- Sistema Político (3)
- Principios Constitucionales (5)
- Forma de Estado (2)
- Derechos Fundamentales (46)
- Medio Ambiente (15)
- Sistema de Justicia (3)
- Sistemas de Conocimientos (3)
CON MI PLATA NO - DEFIENDE TUS AHORROS PREVISIONALES
Propuesta nº 8590
Una de las grandes demandas sociales que se manifestó en la marcha del millón, del 25 de octubre de 2019, fue las bajas pensiones que no permiten vivir a los jubilados de una manera digna. La diferencia entre hombres y mujeres y las lagunas previsionales son solo algunas de las fallas del sistema.
Muchos candidatos y parlamentarios han propuesto que este cambio se produzca a costa de los trabajadores, que seamos nosotros los que financiemos las desigualdades del sistema proponiendo un sistema de reparto, o con componentes de reparto de cotizaciones, o derechamente nacionalizando nuestros fondos. Elementos que han fallado en todos los países en donde se ha aplicado, a causa del envejecimiento de la población. Que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Por lo tanto, esta iniciativa busca mejorar las pensiones y al mismo tiempo proteger el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras.
Libre derecho sobre la propiedad privada
Propuesta nº 5502
Derecho a la propiedad privada. A que cada persona pueda administrar de manera libre y autónoma sus propiedades. Pueda adquirir o vender cuantas propiedades desee, sin intervención del Estado. Vender, comprar, arrendar segun sus necesidades libremente. Y elegir el lugar donde quiera vivir.
Cannabis a la Constitución Ahora: Por el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar
Propuesta nº 45286
El Estado de Chile incumple su deber esencial de servir a la persona humana, omitiendo aportar activamente a la creación de las condiciones sociales que nos permitan a todas las personas, sin discriminación alguna, progresar espiritual y materialmente al máximo de nuestras potencias y capacidades (Preámbulo, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y artículo 1º de la actual Constitución Política de la República).
El Estado de Chile, a través de sus agentes, ejerce una vulneración sistemática hacia la dignidad esencial y soberanía personal de las personas que voluntariamente cultivan plantas y consumen sustancias enteógenas con fines legítimos, viendo transgredidos sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, derecho a la preservación de la salud y al bienestar, a la igualdad ante la ley, derecho a un debido proceso o a ser sometido a un proceso racional y justo, derecho a los beneficios de la cultura, a la libertad de creencia y de culto, entre otros.
El Estado de Chile criminaliza a un grupo determinado de la población, excluyendo su participación ciudadana y de la vida en comunidad.
La falta de habilitación en los funcionarios públicos encargados de administrar justicia para ejercer efectivamente el control de convencionalidad, evita reconocer y proteger ámbitos más sutiles de la existencia humana, como la dimensión espiritual, fuente de dignidad y soberanía personal, límite constitucional para el poder estatal y espacio intangible que nos permite administrar nuestra realidad hacia la realización, potencial humano que se ve actualizado mediante el uso responsable y virtuoso de herramientas enteógenas como la cannabis, los Hongos Psilocibes, el cactus de San Pedro y la Ayahuasca
La ley de tráfico ilícito de sustancias controladas se aplica erróneamente en forma sistemática, vulnerando la dignidad humana y volviendo ilegítimo el sistema jurídico en su totalidad.
Será Ley
Propuesta nº 5938
Como Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile, buscamos solucionar el problema de la falta de garantías para la interrupción voluntaria del embarazo en Chile, la existencia de la Ley 21.030 en tres causales no brinda solución integral a la cuestión del Aborto, tanto en términos de magnitud como en cuanto a quién corresponde la decisión. Es derecho de la persona que puede maternar como también la persona que puede abortar, por lo tanto, es un derecho humano y es parte de la gran gama de Derechos Sexuales y Reproductivos.
Dicho lo anterior, el problema en cuestión abarca variados temas, tales como la salud sexual, salud reproductiva, derecho a la información, educación sexual integral, acceso a la salud mental en temas de género y la interrupción del embarazo, es decir, el derecho a decidir sobre el proyecto de vida y sobre el propio cuerpo. Nos pronunciamos ante la nula existencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la actual Constitución del país, también nos situamos desde el derecho a la vida digna, entendiendo la dignidad como un principio fundamental que tampoco se encuentra expresado en la Carta Magna, además, nos situamos en la penalización social que emana de la ausencia de regulación que garantice el derecho, si bien es cierto que existe la definición del Estado, como uno laico, en la práctica no es así.
En síntesis, buscamos la solución a la falta de cumplimiento de los estándares internacionales, plasmados en diversos Tratados firmados por el país, materializandose así la precariedad del Estado chileno al respecto. Por ende se busca dar respuesta a la inexistencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas y a los parámetros morales aplicados tras esta falta de garantías, sobre todo en torno al aborto; los estándares internacionales catalógan el aborto como un derecho humano, el cual creemos debe ser respetado por el Estado chileno y sus actores políticos.
