5 - Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico

INICIATIVA POPULAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN TODOS SUS AMBITOS. PUEBLO QUECHU

Iniciativa Nº 950

Tema: Estatuto constitucional sobre minerales

Actualizado 24/05/2022 23:42

Esta es una Propuesta de:

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Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Situación Ideal:

I. FUNDAMENTOS
Para los Pueblos Originarios, el medio ambiente es mucho más que lo que podría significar para cualquier otro, ya que mantienen una conexión especial con la tierra y desarrollan sus vidas en virtud de los ciclos de la naturaleza. Es innegable que históricamente, a nivel mundial, desde siempre los indígenas hemos luchado por preservar y proteger los territorios que habitamos, por lo que es imperante garantizar dicha protección y así, avanzar en conjunto hacia el ejercicio de otros derechos como el de territorio, qo la libre determinación, entre otros.
Dicha necesidad ya ha sido abordada también por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 29 establece lo siguiente:
“Artículo 29:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos”.
En relación a este punto, el ya mencionado Convenio N°169 de la OIT, establece en el inciso final de su artículo 7 que: “4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.
También, en relación al territorio, el artículo 13 y 14 del Convenio señalan:
“Artículo 13:
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
“Artículo 14:
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
Es preciso agregar que, esta idea de nueva institucionalidad ambiental y su debida protección tienen directo vinculo con la igualdad ante la ley, establecida en innumerables tratados internacionales y en nuestra Constitución Política, y que a su vez garantiza derechos como la libertad de conciencia, manifestación de creencias y ejercicio libre de todos los cultos que se opongan al orden público, moral o a las buenas costumbres. Por tanto, según la normativa vigente, se incluye la cosmovisión integral que pueda tener cada pueblo o comunidad indígena, en su especial vinculo directo con el territorio y las tradiciones, debiendo tomar las medidas que sean necesarias para poder proteger y respetar el medio ambiente, considerando siempre como primordial la opinión de los pueblos indígenas que desarrollan sus formas de vida en los territorios que habitan.
El diagnóstico que somos los pueblos originarios y particularmente el pueblo que usó la institucionalidad ambiental es que carece de la facultad de necesarias para proteger nuestros derechos. Es por ello que a través de esta Norma pretendemos que exista una nueva institucionalidad ambiental qué principalmente respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y nuestra libertad de aceptar o rechazar proyectos económicos o extractivos dentro de nuestros territorios.
Pretendemos que también la mera presencia de una empresa nuestros territorios y constituye un impacto en sí mismo, y que las evaluaciones ambientales estén regidas por el denominado principio precautorio, en virtud del cual el Estado tiene la obligación de resguardar nuestra indemnidad e integridad aunque no existan pruebas científicas fehacientes de los impactos que puedan provocar estas empresas en nuestros territorios.
Asimismo se propone que los levantamientos de línea de base para Las evaluaciones ambientales sean realizadas en conjunto con los pueblos originarios y en el caso que los profesionales que participen de esos levantamientos tergiversan la información contenida en ellos negando la presencia de elementos indígenas en tales territorios, será merecedores de sanciones criminales.
Asimismo, se mejora un déficit indesmentible de la legislación chilena al establecerse delitos ambientales que serán desarrollados por la ley. Sin perjuicio de lo anterior las sanciones civiles por daño ambiental serán imprescriptibles.

Propuesta de articulado

Santiago, 31 de enero de 2022


Para: Mesa Directiva de la Convención Constitucional.
De: Héctor Escudero Aravire
Presidente de la Comunidad Indígena territorial de Iquiuca

INICIATIVA POPULAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE BUSCA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL INDÍGENA.
PUEBLO QUECHUA

