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Reconocimiento del Genocidio contra la nación Mapuche: Verdad, Justicia y Reparación Histórica. (FOROWE WALLONTUMAPU).

Iniciativa Nº 946

Tema: Estado Plurinacional y libre determinación de los pueblos

Actualizado 25/05/2022 00:22

Esta es una Propuesta de:

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Luis Nahuelhuen M.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Problema a Solucionar:

La preexistencia del Wallmapu y el pueblo-Nación Mapuche es anterior a la colonización de la Corona Española y de la emergencia del Estado chileno. La interlocución de la Nación Mapuche con estos últimos, se realizaba a través de los Parlamentos o Koyagtun, en los cuales se resolverán los grandes asuntos que afectan “... a una parcialidad, región o al conjunto de la sociedad mapuche como nación” (Contreras Painemal 2010, 52), pero que posteriormente se haría extensiva a su relación con otros Estados o naciones.
De esta manera, el Tratado de Tapiwe de 1825, ratificó al río Biobío como la frontera entre el naciente Estado de Chile y el legendario Wallmapu. Prosiguiendo con la tradición y ratificación fronteriza inaugurada desde fines del siglo XVI con la Corona Española, y que con posterioridad a 1825 continuarán los acuerdos con el Estado chileno con leves o determinadas modificaciones.
El rompimiento de estos acuerdos por parte del Estado chileno arrastra históricas consecuencias de desequilibrio en Wallmapu. Así podemos apreciar en la actualidad, el recrudecimiento de la militarización e invasión de este territorio, mediante la declaración de “Estado de Emergencia” en la denominada “Macrozona Sur” o “zona roja”, como parte de la persistente estrategia de “pacificación de la Araucanía”, y la consecuente, dominación colonial.
De este modo, las actuales autoridades políticas de las instituciones del Estado, continúan con la política de sometimiento inaugurada por sus antecesores en el siglo XIX. Profundizando un conflicto generado principalmente por la presencia del terrorismo de Estado, que propicia una guerra incipiente o en ciernes, de difícil solución entre las partes, entendiendo el objetivo último de exterminio del Estado de Chile contra un sector del movimiento autonomista mapuche.
En este sentido, entre los principales desafíos contemporáneos que enfrenta la Nación Mapuche es la reconstrucción política, económica y social del Wallmapu, nuestro país ancestral, abatido día tras día por un Estado genocida, que merma el ejercicio de nuestra plena soberanía como nación, jamás cedida a Estado o nación extranjera.

Situación Ideal:

La nueva Constitución Política del Estado de Chile, debe establecer en sus bases fundamentales, el reconocimiento de la preexistencia de las naciones, pueblos y comunidades ancestrales, resultando imperativo que se reconozca la plena soberanía de la nación Mapuche, y los tratados internacionales que suscribió con diferentes Estados o naciones.
Asimismo, debe reconocer la transgresión de estos acuerdos y del Derecho Internacional vigente, además del consiguiente genocidio ejecutado por el Estado de Chile como consecuencia de su expansión e invasión territorial durante el largo siglo XIX. En efecto, deberá contemplar las urgentes y necesarias medidas de reparación histórica integral, especialmente de aquellas enfocadas en el resarcimiento territorial, incluyendo las de carácter especial para las mujeres de primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.
Por último, para restablecer las confianzas y la buena fe del nuevo pacto social que se configura entre las partes en histórico conflicto, consideramos necesario el indulto general a los presos políticos mapuche.

Propuesta de articulado

PREÁMBULO:

Reconocimiento de la preexistencia de las naciones y pueblos ancestrales, y del genocidio ejecutado por el Estado de Chile en los procesos de expansión imperial y colonial que caracterizó al largo siglo XIX en el Continente Americano.

ARTÍCULO xx:

“El Estado de Chile reconoce que la nación chilena cometió actos de genocidio, durante la ocupación e invasión militar de los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, teniendo consecuencias devastadoras hasta el presente, que afecto las tierras, bienes, familias, personas, espacios sagrados; y, toda la biodiversidad que habitaban y convivian ancestralmente.
Por tanto, la nación chilena se compromete a través del Estado de Chile a enmendar, reparar y compensar el trauma histórico causado, en sus diferentes dimensiones de carácter territorial, ambiental, política, económica, social, cultural y espiritual, a través de la implementación de medidas, mecanismos, políticas y programas de verdad, justicia, garantías de no repetición, reparación integral, restitución, indemnización y resarcimiento, respecto de los delitos cometidos por los agentes colonizadores del Estado”.

