4 - Derechos Fundamentales

NORMAS CONSTITUYENTE INDIGENAS PAILLAMANQUE Y OTROS

Iniciativa Nº 982

Tema: Derechos individuales y colectivos indígenas y tribales

Actualizado 02/07/2022 01:19

Esta es una Propuesta de:

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Carlos Paillamanque A.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01

Problema a Solucionar:

Esta idea nace desde el seno de la comunidad indígena Maicolpi, quienes a conocer el proceso constituyente estuvieron la necesidad de participar en este proceso presentado las necesidades y problemáticas que se vivían en la actualidad como pueblo mapuche, en el transcurso de la participación indígena, esta comunidad trabajo en conjunto a otras comunidad que tenían necesidades similares, acogiendo y cotejando otras propuestas del pueblo mapuche.

Situación Ideal:

1.- Políticas públicas de prevención, protección y rehabilitación temprana para las personas en situación de discapacidad ya sea desde su nacimiento o en caso de ser sobreviniente.
2.- Equiparación de condiciones e igualdad de oportunidades para personas en situación de discapacidad para su real y plena integración social.
3.- Con respecto a la rehabilitación integral, la asignación temprana, automática, permanente y oportuna de las correspondientes ayudas técnicas. Como así mismo, el suministro de medicamentos en forma gratuita.
4.- En el ámbito laboral que se consideren las particularidades y dignidad de las personas en situación de discapacidad, que se fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas equitativas que permitan su incorporación a entidades públicas y privadas considerando la regla del 5%.
5.-En materia de vivienda que esta sea adecuada, digna y con pertinencia cultural a los pueblos originarios ya sea rural o urbano. Que para hacer efectivo este derecho, se establezca la regla de un 5% de manera descentralizada, en asignación automática y obligatoria a personas con discapacidad o familias que entre sus componentes tengan un integrante en situación de discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad que no puedan ser asistidas por familiares durante el día y no tengan donde residir de forma permanente dispondrán de centros de acogida para su residencia, para lo cual el estado debe garantizar su adecuado funcionamiento.
6.- Educación inclusiva, integral, intercultural que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación equitativa según sus condiciones, de acuerdo a las diferentes realidades, discapacidades y situación cultural al que pertenece.
7.- La educación formal en todos los niveles educativos, existiendo apoyo sistemático, oportuno y permanente de profesionales idóneos, considerando las inteligencias múltiples, contextualizada a la realidad de cada estudiante en su situación de discapacidad y su origen sociocultural. Así mismo, contemplar la obligatoriedad del acceso universal en todos estos establecimientos.
8.- Atención de salud sicológica y física oportuna, permanente, gratuita e intercultural para las personas en situación de discapacidad y acompañamiento a su familia por profesionales especialistas idóneos y con pertinencia cultural a los pueblos originarios. El abordaje de la discapacidad , de rehabilitación, y tratamiento debe ser considerando la medicina ancestral tradicional de los pueblos para el desarrollo integral y buen vivir de estos mismos.
9.- El derecho a la participación política de personas en situación de discapacidad que asegure su representación implementando la regla del 5% con escaños reservados para candidatas y candidatos y descentralizada en cada elección
10.- El trabajo y dedicación de los cuidadores de personas en situación de discapacidad asegurando una pensión digna, pertinente a su razón sociocultural, apoyos para proyectos de emprendimientos en favor de las personas con discapacidad y sus familiares. A si mismo la ley sancione el abandono y maltrató de estas personas y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, tratos inhumanos o degradante y discriminatoria por razón de su condición.
11.- Derechos lingüísticos en sus distintas formas y medios de comunicación inclusivos, entre ellos la lengua de señas, el sistema braille, los vociferadores, las lenguas de los distintos pueblos originarios, en servicios públicos y privados.
12.- La accesibilidad universal en todos los espacios públicos y privados incluyendo medios de transportes. Así mismo, el desarrollo de políticas públicas que fomenten el esparcimiento, recreación y descanso de las personas en situación de discapacidad, según sea su contexto sociocultural.

Propuesta de articulado

AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN
Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a la libre determinación, que en su ejercicio les permite determinar libremente su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social, jurídico, territorial y cultural dentro de marco del buen vivir. Tienen derecho, además, a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y territoriales, fiscales y organizacionales, teniendo el derecho a participar de manera transparente, incidente y vinculante en la determinación del presupuesto público que les permita disponer de los medios suficientes para financiar sus funciones autónomas.
Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a la igualdad material de oportunidades para acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las instituciones y foros internacionales, nacionales, regionales, comunales y territoriales, incluyendo los cuerpos deliberantes.
El Estado asegura una participación mediante Escaños Reservados para cada pueblo y nación preexistente en el Congreso Nacional, Poder Judicial, Gobiernos Regionales, Comunales, órganos de la administración del Estado y órganos autónomos constitucionales y en cualquier otro espacio donde se ejerza la función pública.
Los pueblos y naciones tienen derecho a mantener y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, y las formas propias para gobernar en sus territorios o jurisdicciones, deliberar y decidir bajo su derecho consuetudinario. Así como a participar en la adopción de decisiones con el carácter de incidente y vinculante en todas las cuestiones que afecten sus derechos y territorios, de acuerdo a sus propias normas, procedimientos y tradiciones. El estado no podrá inmiscuirse en el ejercicio de libre de estos derechos.