I. FUNDAMENTOS
Para los Pueblos Originarios, el medio ambiente es mucho más que lo que podría significar para cualquier otro, ya que mantienen una conexión especial con la tierra y desarrollan sus vidas en virtud de los ciclos de la naturaleza. Es innegable que históricamente, a nivel mundial, desde siempre los indígenas hemos luchado por preservar y proteger los territorios que habitamos, por lo que es imperante garantizar dicha protección y así, avanzar en conjunto hacia el ejercicio de otros derechos como el de territorio, qo la libre determinación, entre otros.
Dicha necesidad ya ha sido abordada también por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 29 establece lo siguiente:
“Artículo 29:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección, sin discriminación.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado.
3. Los Estados también adoptarán medidas eficaces para asegurar, según sea necesario, que se apliquen debidamente programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por esos materiales, programas que serán elaborados y ejecutados por esos pueblos”.
En relación a este punto, el ya mencionado Convenio N°169 de la OIT, establece en el inciso final de su artículo 7 que: “4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan”.
También, en relación al territorio, el artículo 13 y 14 del Convenio señalan:
“Artículo 13:
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
2. La utilización del término "tierras" en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”.
“Artículo 14:
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
Es preciso agregar que, esta idea de nueva institucionalidad ambiental y su debida protección tienen directo vinculo con la igualdad ante la ley, establecida en innumerables tratados internacionales y en nuestra Constitución Política, y que a su vez garantiza derechos como la libertad de conciencia, manifestación de creencias y ejercicio libre de todos los cultos que se opongan al orden público, moral o a las buenas costumbres. Por tanto, según la normativa vigente, se incluye la cosmovisión integral que pueda tener cada pueblo o comunidad indígena, en su especial vinculo directo con el territorio y las tradiciones, debiendo tomar las medidas que sean necesarias para poder proteger y respetar el medio ambiente, considerando siempre como primordial la opinión de los pueblos indígenas que desarrollan sus formas de vida en los territorios que habitan.
El diagnóstico que somos los pueblos originarios y particularmente el pueblo que usó la institucionalidad ambiental es que carece de la facultad de necesarias para proteger nuestros derechos. Es por ello que a través de esta Norma pretendemos que exista una nueva institucionalidad ambiental qué principalmente respete el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y nuestra libertad de aceptar o rechazar proyectos económicos o extractivos dentro de nuestros territorios.
Pretendemos que también la mera presencia de una empresa nuestros territorios y constituye un impacto en sí mismo, y que las evaluaciones ambientales estén regidas por el denominado principio precautorio, en virtud del cual el Estado tiene la obligación de resguardar nuestra indemnidad e integridad aunque no existan pruebas científicas fehacientes de los impactos que puedan provocar estas empresas en nuestros territorios.
Asimismo se propone que los levantamientos de línea de base para Las evaluaciones ambientales sean realizadas en conjunto con los pueblos originarios y en el caso que los profesionales que participen de esos levantamientos tergiversan la información contenida en ellos negando la presencia de elementos indígenas en tales territorios, será merecedores de sanciones criminales.
Asimismo, se mejora un déficit indesmentible de la legislación chilena al establecerse delitos ambientales que serán desarrollados por la ley. Sin perjuicio de lo anterior las sanciones civiles por daño ambiental serán imprescriptibles.
POR TANTO,
En virtud de lo dispuesto en los Reglamentos de la Convención Constitucional,

II. PROPUESTA
VENIMOS EN PRESENTAR LA SIGUIENTE:
INICIATIVA CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

Agregase la siguiente norma al texto de la Nueva Constitución:
“El Presidente de la República, en un plazo de tres meses a partir de la vigencia de la nueva Constitución, presentará un proyecto de ley para crear una nueva institucionalidad ambiental del Estado. El Órgano legislativo deberá tramitarlo en un plazo de tres meses.
Esta institucionalidad constará con un Ministerio y de los servicios necesarios evaluadores o fiscalizadores, los que deberán respetar la autodeterminación de los territorios, organizaciones y autoridades tradicionales indígenas y deberá coordinarse con los otros Ministerios cuyas competencias afecten los derechos de los pueblos indígenas en materia ambiental, y con los órganos autónomos indígenas que esta Constitución reconoce.
Las evaluaciones ambientales de los proyectos procederán siempre, cuando un proyecto se desarrolle o emplace en territorios indígenas. Ellas no obstaran a evaluaciones o procedimientos de consentimiento previos en materias no ambientales.
Las evaluaciones ambientales se deberán someter a procedimientos de consentimiento previo. Las líneas de base de las evaluaciones ambientales deben ser específicas a los territorios y pueblos afectados, contando con la información más completa y actualizada, y deberán contar con la participación efectiva de las comunidades, a través de mecanismos que se desarrollarán con el mutuo acuerdo entre ellas.
Los profesionales que nieguen o tergiversen la existencia o presencia de los pueblos originarios, sus lugares ceremoniales, sus usos ancestrales del territorio o de sus recursos, así como los impactos que puedan producirse en sus territorios, sufrirán sanciones criminales, incluidas las de inhabilitación de ejercer sus respectivas profesiones en caso de que dolosa o culposamente realicen tales conductas.
El Estado aplicará, respecto de las empresas extractivas, programas de acompañamiento y fiscalización conjunta con los pueblos afectados.
La responsabilidad de todo daño producido por empresas extractivas, respecto de personas o territorios indígenas, será imprescriptible, respecto de ellas y sus sucesoras, y respecto a ella se aplicará el principio precautorio. En caso de que ello no pueda aplicarse, el Estado será responsable. Los delitos ambientales en Chile contemplarán, entre otras, sanciones privativas de libertad. Cualquier persona podrá presentar querella criminal, junto con las instituciones con competencia ambiental”.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01