4 - Derechos Fundamentales

"Zoy taiñ kvme feleiñmutuam tain itrofil mogen": "Para tener una mejor salud integral"

Iniciativa Nº 618

Tema: Salud en todas las políticas con enfoque en los determinantes sociales

Actualizado 02/07/2022 00:21

Esta es una Propuesta de:

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Rosa Coñoepán P.

Disponible Desde:

26 Ene26 de enero2022-01-26

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Problema a Solucionar:

Las reuniones y conversatorios que se realizaron fueron nueve, posterior a ello se concluye que como funcionarios de la salud con enfoque intercultural, y de acuerdo a las vivencias de los asesores culturales y las normas internacionales dentro del marco normativo, hemos detectado que actualmente, que a pesar de los esfuerzos que asesores interculturales, equipos de apoyo de los centros de salud y funcionarios/as han realizado para incorporar las prácticas de salud indígena de manera transversal en la actividad en los diversos centros de salud, estos esfuerzos se siguen viendo obstaculizados por falta de voluntad política, sesgo personal, carencias presupuestarias y vacíos en la formación de las y los profesionales de la salud, los cuales no cuentan con las herramientas teóricas ni la sensibilización cultural que les permita incorporar este tipo de conocimientos ancestrales en el tratamiento de los usuarios. Es por tal motivo, que consideramos que el proceso constituyente abre una ventana de oportunidad para que estas prácticas se incorporen a la nueva carta fundamental como un derecho que sea exigible al Estado y a su vez, este se traduzca en su ejecución práctica en los hospitales, consultorios y centros de salud de las distintas regiones con población indígena.

Situación Ideal:

Creemos que la forma de solucionar el problema por vía constitucional es a través del reconocimiento explícito y claro de los sistemas de salud indígena, sus saberes y sus especialistas y su diálogo e interrelación con los sistemas y tratamientos occidentales de salud y viceversa. Este derecho debe tener su aplicación práctica en los presupuestos del área de la salud, la planificación de los centros asistenciales, la generación de planes y políticas públicas relacionadas y la formación académica de las y los futuros profesionales de la salud.
Consideramos que la propuesta de norma constitucional va en línea con asegurar el ejercicio de principios básicos que rigen la atención de salud y sus determinantes sociales, tales como el principio de universalidad (derecho al acceso universal a la salud), principio de equidad (entendido como la eliminación de las barreras o desigualdades, en este caso culturales, en el acceso a la atención de salud), principio de disponibilidad de infraestructura y recursos humanos (habilitación de los espacios necesarios para una atención en salud con pertinencia cultural), principio de disponibilidad presupuestaria (asegurar los recursos necesarios por parte del estado para el ejercicio de este derecho) y principio de información (transparencia, rendición de cuentas y confianza en las instituciones).

Propuesta de articulado

La salud es un derecho humano fundamental y social, que resulta del equilibrio y la reciprocidad de las personas y comunidades con su entorno ambiental y ecológico, como de las determinantes sociales, políticas, económicas, laborales, culturales, espirituales y educacionales.
El Estado reconoce y respeta los sistemas, prácticas y autoridades tradicionales que imparten salud como machi, lawentuchefe, püñeñelchefe, ngütamchefe y otros agentes de salud de los pueblos y naciones originarias presentes en el país, y garantiza su ejercicio en el sistema público de salud, a través de la medicina preventiva, como complemento a los tratamientos indicados, tanto por los especialistas de medicina occidental como de los pueblos y naciones originarias, así como al tratamiento, promoción, protección y conservación de los tipos de alimentación, considerando también el rescate, valoración y uso de las semillas originarias y/o nativas, las hierbas y plantas medicinales, animales, minerales de interés vital y otros recursos naturales de uso medicinal, en sus tierras y territorios ancestrales, con el fin de permitir el más alto bienestar de salud física, mental, espiritual y comunitaria, además de asegurar su preservación e integridad, conforme a su identidad territorial.
Es deber del Estado financiar, promover y fomentar los sistemas de salud propios de los pueblos y naciones originarias y su participación en el sistema público de salud, con determinación de las comunidades, proporcionando la infraestructura y medios adecuados y pertinentes para el efectivo ejercicio de estos derechos. Considerando que el Estado debe garantizar que cada centro de salud, cuente con la totalidad de sus funcionarios y directivos con conocimiento respaldado en cosmovisión y sistemas de salud propios de los pueblos y naciones originarias, según corresponda.
El Estado debe facultar a los agentes de salud de los pueblos y naciones originarias, para respaldar y justificar las ausencias laborales, en la recuperación/restauración de la salud, inherentes a las indicaciones y tratamientos que determinen los distintos agentes.
El Estado debe respetar, garantizar, proporcionar recursos y promover el derecho de los agentes encargados de impartir salud en cada pueblo y nación originaria, para trasladarse libremente por todo el territorio en busca de plantas u otros elementos de carácter medicinal, considerando que las fronteras de los pueblos originarios, son distintas a las impuestas por el Estado.
El Estado garantiza el acceso a un sistema único y público de salud, regido por los principios de universalidad, gratuidad, interculturalidad, complementariedad, solidaridad, participación, información y protección de derechos y del medio ambiente. Y en el ejercicio del derecho a la autodeterminación, se podrá escoger libremente la complementariedad en salud para acceder, sin discriminación, con pertenencia cultural y enfoque de género.
El Estado debe garantizar la conservación, protección y recuperación de los territorios en sus elementos naturales, ya que son fuentes de vida, de salud, y de buen vivir, por tanto, se debe trabajar complementariamente con las diferentes instituciones del estado o privadas, que tengan relación con el territorio, conforme a la utilización de elementos introducidos que dañen el medio ambiente, la salud y el entorno cultural.
El Estado debe tomar medidas para prevenir y/o prohibir que los pueblos y las personas indígenas sean objetos de programas de investigación, experimentación biológica o médica y en caso de su autorización, procurar que la información sea analizada en conjunto, para generar estrategias de prevención atingentes a las realidades de los territorios y comunidades correspondientes.
Frente a cualquier vulneración o amenaza a los derechos garantizados en estos artículos, cualquier individuo o colectivo podrá interponer un recurso de protección ante la corte de apelaciones respectiva, con el fin de que se restablezca su derecho amenazado o vulnerado.
Se creará una Dirección dependiente de la Superintendencia de Salud con participación representativa de los pueblos indígenas, con el fin de supervigilar, fiscalizar y sancionar el cumplimiento de los deberes estatales en relación a la salud intercultural.

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Rosa Coñoepán P.

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