DERECHO AL AGUA Y PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES
Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ecológica. El estado garantizará su conservación, recuperación y manejo sustentable e integral, en tanto cuencas hidrográficas y caudales asociados a ciclos hidrológicos. En conjunto con los pueblos, el Estado regulará toda actividad que pueda afectar el equilibrio de los ecosistemas, asociados a las actividades que puedan afectar la calidad y cantidad de agua, fuentes y zonas de recarga y desembocadura, incluyéndose la dimensión transfronteriza.
El agua para los pueblos indígenas representa un elemento sagrado, compuesto de rituales y ceremonias que armonizan el cosmos y perpetúan las tradiciones. Desde la cosmovisión el agua está íntimamente relacionada con el existir del ser humano. El vínculo persona, agua y naturaleza hacen parte de la identidad cultural de las comunidades.
Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las aguas superficiales y subterráneas que han poseído u ocupado y utilizado actual e históricamente, asumiendo las responsabilidades de su conservación que a ese respecto involucran a las futuras generaciones y los demás elementos de la naturaleza. El Estado garantizará su pleno ejercicio frente a terceros y adoptará las medidas eficaces, junto con los pueblos, para asegurar que accedan, mantengan, respeten y protejan tales espacios.
Tendrán derecho a la reparación estatal, incluyéndose la restitución y regeneración o cuando no sea posible, una indemnización pecunaria, suficiente, justa y equitativa por las aguas superficiales y subterráneas que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido agotadas, confiscadas, tomadas, ocupadas, utilizadas, o dañadas sin su consentimiento libre, previo e informado. También tendrán derecho a la reparación por parte de terceros que hayan intervenido o intervengan el territorio de los pueblos y naciones preexistes por las acciones u omisiones que les hayan afectado o afectaren por las externalidades negativas, daños, perjuicios y la afectación a sus derechos humanos.
Los pueblos tienen derecho a la propiedad de las aguas que se encuentren en su territorio, controlándose y administrándose bajo sus instituciones propias en instancias de planificación, gestión y fiscalización o las que determinen necesarias para mantener el equilibrio, el buen vivir, la biodiversidad y el uso consuetudinario de las aguas para la preservación de la vida. El Estado deberá proveer los recursos y medidas necesarias para asegurar el ejercicio de este derecho.
Cadúquense los derechos de aprovechamiento de agua presentes en el territorio que habitan los pueblos y naciones preexistentes, dando paso a las indemnizaciones pertinentes que se determinen por ley, excepcionándose los que se detenten por las personas y familias indígenas que gozan de ellos, los que servirán de antecedentes para la administración, manejo y uso consuetudinario y ancestral que se realice por sus instituciones propias.

