3 - Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal

INICIATIVA DE PUEBLOS ORIGINARIOS QUE BUSCA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA

Iniciativa Nº 958

Tema: Organización territorial interior del Estado y división político-administrativa

Actualizado 02/07/2022 02:00

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Erwin Ojeda C.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Situación Ideal:

Es muy importante vincular la necesidad de creación de una nueva institucionalidad indígena con la igualdad ante la ley.
En base a esta consideración, la consulta implica un restablecimiento en pro de la igualdad entre indígenas y el resto de los habitantes de un territorio. Para agregar, la igualdad ante la ley está reconocida en el artículo 19 de la Constitución, asegurando en su numeral 2° “La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado (…) Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. En virtud de dicha garantía, todo ser humano es igual a cualquier otro en dignidad y derechos, nadie puede ser discriminado, con un alcance que abarca claramente dos dimensiones. Primero, se debe eliminar todo tipo de discriminación arbitraria, es decir, eliminar todo tipo de distinciones que se hagan y sean carentes de razón o sean caprichosas; y segundo, generar todas las intervenciones que sean necesarias para corregir cualquier tipo de desigualdad que se pueda llevar a cabo, debiendo el estado promover una integración armónica de todos los sectores de la nación, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades.
Estos hechos también han sido plasmados en la sentencia definitiva de la Excma. Corte Suprema en el caso Topater, la cual establece que “11. Cualquiera sea el punto de vista que socialmente se proyecte sobre una realidad como la que el presente arbitrio plantea, innegable resulta que tratándose de un cementerio que cobija, al modo silencioso como lo hacen las reminiscencias históricas, innúmeras evidencias no solamente de existencia de vida de personas que habitaron la región en época pre incásica más o menos remota; no solo eso, sino objetos múltiples que dan cuenta de prácticas, usanzas y/o costumbres propias de un apogeo cultural de etnias cuyos actuales representantes consideran, como parece natural a la especie humana, de un valor superior e incluso sagrado, con ribetes de religiosidad precolombina. Siendo así, es el parecer de estos juzgadores que la intromisión desordenada, desautorizada e inconsulta de inversionistas que pretenden ejecutar un proyecto inmobiliario que, en lo físico, se ubicaría a no más de 35 metros de distancia del punto crítico donde se resguarda tal patrimonio, sumado al tráfago propio del hábitat en el que se desenvolvería la población que allí resida, perturba el derecho legítimo que tienen las recurrentes, tanto al libre ejercicio y desarrollo de sus creencias religiosas y ritos sagrados, garantido para ellas y sus congéneres por el apartado 6° del artículo 19 de la carta fundamental, de modo que, de tolerar que se los pase a llevar, se los diferenciaría, arbitrariamente, del resto de las personas que, no perteneciendo a la etnia de las actoras, no ven inconvenientes para el libre ejercicio de iguales prerrogativas, contrariándose de esa forma, además, la garantía de igualdad y no discriminación que sienta el numeral 2° del propio artículo 19. Uno y otro, pues, se ven afectados como consecuencia directa e inmediata de la invasión que de hecho se está produciendo en los sitios singularizados”; reforzando así la idea de que el patrimonio de cada comunidad y pueblo originario, está formado por innumerables aspectos que quizás para el Estado de Chile carezcan de importancia y de toda lógica, pero que para los indígenas, constituye parte clara de la historia que debe ser repercutida durante generaciones.
Como es sabido, los Derechos Indígenas dicen relación, en su especificidad, y en lo que tengan de distinto o diferentes de los estándares de derechos fundamentales aplicados al resto de la población chilena no indígena, con el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. La no aplicación de esos estándares especiales vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues con ello se niega esa diferencia, y se asimila a los pueblos y personas indígenas a la sociedad mayor, provocando la extinción cultural de los pueblos indígenas.
A nivel nacional, el Tribunal Constitucional de Chile en su sentencia Rol N°309 de 20 de agosto de 2000 , determinó que la obligación de consultar a los pueblos indígenas establecida en el Art. 6° del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable y que modifica tácitamente a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y la Ley de Gobierno regional, destacando que “La diferencia esencial que tiene la consulta a que se refiere el artículo 6º, N° 1º, letra a), de la Convención N° 169, con aquellas otras que se establecen en el actual ordenamiento positivo. Para demostrarlo baste señalar que si bien la respuesta a la consulta a que se refiere el tratado no tiene un carácter vinculante stricto sensu si tiene una connotación jurídica especial que se encarga de precisarla el N° 2º del mismo artículo 6º que dice: ‘Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas’”.
La Consulta Indígena implica un deber jurídico del Estado de consultar a los pueblos indígenas cuando tramita normas legislativas y/o administrativas que afectan a tales pueblos, es una obligación de rango constitucional, y se ha incorporado plenamente como nueva norma que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional tras la ratificación del Convenio 169 de la OIT. El deber de consultar está establecido en tratados internacionales ratificados por Chile, a saber: el citado Convenio 169 de la OIT; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también en la jurisprudencia de los órganos autorizados de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Así, nos encontramos con el Convenio N°169 de la Organización del Trabajo (OIT) que ha establecido una serie de normas que los Estados parte deben respetar en relación a su vinculo directo con los pueblos originarios y sus comunidades, y en particular nos referiremos al artículo 6 que establece lo siguiente:
“Artículo 6:
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Además, ya el artículo 33 del mismo Convenio establece, en relación a la administración, que:
“Artículo 33:
1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones.
2. Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación con los pueblos interesados”.
En armonía con lo ya mencionado, es necesario referirse a lo establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas , la que fija en su artículo 2° que “Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas”. Continúa estableciendo en su artículo 3° que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”, para finalizar destacando en su artículo 4° que “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas”.
Desde esta perspectiva, cabe señalar que la institucional indígena se encuentra en un verdadero déficit, si es comparada con los estándares de derechos humanos ya señalados.
En primer lugar el pueblo quechua se le han impuesto políticas estatales sin consulta indígena y sin atención a los procedimientos que establece el derecho internacional y es por ello que en esta propuesta por atendemos el reemplazo de las actuales instituciones que la general y la ejecutan.
Planteamos la existencia de un Ministerio de pueblos indígenas el cual deberá coordinarse con los otros ministerios que también toman medidas que afectan a los pueblos y sus derechos efectos de generar una política indígena única.
Paralelamente el Consejo de