Banco Central Autónomo
Propuesta nº 5930
La inflación es uno de los temas económicos más dañino para las personas. No controlarla supone un deterioro para la calidad de vida de los hogares, especialmente los más pobres. No controlar la inflación es un fracaso del Estado y ya lo hemos experimentado. Entre 1925 y 1989 la inflación anual promedio en Chile llegó a más de 45%: sufríamos inflación crónica. Esto hacía más difícil la vida de los trabajadores, que veían que su sueldo perdía considerablemente capacidad de compra. En 1989 se le otorgó autonomía al Banco Central (BC), momento en el cual logró estabilizar el peso chileno. Desde entonces la confianza en el BC comenzó a acrecentarse, la inflación logró controlarse hasta converger a niveles saludables, en torno a 3% anual, que es su meta actual.
Otros países han pasado por episodios similares: la evidencia es concluyente respecto a la necesidad de aislar al BC y la política monetaria de los ciclos políticos, presiones electorales y de la política fiscal.
En 1957, los alemanes crearon el primer BC Autónomo de la historia. El Bundesbank convirtió al marco alemán en una de las monedas más respetadas del mundo y fue una pieza clave del milagro económico alemán de posguerra. Este modelo se basa en una independencia de la política monetaria del Estado, la prohibición de otorgar créditos al sector público y un férreo control de la inflación.
La evidencia empírica y teórica ha ratificado la intuición alemana. Hoy todos los países desarrollados en el mundo cuentan con un BC Autónomo. Y los países que no le han dado autonomía a su BC sufren graves problemas de inflación e inestabilidad de sus monedas. No podemos olvidar la historia y cometer los mismos errores.
Hoy tenemos una oportunidad para modernizar el BC y adaptarlo a los nuevos desafíos. Proponemos un texto constitucional que permita al BC seguir protegiendo los sueldos de los trabajadores, evitar crisis económicas y dotar de estabilidad a nuestra moneda, modernizando sus objetivos y estructura.
Derecho a la vida
Propuesta nº 4138
Queremos que el derecho a la vida tenga protección constitucional, y que esta protección sea desde el momento de la concepción. Todas las personas tienen derecho a la vida, independiente de su edad o estado de desarrollo. Vemos como un problema la amenaza al derecho a la vida del no nacido, que se ha materializado incluso en una ley de aborto en 3 causales en nuestro país, y en un proyecto de ley de aborto libre en tramitación.
Este problema es social y legal, pues ambas dimensiones van, por lo general, unidas. Así, la protección constitucional y legal del derecho a la vida puede contribuir a que, socialmente, el derecho a la vida de cada chileno sea respetada. En tanto, si las leyes y la Constitución no reconocer que todos somos iguales en dignidad y derechos, puede contribuir al problema social de discriminar arbitrariamente al no nacido.
Derecho a la Educación, Derecho y Deber Preferente de los Padres, y Libertad de Enseñanza
Propuesta nº 34
La iniciativa tiene como objetivo asegurar el derecho humano a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres de elegir la educación para sus hijos, de la forma en que estos derechos fundamentales se consagran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por nuestro país, entre los que destaca el Pacto de San José de Costa Rica.
Confesiones religiosas quieren contribuir con la CC: proponen texto sobre la Libertad Religiosa y de conciencia en nueva Constitución
Propuesta nº 3042
La presentación la hacen la mayoría de las Confesiones Religiosas y creencias presentes en Chile, agrupadas en un Grupo de Trabajo establecido para presentar a la Convención un articulo específico sobre la Libertad Religiosa y de conciencia en la NC
Las confesiones religiosas y creencias viene trabajando en conjunto desde el mes de agosto el año en curso, mediante contactos periódicos entre sus principales dirigentes y sus bases, con el fin de llegar a un lenguaje común y una propuesta en conjunto acerca del significado de la libertar religiosa y de conciencia en nuestro ordenamiento constitucional, con la finalidad de llegar a un propuesta concreta de un texto de artículo para ser propuesto a la Convención Constitucional. El primer paso fue acordar en conjunto un texto base que se denominó Propuesta de contenido sobre Libertad Religiosa en la nueva Constitución, presentado ante la Convención con fecha 18 de octubre Un segundo paso fue elaborar en conjunto un texto de articulo para proponer a la Convención.
Por el Agua, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares
Propuesta nº 40230
Es urgente desprivatizar las aguas y recuperar sus fuentes, establecer los derechos humanos al agua y el saneamiento, y proteger los glaciares y la criosfera en el marco de los Derechos de la Naturaleza. La visión de la naturaleza como una “cosa” a ser utilizada, sin derechos, ha destruido la biodiversidad y los ecosistemas y contaminado suelos y aguas, dañando territorios y comunidades. Los dueños de los derechos de agua han secado ríos, lagunas y humedales. En 2021, el 53,2% de las comunas del país han sido declaradas en escasez hídrica, vulnerando los derechos de un 8,1% de la población. Los campesinos y comunidades indígenas ya no pueden seguir con sus formas tradicionales de vida, o viven en territorios en sacrificio. La privatización del agua destruye los ecosistemas, daña la agricultura familiar campesina, obstaculiza la soberanía alimentaria y la transición a la agroecología, y vulnera, entre otros, el derecho humano al agua y la dignidad de personas y familias.
Los glaciares, fuentes de agua que surten a las cuencas de los territorios, no son regenerables a escala humana y su estado es crítico por la actividad minera y el calentamiento global. Pese a que Chile es un país dependiente de sus montañas y concentra 23.641 km², de un total de 25.908 m² de toda la superficie glaciar de América Latina, no hay leyes de protección efectiva contra la actividad industrial. No hay conciencia que en época seca los glaciares aportan el 75% del caudal del Río Aconcagua, y en general, un 60% del caudal de los ríos en la zona central. Se ignoran advertencias de La Corte Suprema señalando que los glaciares no pueden ser “objeto de proyectos de inversión con fines económicos.