DERECHOS COLECTIVOS DE TIERRAS Y TERRITORIOS, BIENES Y RECURSOS NATURALES.
El Estado reconoce, respeta y garantiza la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos y naciones preexistentes reviste su relación las tierras, territorios, aguas, lugares sagrados, mares costeros y otros bienes y recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y en particular, los aspectos colectivos de esa relación.
Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a acceder, mantener, proteger y reivindicar sus espacios de significación cultural y espiritual. El Estado adoptará las medidas eficaces junto con los pueblos para asegurar que estos accedan, mantengan y protejan tales espacios y se respeten por terceros.
Los pueblos y naciones preexistentes tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y el territorio que actual o tradicionalmente han ocupado. El término tierra comprende el de “territorio”, ya sea éste terrestre, marítimo, aéreo o insular, todas las formas de vida, sus bienes y recursos naturales y cubre la totalidad del hábitat de las regiones que ocupan o utilizan, o han poseído, ocupado o utilizado de alguna manera, incluyendo el suelo y subsuelo, considerando el resguardo y preservación del fillken mongen (biodiversidad) o el nombre que reciba desde las creencias o culturas de los otros pueblos y naciones.
Las tierras y territorio indígenas, gozarán de protección y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o integrantes del mismo pueblo.
No se desarrollaran actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas.
Los pueblos y naciones preexistentes que habitan a lo largo de las costas, y que ejercen el uso consuetudinario de los ecosistemas asociados y de los bienes y recursos naturales tienen derecho a manejar, controlar, usar, administrar, resguardar y disponer del meritorio. Asimismo, gozarán de iguales derechos sobre las cuencas lacustres y fluviales.
Las comunidades e integrantes de los pueblos y naciones preexistentes que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a terceros, tienen el derecho de reivindicarlas, recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad, con derecho a la indemnización por los daños ocasionados. Para ello se considerarán como antecedentes los tratados celebrados por los pueblos y naciones con la Corona y con el Estado de Chile y los títulos de comisario y merced que les fueron otorgados. El Estado ejecutará la restitución territorial y el saneamiento de las tierras mediante mecanismos determinados en conjunto con los pueblos, a través de sus instituciones y organizaciones representativas.
Los pueblos y naciones preexistentes tienen derecho a los bienes y recursos naturales existentes en sus tierras, el estado respetará los usos consuetudinarios de los espacios y dará protección y garantías de ellos.
Las comunidades indígenas que habitan dentro de reservas y parques de propiedad del Estado, tienen derecho a solicitar la transferencia de la propiedad a titulo gratuito en base a la función que cumplen como guardianes de la biodiversidad, con el objeto de conservar y manejar el cuidado del patrimonio natural. En tales espacios, el Estado en conjunto con los pueblos, implementará programas con financiamiento apropiado para generar educación de conocimientos ecológicos tradicionales.












SALUD INTERCULTURAL
Los pueblos y naciones preexistentes al Estado tienen derecho a la salud en su dimensión individual y colectiva.
Los pueblos tienen derecho a sus propios sistemas y prácticas de salud preexistentes, así como al uso y la protección de las plantas, animales, minerales de interés vital, y otros recursos naturales de uso medicinal en sus tierras y territorios ancestrales, incluyendo la dimensión transfronteriza. Asimismo, en el ejercicio de su derecho a la autodeterminación, tienen el derecho de acceder a sistemas de salud sin discriminación, con pertinencia cultural, y desarrollando sus propias instituciones y prácticas de salud.
El Estado a través de todas sus instituciones públicas, debe garantizar el adecuado acceso al uso de la medicina ancestral de los pueblos, en conjunto con la medicina occidental, sin ningún tipo de discriminación ni cuestionamiento por parte de la institucionalidad pública, garantizando siempre el diálogo clínico respetuoso entre ambos sistemas, en beneficio de las personas y sus familias, ya sean pertenecientes a pueblos preexistentes o no.
El Estado debe reconocer la validez de ambos sistemas, respetando el sistema de validación comunitaria en conjunto con el método científico, sin ningún tipo de desmedro. Además, garantizará un financiamiento adecuado para la cobertura de atención de salud, en general y con especialidades, en todo el país
El Estado deberá adoptar medidas eficaces para garantizar plenamente el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de permitir el más alto goce de salud física, mental y comunitaria.
Será deber de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud de los pueblos indígenas, tanto en su dimensión individual como colectiva, el que será universal y gratuito. Las comunidades indígenas tendrán derecho a designar a facilitadores interculturales y referentes de medicina tradicional en los sistemas de salud pública.









EDUCACIÓN Y PUEBLOS Y NACIONES PREEXISTENTES
Los pueblos preexistentes tienen derecho a una educación gratuita intracultural, intercultural y plurilingüe en todos los niveles del sistema educativo nacional.
El Estado debe garantizar, promover, respetar y difundir el derecho a la educación intercultural, contextualizada y pertinente a los territorios.
El Estado debe garantizar y promover que los pueblos prexistentes desarrollen sus propias instituciones educativas, con una participación vinculante de los pueblos en la toma de decisiones. Asimismo, el Estado debe velar por la transversalidad de los saberes, conocimientos culturales y lingüísticos en el curriculum educativo.
El Estado debe respetar y garantizar el desarrollo del enfoque metodológico de la educación intercultural, con participación de la comunidad, permitiendo entender la realidad social, política, económica y cultural de los pueblos, fortaleciendo las condiciones para el desarrollo de un buen vivir.