ARTÍCULO xx:

“Dada la preexistencia ancestral de las primeras naciones y el dominio sobre su territorio, se les garantiza el derecho a la libre determinación de los pueblos, nacionalidades y territorialidades, que consiste en el ejercicio de su derecho a la autonomía política y económica, del autogobierno, a sus identidades culturales y territoriales, al reconocimiento de su Derecho, las normas, instituciones, procedimientos y autoridades tradicionales propias”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado reconoce, acata, observa y aplica los tratados, acuerdos, convenios y cualquier otros arreglos concertados por él, y sus antecesores jurídicos, con las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.
Esta Constitución no podrá interpretarse en el sentido de abrogar o derogar los derechos y libertades reconocidos por estos tratados o acuerdos, sino que se deberán interpretar según el sentido natural de comprensión por parte de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y por último, las incertidumbres o indeterminaciones serán interpretadas en favor de los pueblos originarios, teniendo especial relevancia los agentes o autoridades culturales que transmiten la memoria oral e histórica con respecto a la celebración de estos tratados”.

ARTÍCULO xx:

“La nación Mapuche tiene derecho a llevar sus propias relaciones diplomáticas internacionales, quienes suscriben tratados o acuerdos de cooperación con otros Estados y naciones sin intermediación de terceros.
El Derecho propio o Az Mapu prevalece por sobre los tratados internacionales, sin perjuicio de reconocer y respetar los tratados sobre derechos humanos. Ningún organismo ni tribunal internacional tendrá jurisdicción sobre el territorio ancestral, sin el reconocimiento expreso por las primeras naciones a través de tratados celebrados y pactados a su libre voluntad.
Ninguno de los tratados internacionales bilaterales o multilaterales suscritos por el Estado de Chile tienen aplicación en Wallmapu, excepto aquellos sobre derechos humanos o suscritos directamente con la nación Mapuche”.

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:

“El Gobierno de Chile, dentro de los seis primeros meses a la entrada en vigencia de esta Constitución, deberá constituir y financiar, en conjunto con la nación mapuche, la convocatoria de un Parlamento o Koyagtun, con el fin de fijar y establecer las nuevas relaciones diplomáticas y acuerdos políticos entre las naciones chilena y mapuche.
Ninguna autoridad, instituciones u organismos del Estado, ni aún calificando o alegando circunstancias especiales, podrá excluir a determinado sector, lof y/o comunidad mapuche.
Es deber del Gobierno de Chile, promover que su par homólogo de Argentina participe en la convocatoria y el desarrollo de este Koyagtun, incluyendo a los mapuche de Puelmapu. En caso de negativa por parte del Gobierno Argentino, el Estado de Chile deberá suspender todo tipo de relaciones políticas, económicas y diplomáticas con el Estado de Argentina, hasta la efectiva y comprometida participación de este último.
En caso de incumplimiento por parte del Estado de Chile, o la incapacidad de llegar a acuerdos entre las partes, la nación mapuche conservará el derecho inalienable a la autodeterminación”.

ARTÍCULO xx:

“Las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tienen derecho a la verdad y justicia, al establecimiento de garantías de no repetición y medidas de reparación integral.
Es deber del Estado de Chile resarcir los daños causados por los procesos de invasión, genocidio y colonización sobre los territorios ancestrales y formas de vida de los pueblos originarios.
Este derecho comprende la implementación de medidas, políticas, programas y mecanismos de restitución, indemnización, rehabilitación, mitigación, resarcimiento, de expresiones simbólicas o de cualquier otro carácter que sean suficientes para satisfacer la reparación de la forma más completa posible en sus dimensiones territorial, ambiental, política, económica, social, cultural, simbólica y espiritual.
El Estado será responsable de financiar, fomentar y promover estudios e investigaciones antropológicas, historiográficas y cartográficas que contribuyan al esclarecimiento de la verdad histórica en función de la reparación integral, material y simbólica.
La ley establecerá los instrumentos de justicia transicional de carácter judicial y extrajudicial que permitan garantizar los deberes estatales de verdad, justicia y reparación”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado reconoce el despojo, a través de la expoliación y usurpación territorial sufrido por las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, y se obliga a adoptar medidas de no repetición y a generar, en conjunto con estos, todos los mecanismos adecuados y oportunos para restituir las tierras y territorios, incluyendo la expropiación, sin perjuicio de otros mecanismos especiales de carácter no indemnizatorios. En aquellos casos en que no sea posible, deberá reparar íntegramente”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado será responsable de la restitución y transferencia a título gratuito de los parques, reservas, monumentos naturales o áreas protegidas situadas en los territorios ancestrales de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO xx:

“El Estado será responsable de la restitución del patrimonio arqueológico usurpado y extraído del territorio ancestral de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, disponiendo del financiamiento suficiente para la ejecución de medidas, políticas, mecanismos y procedimientos más expeditos e inmediatos para la transferencia material de la propiedad cultural por parte de las instituciones o personas que corresponda”.