Iniciativa Popular por una Educación Libre y Diversa
Propuesta nº 4102
La necesidad de mejorar la calidad y el acceso a mejor educación es un tema que ha estado presente hace muchos años en la agenda de la discusión pública. Lamentablemente, la politización de las posturas ha llevado a que nos hayamos centrado en soluciones que no han apuntado muchas veces en mejorar lo más importante, que es una mejor educación para todos nuestros niños, niñas y jóvenes.
Haciendo un diagnóstico de cómo ha funcionado el sistema en el pasado, todos los estudios concuerdan que la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos es un bien reconocido por la gran mayoría de los chilenos. Por ello, causó enorme preocupación el que este derecho no haya sido incorporado en la lista de derechos fundamentales durante la primera etapa de la discusión constitucional. Creemos que una educación libre y diversa nos permitirá mejorar la calidad del sistema en su conjunto. En ese contexto, nos hemos unido para presentar este proyecto de iniciativa popular, que aborda el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos.
Un Poder Legislativo en Chile de carácter bicameral
Propuesta nº 47662
Existe un creciente cuestionamiento a la eficiencia y eficacia del Poder Legislativo en Chile, donde se responsabiliza erróneamente a la actual estructura bicameral del Congreso Nacional. La falta de eficacia y eficiencia del Poder Legislativo en Chile no radica en su estructura bicameral, sino más bien en la cantidad de legisladores y su representatividad, junto con su propio funcionamiento orgánico, organización interna y el desempeño mismo de los legisladores. Se ha propuesto un régimen unicameral obviando sus enormes dificultades y desventajas.
La concepción unicameral privilegia la eficiencia del proceso legislativo a costa de la calidad, imponiendo una tiranía de la mayoría transitoria, la que sin contrapeso alguno puede aprobar y derogar leyes. De esta forma, un régimen unicameral se traduciría en mayor inestabilidad política, clientelismo, agudizaría los ciclos políticos, aumentando la incertidumbre política y económica del país. Además, un Congreso unicameral impondría mayor vulnerabilidad al Poder Ejecutivo al poseer la atribución absoluta de destituir al presidente, por lo que la ciudadanía perdería poder de representación y decisión sobre quien los gobierna.
PRIMERO LAS VICTIMAS
Propuesta nº 8618
Chile se ha convertido en un país de víctimas. Los delincuentes ya no tienen miedo de matar, enfrentarse con la policía y a la justicia una y otra vez. Los portonazos, que antes se cometían de noche, hoy se realizan a plena luz del día. Los vándalos han arrasado con el comercio en las principales capitales del país, han aumentado los homicidios vinculados al narcotráfico en el norte y muestran sus fusiles de guerra en el sur.
La violencia destruye la calidad de vida de las personas, limita la libertad y amenaza los derechos básicos de seres humanos, principalmente el derecho a la vida y a la seguridad.
Por cada hora que pasa se cometen 35 delitos de alta connotación social. Uno de cada dos crímenes son cometidos por reincidentes. El sistema judicial es garantista y prioriza los derechos de los victimarios. Las víctimas estamos desamparadas, solas, sin protección ni justicia. Nadie hace nada. El Estado nos ha abandonado.
#NoSonMuebles - Incorporación de los Animales en la Constitución
Propuesta nº 1650
Actualmente, la protección y bienestar de los Animales No Humanos (ANH) es una materia de interés para la gran mayoría de las y los ciudadanos. En un reciente estudio realizado por nuestra Fundación junto a IPSOS se estableció que el 82% de la población esta de acuerdo en que las autoridades políticas deben trabajar por la protección de los los ANH. En este contexto, los ANH tienen el estatuto legal de “cosas” en nuestro ordenamiento jurídico lo que no permite la apropiada protección de sus intereses y necesidades, y su reconocimiento como seres sintientes o individuos dotados de sensibilidad.
POR UNA MINERÍA SUSTENTABLE PARA CHILE: COMPROMETIDA CON SUS HABITANTES, SUS TERRITORIOS, EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DESAFÍOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Propuesta nº 20654
El sector minero es indispensable para que Chile avance hacia un mayor bienestar y equidad. Aporta más de la mitad de las exportaciones del país, un quinto de las inversiones y un décimo del PIB, siendo la actividad que más impuestos paga. A través del encadenamiento productivo, por cada 100 pesos de PIB minero, las empresas proveedoras del sector aportan otros 80 pesos al PIB. Estos y otros aportes del sector han sido fundamentales en que Chile tenga el Índice de Desarrollo Humano más alto de Latinoamérica. Esta actividad ha venido contribuyendo al país desde siempre, constituyendo el principal sustento en importantes regiones y siendo fuente de identidad cultural.
Por sus altas inversiones, extensos plazos en que éstas pueden ser recuperadas, inciertos resultados (particularmente de la actividad exploratoria) y otras características propias, la minería requiere de una regulación estable, cierta y específica en varios aspectos. El haber contado con este tipo de normas ha sido una causa fundamental de su éxito en las últimas décadas.