DERECHOS LINGÜÍSTICOS
El Estado reconoce las lenguas de los pueblos preexistentes, las que tendrán el carácter de oficial según el territorio respectivo.
Los pueblos preexistentes al Estado tienen derecho a revitalizar, preservar y difundir, sus lenguas, de acuerdo al territorio que pertenezcan.
El Estado tiene el deber de promover y respetar el uso de las lenguas de los pueblos en todo ámbito público y privado.
El Estado debe crear políticas públicas orientadas a garantizar y dar eficacia a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, y especialmente a conservar, revitalizar y educar respecto de las lenguas en peligro de extinción.
El Estado promoverá y contribuirá con asesoría técnica y recursos suficientes para lograr sus fines, en la fundación de Institutos de Lengua y Cultura de los Pueblos y naciones preexistentes, como organismos autónomos, compuesto por integrantes de los pueblos con conocimientos formales y no formales, dedicados a la investigación, difusión y capacitación en sus lenguas y culturas respectivas






DERECHO AL PATRIMONIO Y HERENCIA CULTURAL
Los pueblos y naciones preexistentes, y sus integrantes tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y expresiones culturales, sus conocimientos colectivos, sus ciencias, técnicas, tecnologías y saberes ancestrales. Comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas.
El Estado debe respetar y velar por la protección y preservación del patrimonio espiritual y cultural de los pueblos preexistentes al Estado, como espacios sagrados y educativos para el desarrollo de la enseñanza de los principios y valores de cada pueblo.

Nada de lo contenido en estos derechos será susceptible de apropiación pública o privada por ser parte de la herencia cultural de los pueblos y naciones preexistentes al Estado. Los pueblos y naciones tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar la propiedad intelectual respecto de su patrimonio cultural, expresiones culturales y conocimientos tradicionales en la forma que lo libre determinen.


PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN GENERAL Y PERSONAS PERTENECIENTES A PUEBLOS ORIGINARIOS , RURAL Y URBANO.

El Estado debe garantizar:
1.- Políticas públicas de prevención, protección y rehabilitación temprana para las personas en situación de discapacidad ya sea desde su nacimiento o en caso de ser sobreviniente.
2.- Equiparación de condiciones e igualdad de oportunidades para personas en situación de discapacidad para su real y plena integración social.
3.- Con respecto a la rehabilitación integral, la asignación temprana, automática, permanente y oportuna de las correspondientes ayudas técnicas. Como así mismo, el suministro de medicamentos en forma gratuita.
4.- En el ámbito laboral que se consideren las particularidades y dignidad de las personas en situación de discapacidad, que se fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas equitativas que permitan su incorporación a entidades públicas y privadas considerando la regla del 5%.
5.-En materia de vivienda que esta sea adecuada, digna y con pertinencia cultural a los pueblos originarios ya sea rural o urbano. Que para hacer efectivo este derecho, se establezca la regla de un 5% de manera descentralizada, en asignación automática y obligatoria a personas con discapacidad o familias que entre sus componentes tengan un integrante en situación de discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad que no puedan ser asistidas por familiares durante el día y no tengan donde residir de forma permanente dispondrán de centros de acogida para su residencia, para lo cual el estado debe garantizar su adecuado funcionamiento.
6.- Educación inclusiva, integral, intercultural que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación equitativa según sus condiciones, de acuerdo a las diferentes realidades, discapacidades y situación cultural al que pertenece.
7.- La educación formal en todos los niveles educativos, existiendo apoyo sistemático, oportuno y permanente de profesionales idóneos, considerando las inteligencias múltiples, contextualizada a la realidad de cada estudiante en su situación de discapacidad y su origen sociocultural. Así mismo, contemplar la obligatoriedad del acceso universal en todos estos establecimientos.
8.- Atención de salud sicológica y física oportuna, permanente, gratuita e intercultural para las personas en situación de discapacidad y acompañamiento a su familia por profesionales especialistas idóneos y con pertinencia cultural a los pueblos originarios. El abordaje de la discapacidad , de rehabilitación, y tratamiento debe ser considerando la medicina ancestral tradicional de los pueblos para el desarrollo integral y buen vivir de estos mismos.
9.- El derecho a la participación política de personas en situación de discapacidad que asegure su representación implementando la regla del 5% con escaños reservados para candidatas y candidatos y descentralizada en cada elección
10.- El trabajo y dedicación de los cuidadores de personas en situación de discapacidad asegurando una pensión digna, pertinente a su razón sociocultural, apoyos para proyectos de emprendimientos en favor de las personas con discapacidad y sus familiares. A si mismo la ley sancione el abandono y maltrató de estas personas y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, tratos inhumanos o degradante y discriminatoria por razón de su condición.
11.- Derechos lingüísticos en sus distintas formas y medios de comunicación inclusivos, entre ellos la lengua de señas, el sistema braille, los vociferadores, las lenguas de los distintos pueblos originarios, en servicios públicos y privados.
12.- La accesibilidad universal en todos los espacios públicos y privados incluyendo medios de transportes. Así mismo, el desarrollo de políticas públicas que fomenten el esparcimiento, recreación y descanso de las personas en situación de discapacidad, según sea su contexto sociocultural.

Esta es una Propuesta de:

Foto de persona

Carlos Paillamanque A.

Disponible Desde:

1 Feb1 de febrero2022-02-01