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:

“Dentro de los tres primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno de Chile deberá constituir una Comisión Especial sobre Verdad y Reparación Histórica, plurinacional y paritaria. Asimismo, deberán tener representación proporcional todas las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado.
La Comisión estará encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de verdad, justicia, garantías de no repetición y reparación histórica integral, la cual deberá avaluar el daño patrimonial tangible e intangible, consecuencia de la invasión, genocidio y colonización del Estado de Chile contra las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes.
Esta Comisión deberá contemplar los fondos de desarrollo, financiamiento o inversión en función de la indemnización económica determinada por la referida comisión en virtud del daño histórico causado y la población afectada.
La Comisión deberá evacuar su trabajo dentro del plazo máximo de dos años, contado desde el momento de su constitución, prorrogable por un año previo requerimiento de la propia Comisión.
En la referida Comisión, deberá propiciarse por parte del Gobierno de Chile, la participación en calidad de observadores de los Estados de Argentina, Perú y Bolivia”.

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:

“Dentro de los tres primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, el Gobierno de Chile deberá constituir una Comisión Especial sobre Restitución Territorial, plurinacional y paritaria. Asimismo, deberán tener representación proporcional todas las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado.
La Comisión estará encargada de establecer la política de reparación y resarcimiento territorial, la cual incluirá el saneamiento, catastro y restitución del territorio ancestral, tierras, suelo, subsuelo, recursos naturales y minerales, las aguas y espacios sagrados de las primeras naciones.
Las bases de la política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas y territorios indígenas históricos y de la recuperación de la propiedad comunitaria de los bienes naturales, deberá dar preferencia y urgencia a la restitución de tierras que cuenten con espacios sagrados, de significación cultural y comunidades que están en proceso de reivindicación territorial.
La Comisión deberá evacuar su trabajo dentro del plazo máximo de un año, contado desde el momento de su constitución, prorrogable por un año previo requerimiento de la propia Comisión.
En la referida Comisión, deberá propiciarse por parte del Gobierno de Chile, la participación en calidad de observadores de los Estados de Argentina, Perú y Bolivia.”

ARTÍCULO xx:

“La Constitución reconoce a las mujeres de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes al Estado, la protección, garantía y promoción de sus derechos colectivos e individuales, y al reconocimiento de sí mismas como integrantes de una nación y/o pueblo específico.
El Estado reconoce el derecho a vivir una vida libre de violencias y sin discriminaciones de ningún tipo, a no ser maltratadas física, sexual, cultural, espiritual o psicológicamente por sus familias, comunidades, sociedad y gobiernos, otorgando garantías para la no repetición de la violencia simbólica y política estructural, la exclusión económica y social, y, del despojo territorial ejercido en su contra”.

ARTÍCULO xx:

“Debido al despojo y la exclusión histórica, las mujeres de primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes tendrán derecho especial y preferente para la tenencia, posesión, propiedad colectiva y comunitaria de la tierra, las aguas, los recursos naturales y bienes espirituales.
El Estado buscará los mecanismos, procedimientos y medidas de reparación especial para garantizar este derecho dentro de las bases de la política de saneamiento, catastro y resarcimiento territorial”.

ARTÍCULO xx:

“Es deber del Estado crear un Fondo Soberano de Reparación Histórica Especial para las mujeres de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, destinado para garantizar los derechos individuales y colectivos, y las medidas de resarcimiento territorial reconocidas por esta Constitución y la ley”.

ARTÍCULO xx:

“Se prohibirán los iconos, monumentos y nombramiento de lugares, cualquiera que estos sean, que atenten contra la dignidad y memoria histórica de las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes, en función de rendir honor a criminales de guerra y agentes colonizadores que participaron de los actos de genocidio político, social, cultural y espiritual.
Es deber del Estado, a través de sus instituciones y organismos en el ámbito de su competencia, convocar plebiscitos o referendos vinculantes para definir nuevos iconos, monumentos o nombres de espacios públicos y privados.
Los nuevos iconos, monumentos o nombres de espacios públicos y privados serán propuestos mediante sus mecanismos de deliberación interna por las primeras naciones, pueblos y comunidades preexistentes”.

ARTÍCULO TRANSITORIO xx:
“El Congreso Plurinacional del Estado de Chile, dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigencia de esta Constitución, tramitará una ley de indulto general a los presos políticos mapuche, y en determinados casos particulares promoverá medidas que sean distintas del encarcelamiento.
En caso de no aprobarse dicha legislación dentro del plazo señalado en el inciso anterior, quedan de pleno derecho liberados todos y cada uno de los presos políticos mapuche”.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Luis Nahuelhuen M.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01