Propuesta de articulado

POR TANTO,
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento General de la Convención Constitucional,

II. PROPUESTA
VENIMOS EN PRESENTAR LA SIGUIENTE
INICIATIVA POPULAR DE PUEBLOS ORIGINARIOS (PUEBLO QUECHUA)
Agregase la siguiente norma transitoria al texto de la Nueva Constitución:
“El Presidente de la República, en un plazo de tres meses a partir de la vigencia de la nueva Constitución, presentará un proyecto de ley para crear una nueva institucionalidad del Estado para los pueblos originarios. El Órgano legislativo deberá tramitarlo en un plazo de tres meses.
Esta institucionalidad consistirá en un Ministerio para los Pueblos Indígenas y un Servicio que diseñe y ejecute la política indígena. Este servicio no deberá reiterar los mismos funcionarios que formaron parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
Esta nueva institucionalidad deberá respetar la autodeterminación de los territorios, organizaciones y autoridades tradicionales indígenas y deberá coordinarse con los otros Ministerios cuyas competencias afecten los derechos de los pueblos indígenas, y con los órganos autónomos indígenas que esta Constitución reconoce, a través de una política indígena consentida por los pueblos. Tal política deberá garantizar el cumplimiento eficaz de las medidas propuestas.
Esta institucionalidad contemplará un Consejo compuesto por dos representantes de cada uno de los pueblos indígenas reconocidos en Chile, con vinculación territorial, uno por género, cuyos miembros se someterán a elecciones democráticas organizadas y fiscalizadas por los órganos administrativos y judiciales electorales. Tales miembros no podrán reelegirse por más de dos veces.
La institucionalidad pública deberá respetar y coordinarse con las autonomías regionales y los órganos que la componen.
Las políticas indígenas y toda otra medida que los afecte, incluidos los presupuestos públicos, deberán ser sometidas a consultas o a procedimientos de consentimiento de acuerdo al derecho internacional, que sean vinculantes. Para ello se derogarán los Decreto N°66 y Decreto N°40, en lo relativo a la consulta indígena.
La institucionalidad indígena deberá respetar la autoidentificación de las personas y organizaciones indígenas que ancestralmente hayan ocupado el territorio, la cual estará determinada por la voluntad, memoria histórica, cultura y relatos de las mismas personas, organizaciones, sistemas de auto gobierno y territorios, por lo que jamás será impuesta desde el Estado.
Lo mismo ocurrirá respecto de las divisiones territoriales administrativas del Estado, a efectos de evitar que las unidades territoriales indígenas queden separadas.
Para ello, el Estado tendrá un plazo de un año para generar estudios objetivos, históricos, etnológicos, geográficos, toponímicos, arqueológicos, genealógicos, ecológicos, estadísticos, y otros, con el acuerdo y colaboración de los indígenas, para coadyuvar a estos procesos, así como para establecer los límites y naturaleza de la territorialidad indígena, de acuerdo al derecho internacional”.

Esta es una Propuesta de:

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Erwin Ojeda C.

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1 Feb1 de febrero2022-02-01