Este desempeño positivo se explica también por la existencia de un sistema mixto, que combina armónicamente la minería pública con la privada, tanto nacional como extranjera; así como la pequeña, mediana y gran minería. Los proveedores mineros constituyen otro pilar de este virtuoso sistema. Garantizar a todos éstos la certeza de sus derechos, así como la exigibilidad de sus obligaciones, resulta clave para este sector de la economía.
A las normas constitucionales mineras, deben agregarse las referidas a la protección medioambiental y al desarrollo social, con miras a la sustentabilidad sectorial y del país. La nueva Constitución debe contener normas efectivas para la protección del medioambiente, que permitan el bienestar de todas las personas, así como brindar las condiciones para que la minería siga contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Derecho a la Seguridad Social
Propuesta nº 4758
La falta de un sistema de Seguridad Social que otorgue prestaciones suficientes a hombres y mujeres en estado de necesidad. Lo que exige acabar con el negocio previsional sustentado en la capitalización individual y avanzar hacia un sistema solidario, como existe en la mayoría de los países del mundo.
Nacionalización de las Empresas de la Gran Minería del cobre, del litio y del oro
Propuesta nº 5602
Nuestro país tiene muchas necesidades sociales que no pueden ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades. Pero, como las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los tributos necesarios, esos recursos no lo recibe el país y por ello es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas mineras.
PROTECCOIN DE LOS ANIMALES. RECONOCIMIENTO DE LA SINTIENCIA Y RESPETO DE LAS CULTURAS RURALES, TRIBAL AFRODECENDIENTES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
Propuesta nº 13394
Los animales domésticos, aquellos que acompañan al ser humano desde milenios y que solo pueden subsistir gracias al cuidado de sus dueños, están en grave riesgo de desaparecer al igualarlos con los animales salvajes según las actuales modas animalistas y veganas que dejaron de lado la ciencia para imponer una visión religiosa panteísta e ideologizada sobre los animales.
Las especies domésticas son fundamentales para la supervivencia del ser humano, parte esencial de su alimentación y de su identidad a través de sus manifestaciones culturales, religiosas y juegos criollos, tales como la ganadería, la pesca, la cacería, la asistencia en las zonas rurales no conectadas y vulnerables, los deportes con animales y tradiciones como el rodeo, jineteadas, carreras de galgos, carreras chilenas, la gallística mapuche, tribal afrodescendiente y/o urbana, los laceadores, etc.
No proteger el dominio y las actividades que dan origen a la misma existencia y cuidado de los animales domésticos, causará su desaparición, la pérdida de su biodiversidad y gran daño a los pueblos y culturas rurales, tal y como ya lo hemos observado dolorosamente cuando se prohíben actividades con animales bajo el pretexto de su protección o rescate. La eliminación de las victorias de Viña y la muerte de esos caballos es un doloroso ejemplo.
INHABILIDAD PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS PARA PERSONAS CONDENADAS POR CORRUPCIÓN
Propuesta nº 3182
Existe un amplio consenso en la doctrina que la corrupción es un fenómeno social que pone en riesgo y lastima gravemente la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico. Si bien es cierto la corrupción ha estado presente siempre en la vida social y jamás podrá ser desterrada del todo, ello no significa que los Estados no deban implementar todos los remedios que sean necesarios para reducirla en la mayor medida de lo posible. La corrupción pone en serio riesgo la democracia y la legitimidad de sus instituciones y además genera indiferencia y apatía en la ciudadanía. En efecto, “la corrupción política contamina las decisiones estatales, se va generando en la ciudadanía la idea, o lo que es peor la convicción de que no «vale la pena» interesarse e involucrarse en la cosa pública porque siempre serán escuchados los mismos, aquellos que pueden influir en las decisiones públicas. Esta apatía/indiferencia trae consigo que los ciudadanos y ciudadanas se replieguen, transformándose en actores pasivos y renunciando con ello a jugar su papel fundamental en el control del ejercicio del poder. Estamos seguros de que no nos equivocamos al afirmar que una ciudadanía pasiva, apática e indiferente es el mejor escenario para el político corrupto”. Los bajos índices del participación electoral en los últimos procesos puede ser entendida en cierta forma por la percepción de corrupción instalada en los últimos años en nuestra ciudadanía.
Hoy las democracias están viviendo una crisis de legitimidad y una de sus causas es la corrupción, especialmente la política. “Así las cosas, la corrupción, especialmente la corrupción política, la de los gobernantes, no sólo afecta la democracia, sino que también a la propia igualdad y libertad humana, dando así un golpe de muerte a la democracia, deslegitimándola y, permitiendo con ello la aparición de intentos demagógicos y autocráticos de controlar el poder”.
Por unas Fuerzas Armadas y de Orden que sean el orgullo de todos chilenos y garanticen la democracia, la seguridad nacional y la defensa de la patria.
Propuesta nº 41694
Nos interesa promover el respeto, apreció y institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, como pilar fundamental de la democracia, el estado de derecho, la seguridad nacional y la defensa de la patria. Las FFAA y de Orden no pertenecen a una tendencia política determinada, no son de derecha ni de izquierda, ellas le pertenecen a todos los chilenos y esperamos que representen el orgullo de toda la Nación.
