nivel.
Los proyectos educativos, públicos y privados, no deben estar orientados ni podrán propagar
tendencias político-partidistas. El cuerpo docente deberá respetar esta condición, sin perjuicio del
reconocimiento de su derecho a la libertad de cátedra.”.
25. La admisión a todas las funciones y empleos públicos. La ley deberá asegurar la igualdad de
oportunidades de ingreso a la carrera funcionaria sobre un sistema de concursos públicos abiertos,
competitivos y transparentes, basado en la idoneidad de los postulantes, en el que se deberá
considerar las especificidades de cada repartición, así como de su estatuto y rango jurídico.
Asimismo, la ley considerará los sistemas de capacitación y el perfeccionamiento de quienes
ingresen a la carrera funcionaria, estableciendo, asimismo, mediciones de desempeño y
productividad y procesos de movilidad al interior de las reparticiones públicas y entre ellas. No
podrán exigirse otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes.”
A los procedimientos administrativos seguidos ante cualquier autoridad del Estado les serán
aplicables, en lo pertinente, las garantías y principios del debido proceso y aquellas establecidas
en las normas legales que correspondan.
26. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o
privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. La
autoridad deberá responder en la forma y plazo que señale la ley.
27. La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen,
complementen o limiten las garantías o derechos que ésta establece, no podrán afectar los
derechos en su esencia o núcleo fundamental, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que
impidan su libre ejercicio. Las restricciones a los derechos y libertades fundamentales deberán
tener siempre establecerse por ley, tener una base jurídica y ser proporcionadas.
Los pueblos indígenas deberán gozar plenamente de los derechos y libertades
fundamentales señalados en el presente artículo, sin obstáculos ni discriminación. Se
deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes,
el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios. Dichas medidas no
deben ser contrarias a lo que expresen libremente tales pueblos ni a la normativa vigente.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Hans Curamil A.

Disponible Desde:

2 Feb2 de febrero2022-02-02

Documentos Adjuntos:

  1. Derechos_Fundamentales_.pdf 208 kb