La total independencia de la FFAA y de Orden respecto a los gobiernos de turno son garantía de una democracia sana y duradera. El mayor peligro para nuestra democracia está dado por la captura de nuestras FFAA y de Orden como instrumentos para perpetuarse en sus cargos más allá de su mandato constitucional. Ejemplos en Latino América sobran con resultados nefastos para toda una Nación.
Esa independencia se pone en riesgo cuando sus miembros no tienen seguridad económica mínima, quedando a merced de actos de corrupción o influencia indebidas, cuando los ascensos en su carrera funcionaria dependen mayormente de la autoridad política, cuando se los critica y persigue injustamente simplemente por actos cometidos en el cumplimiento de la misión encomendada, cuando ya no existen buenos motivos para seguir esa carrera profesional y terminamos entregando los destinos de nuestra Nación a las personas incorrectas.
NORMATIVA POR EL RESPETO Y LA DIGNIDAD A LOS BOMBEROS(AS) DE CHILE
Propuesta nº 40494
Al revisar la historia de los cuerpos de bomberos de Chile, siempre está presente el GRAVE PROBLEMA DEL FINANCIAMIENTO. En efecto, por más de 170 años los cuerpos de bomberos, han tenido que mantenerse con presupuestos poco estables y dispares unos de otros, provenientes del esfuerzo de sus propios bomberos, un aporte del presupuesto de la nación, los municipios, los gobiernos regionales, las colectas públicas y socios contribuyentes.
Estos recursos nunca han sido estables y han dependido de la voluntad tanto de las instituciones de turno como de las personas naturales, por lo tanto, no se han podido establecer presupuestos anuales de la institución, ni menos de cada uno de los cuerpos de bomberos.
Por ello, desde sus inicios se ha sufrido la falta de financiamiento, al punto de afectar gravemente el servicio que ofrece a la comunidad y que -por el avance del país- cada vez es más exigente y requiere de mayor capacitación, entrenamiento y equipos.
En consecuencia, se genera una gran BRECHA en la atención a la comunidad, localidades con mayores recursos ofrecen un sistema más continuo, rápido y eficiente, en desmedro de lugares más apartados y comunidades con escasos recursos.
En términos generales los bomberos chilenos deben cubrir -con fondos propios:
El 55% de los gastos operaciones de la institución ( combustibles-reparaciones-sueldos de personal rentado- mantenciones, etc.)
El 40% de los gastos de inversiones (compra de carros-unidades de rescates-camionetas, etc)
Para lograr cubrir medianamente esos gastos e inversiones, los bomberos voluntarios deben en consecuencia destinar casi un 50% del tiempo que destinan a la institución en la búsqueda de recursos, lo que afecta gravemente la motivación, la capacitación y entrenamiento del personal.
“Pobladoras y pobladores por el derecho a la vivienda digna”
Propuesta nº 41126
En las últimas cinco décadas, sin una norma constitucional que consagre el derecho a la vivienda, la magnitud de la problemática habitacional sólo se ha acrecentado, ni el Estado, ni sus distintos gobiernos han contado con herramientas suficientes que permitan reducir el déficit habitacional de los sectores más vulnerados. Esta crisis es la que nos obliga hoy a consagrar este derecho fundamental. La magnitud es tal, que alcanza un universo de afectación de 6.600.000 personas, esto es el 33,5% de la población del país, desglosado así: a) 20.000 personas viviendo en carpas en la calle; b) 81.643 familias, esto es 286.000 personas, viviendo en campamentos; c) un déficit cuantitativo de 500.000 viviendas, afectando a 1.750.000 personas; y un déficit cualitativo de 1.300.000 viviendas, afectando a 4.500.000 personas.
Se suma a esta problemática el creciente déficit urbano, expresado en ciudades desiguales, segregadas espacial y socialmente, con conocidas carencias en; cobertura de áreas verdes; infraestructura de transporte público; movilidad peatonal en ciudades; cobertura digital; de servicios y equipamientos, entre otros déficits.
Esta problemática se ha producido, por la implementación de un sistema subsidiario de acceso a la vivienda combinado con políticas de ahorro y crédito hipotecario con fuerte predominio del mercado inmobiliario y la banca privada por sobre la necesaria acción del Estado. Esta crisis es fruto de la especulación del suelo, producto de políticas neoliberales que entregan al mercado la determinación del precio y el acceso a este bien fundamental para la vida y al abandono de parte del Estado de sus obligaciones para con los habitantes del país.
Esta problemática afecta a trabajadores formales e informales, a mujeres precarizadas, a adultos mayores pauperizados, a sectores medios, a técnicos y profesionales que comienzan su vida laboral y que aspiran a superar su condición de allegados, de arrendatarios o habitantes de una vivienda precaria.
Modelo económico, libertad de Emprender y fomento de Mipymes
Propuesta nº 22338
Las Mipymes y emprendedores queremos seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país, siendo motores de crecimiento, generación de empleo, fomentando que cada persona pueda desarrollar ideas, proyectos y cualquier actividad económica en libertad.
Creemos fundamental contar con un ambiente propicio para continuar incentivando el emprendimiento y la creación de empresas, a su vez, garantizando a nivel constitucional el desarrollo de proyectos en libertad, la libre asociación, la propiedad privada, la protección del trabajo, que toda actividad económica se desarrolle en un ambiente sano y estable, con un país responsable en materia fiscal e inspirado en un desarrollo sostenible, cuyo eje es el equilibrio entre la protección del medio ambiente, el desarrollo social y el progreso económico.
Salud mental Gratuita y de Calidad como derecho.
Propuesta nº 9414
El problema que identificamos como Fundación Salud Emocional, es que hay poca visibilidad y precario acceso de calidad a la salud mental de las personas que se identifican con alguna patología, desde la prevención, educación e intervención de la misma. Sumado a que las estadísticas nos hacen ver que el porcentaje de inversión nacional en la Salud mental no resuelve las demandas de las personas que requieren.
MAPA DE LAS TRADICIONES DE CHILE
Propuesta nº 5542
LA DESPROTECCION DE LAS TRADICIONES CHILENAS
CARCEL PARA SEBASTIAN PIÑERA
Propuesta nº 71442
A mas de dos años de las protestas iniciadas en octubre de 2019 y los ataques generalizados contra nuestro pueblo que se manifestaba por parte de Carabineros de Chile, apenas avanzan las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se contabilizan más de 8.000 víctimas de violencia estatal, más de 500 casos de trauma ocular y mas de 50 muertes a causa de la violencia estatal. El único responsable es Sebastián Piñera Echenique, quien hasta el momento ha actuado en plena impunidad, a esto también se suman dentro de su periodo los escándalo derivado de los Pandora Papers y las revelaciones sobre el proyecto minero Dominga.
Una Constitución Ecológica para enfrentar la crisis climática
Propuesta nº 45658
En la Sociedad Civil por la Acción Climática consideramos que es clave la incorporación de un enfoque ecológico transversal a la nueva constitución, de modo de transformarla en una Constitución Ecológica que sea un instrumento útil para enfrentar la crisis climática y socioecológica en que vivimos.
Visualizamos al proceso constituyente como una oportunidad para proveer al país de mejores herramientas legales e institucionales para una protección de la naturaleza robusta que permita darle solución a una serie de problemáticas socioecológicas que se arrastran desde hace décadas. La escasez hídrica irreversible, la creciente extinción de especies nativas, la extracción desenfrenada de elementos naturales fundamentales para la preservación de los ecosistemas, la continua y creciente contaminación de suelos, aire y aguas, son solo algunos de los mayores problemas ambientales que existen en Chile, y que nos han llevado a ser uno de los países más vulnerables ante el Cambio Climático y con los más altos índices de conflictividad socioambiental.
Muchos de los problemas reseñados, se basan en los arreglos jurídicos originados en la Constitución actual, por lo que su modificación, abre una posibilidad concreta de cambios profundos en nuestra relación con la naturaleza, en donde los ecosistemas y los cuidados de todas las formas de vida estén en el centro.
Una Educación Feminista para Chile: Laica, pública y no sexista
Propuesta nº 38
Somos un grupo de docentes feministas que el año 2018 decide unirse para re-pensar la educación desde una mirada crítica y con perspectiva de género, trabajando con miras a una Educación No Sexista y por erradicar la violencia de género en nuestras escuelas, en sus múltiples niveles.
Redofem se ha construido como un espacio de encuentro y articulación: Encuentro de docentes con diversas espacialidades y realidades educativas compartiendo experiencias, aprendiendo de educación no sexista y funcionando como red de apoyo y sororidad docente.
Nuestras líneas de trabajo actual son la articulación de trabajo por una educación no sexista, de manera individual y colectiva en el ejercicio docente, y mediáticamente la visibilización de la realidad educativa, la discusión en torno al sexismo en las aulas y la intervención espacios sociales, académicos y educativos.
Actualmente REDOFEM se articula en casi todo el territorio nacional, encontrándose presente en más de 10 territorios. Participan de nuestra organización profesoras, asistentes y estudiantes de pedagogía.
Sistema Único de Salud, Universal, Plurinacional e Integrado para el nuevo Chile que estamos construyendo democráticamente
Propuesta nº 9026
El cuidado de salud de la población en Chile es deficiente, determinado por el sistema socioeconómico vigente, la falta de reconocimiento de la diversidad de las personas y pueblos en su sentido más amplio y no considera los principios de la seguridad social.
En la constitución actual no se incluye el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Solo existe el derecho a elegir el sistema de salud, pero no la obligación del Estado de garantizar el derecho de la población a acceder a un sistema de salud oportuno y de calidad. Tampoco lograr que las condiciones sociales que determinan el estado de salud se encuentren en un óptimo nivel.
La Salud es asumida por el Estado con una óptica sectorial con un fuerte énfasis en la atención médica, con poca vinculación con los otros sectores sociales y sin la participación vinculante de las organizaciones sociales, científicas y académicas. La rectoría del Ministerio de Salud es débil.
El modelo de atención de salud es biomédico, hospitalocéntrico, no considera la multicausalidad de los problemas de Salud, excluye la participación incidente de la comunidad y no considera la diversidad cultural de los pueblos que habitan en Chile.
Por otra parte, los sistemas de salud existentes expresan una profunda inequidad en el acceso a la salud. Los sectores de mayores recursos cuentan con una medicina curativa fuertemente determinada por las lógicas del mercado con escasa dedicación a la promoción y prevención, mientras más del 70% de la población no logra acceder a cuidados de salud oportunos y de calidad en todos los niveles del sistema público.
El financiamiento de la Salud sigue una lógica de seguros y de aporte privado y el sistema público de salud, que atiende al 80% de la población, especialmente a los de menores recursos y a los adultos mayores, no cuenta con los recursos que necesita.
Esto ha llevado a resultados de salud nacionales y regionales insatisfactorios.
POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. CONSTRUYENDO UN SISTEMA PLURINACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL-COMUNITARIA
Propuesta nº 10898
En nuestro país se ha implementado, por más de 40 años, un modelo extremista (único en el mundo) de mercado, privatización y competencia, que ha llevado a nuestra educación a una crisis profunda. Se trata de una crisis de desigualdad (educación para ricos y educación para pobres), calidad educativa (afectada por esta desigualdad y falta de condiciones adecuadas) y sentido de la educación (carecemos de un proyecto educativo como país y todo parece centrarse en competir por puntajes en pruebas como el SIMCE o la PTU, dejando de lado la formación integral que necesitamos). Al centro de esta grave crisis está la destrucción del sistema de educación pública. Hoy apenas un tercio de nuestros niños, niñas y jóvenes asisten a escuelas públicas, y en la educación superior ese porcentaje es apenas de un 15%. Es fundamental reconstruir una educación pública moderna que sea el eje del desarrollo social de Chile y que revierta la crisis de desigualdad, calidad y sentido de nuestra educación. Por eso hablamos de una educación pública, como un sistema articulado y colaborativo en todos sus niveles, con un fuerte componente estatal en su garantía y provisión y con una plena participación de las comunidades educativas y territoriales en el ejercicio del derecho a la educación.
Derecho a la educación: pública, gratuita, laica y de calidad
Propuesta nº 36582
Carencia actual de un derecho a la educación adecuadamente asegurado para toda la población en la Constitución, con énfasis en una educación pública, gratuita, laica y de calidad ofrecida por establecimientos educacionales de carácter estatal, en todos los niveles de enseñanza y territorios del país, debidamente articulados, para garantizar la satisfacción de dicho derecho.
Asimismo, otorgar rango constitucional a la autonomía académica, económica y administrativa de las instituciones de educación superior.
#IniciativaPopularFeminista por una vida libre de violencia para mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas
Propuesta nº 50754
El problema es la violencia que vivimos las mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos y sus múltiples manifestaciones.
Este se plantea desde una comprensión global de la violencia, aludiendo tanto a sus diversas manifestaciones explícitas como: violencia física, psicológica, sexual, económica, femicida, entre otras, y también a la violencia simbólica, es decir, mensajes, íconos, significados y representaciones que transmiten, reproducen y naturalizan relaciones de subordinación, desigualdad y discriminación de las mujeres, niñeces, diversidades y disidencias sexo genéricas en la sociedad.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y FIN A ZONAS DE SACRIFICIO
Propuesta nº 3422
Protección ambiental, desarrollo sostenible, cambio climático, resguardo de la biodiversidad y fin a las zonas de sacrificio
Sujetos, No Objetos
Propuesta nº 3694
En la actualidad de nuestro país los Animales No Humanos, en adelante ANH, son considerados "bienes muebles semovientes", es decir objetos, mediante el artículo 567 del Código Civil, por lo que en su calidad de objetos carecen de sus inherentes derechos, lo que ha permitido su clasificación como propiedad y una vulneración a sus derechos básicos. Por lo que, se busca solucionar mediante el reconocimiento de sus intereses y derechos.
“Los primeros mil días: por el derecho a la protección de la primera infancia, la maternidad y la co-parentalidad”
Propuesta nº 56422
Chile ha avanzado con políticas públicas en materia de cuidados de la niñez, de protección a la maternidad y coparentalidad, sin embargo, existen brechas que son insostenibles y que vinculan principalmente a las figuras de cuidado de los niños y niñas y quienes los proveen (en un 95,8% de las veces, mujeres).
La evidencia respalda ampliamente que la construcción del vínculo en los primeros años de la niñez con sus figuras de cuidado, es fundamental para la creación de una vida sana e íntegra, sin embargo, hoy en Chile, los cuidados por parte de estas figuras de apego, principalmente mujeres y madres, se pueden proveer solamente hasta los 5 meses y medio del recién nacido.
El actual sistema de protección de subsidio a la paternidad conocido como pre y posnatal perteneciente a la ley N 20.545, la cual contempla un tiempo de descanso remunerado desde los 42 días antes del nacimiento hasta las 12 semanas con el postnatal normal, y continuar con 12 semanas adicionales en jornada completa con el permiso parental postnatal, pudiendo traspasarse de esas 12 semanas 6 al padre, o se pueden tomar hasta 18 semanas en media jornada pudiendo traspasar hasta 12 semanas al padre en la misma modalidad.
Luego del postnatal parental, depende de variables interseccionales (ingresos, género, racialidad, escolaridad, discapacidad, edad, entre otras) el cómo las mujeres (y en algunos casos también hombres) puedan gestionar los cuidados. Esto se complejiza aún más cuando miramos las altas cifras de inequidad en salarios, de seguridad laboral y de redes de cuidado.
Con todo lo que se ha legislado al respecto y con las políticas implementadas, aún no es posible generar equidad en estas materias, ni tampoco proveer la seguridad a la niñez y a sus madres para enfrentar este proceso de sostenibilidad de la vida de manera digna para todas las personas.
DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES RECONOCIDOS Y CONSAGRADOS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
Propuesta nº 11402
Actualmente, la niñez, infancia y adolescencia no tienen reconocimiento constitucional como ciudadanos ni menos aún un reconocimiento y garantías explícitas de sus derechos en nuestro país. Siendo esto un desafío – a 31 años de ratificación de la Convención sobre los Derechos del niño y la niña - que debe ser corregido en la nueva constitución.
La mirada respecto de la niñez solo se hace relevante para las políticas públicas y la ciudadanía cuando sufren vulneraciones o cuando sus derechos son vulnerados. Chile tampoco cuenta hasta hoy con una Ley de Garantías y Protección Integral a la Niñez, aun teniendo destacadas políticas públicas para primera infancia y focalización en población más vulnerable. Sin embargo, Chile no cuenta con un catálogo explícito de derechos y estándares de exigibilidad o de cumplimiento por parte del Estado o para las demás instituciones de la sociedad.
Los datos sobre violencia y vulneraciones en el país (1 de cada 2 niños sufre violencia en su hogar y 7 de cada 10 en algún espacio de su vida, Worldvision 2018, Min Interior 2017), hacen necesaria la consideración de una transformación integral de la mirada jurídica nacional con cambios normativos basados en estándares de cumplimiento y mecanismos de exigibilidad, con foco en la implementación efectiva de la Convención sobre los derechos de la niñez y otros tratados internacionales referidos a la niñez e infancia.
Chile su cultura, costumbres y tradiciones.
Propuesta nº 43982
En un contexto mundial de cambios y transformaciones, en que muchos bienes y productos están siendo librados a las fuerzas del mercado, creemos que es altamente deseable que aquellas creaciones valiosas y que dan sentido a un gran número de habitantes de nuestro país, queden a salvo del empobrecimiento y degradación generados por una cultura del consumo que no es capaz de valorar la originalidad y autenticidad de los productos que nacen desde el interior de nuestro país, específicamente desde la ruralidad y el campo chileno.
Emprende Libre
Propuesta nº 18394
Chile es un país de personas ingeniosas, creativas, resilientes y emprendedoras. Los chilenos aprecian el trabajo y el emprendimiento, como fuente de un crecimiento social, familiar e individual, sustentable y digno.
Sin embargo, los atentados a la competencia libre y leal afectan gravemente la libertad de emprendimiento y la igualdad de participación en los mercados, siendo deber de todos proteger el buen funcionamiento de los mismos.
Así, el emprendimiento exige que exista certeza jurídica y estabilidad en las normativas. La inseguridad jurídica, entre otras causas, no favorece el ingreso de nuevos actores a los mercados, favoreciendo la concentración.
El Estado no debe ser el único proveedor de bienes públicos, por lo que se aprecia y valora la contribución de los privados en las diferentes áreas económicas y sociales, como una forma de generar mayor eficiencia y competencia por más y mejores prestaciones, así como de brindar posibilidades de elección libre a más y más chilenos.
Derecho de toda persona autista a recibir terapias. El Estado debe de garantizar su acceso continuo en el sector publico y privado
Propuesta nº 874
La falta de acceso y continuidad en terapias para personas Autistas.
Si bien es cierto Chile cuenta con hospitales e instituciones benéficas como lo es Teleton que otorgan terapias para sus usuarios, esto no alcanza para cubrir las demandas de las familias con hijos en condición espectro autista. Primero porque la salud pública colapsa no tan solo con las personas TEA sino en general con cualquier usuario del sector público, esto significa que otorgan terapia pero, no continua. Una vez al mes en promedio un niñe autista asiste a terapia fonoaudilogica, de terapeuta ocupacional o kinesiologia dependiendo de su comorbilidad en hospitales públicos. Esto daña enormemente la posibilidad de inclusión del niñe en la sociedad porque al no ser continuas sus terapias, desaprovechamos la plasticidad de sus cerebros para aprender de manera más activa en temprana edad (12m a 5 años) retrocediendo enormemente en el cómo integramos a los niñes en sociedad, provocando cansancio en las familias, problemas de salud mental en las cuidadoras y la desvinculación total del Estado con nuestros niños y jóvenes, sin nombrar el costo altísimo por terapia que algunas familias debemos de pagar por querer romper esta iniquidad y asistir al sector privado, donde los usuarios de FONASA no poseemos ningún tipo de reembolso por el coste que nos significa.
Hoy en Chile se vulneran los derechos de niñes y jóvenes autistas por falta de acceso y continuidad en terapias
Por una educación integral, de calidad, inclusiva, equitativa y gratuita
Propuesta nº 43926
“Se debe cambiar la educación de acuerdo a lo que se necesita hoy en día, educar para la vida: valores, normas del tránsito, reciclaje, inclusión, lengua de señas, educación integral” (Estudiante 1ro medio, participante de Tenemos que Hablar de Educación).
A pesar de los avances de las últimas décadas, aún no contamos con un sistema que garantice el derecho a la educación de calidad, con la capacidad de adaptarse a las diversas realidades, que no discrimine y sea descentralizado.
Dado lo anterior, desde Acción Colectiva por la Educación convocamos a un proceso participativo llamado Tenemos que Hablar de Educación, en donde más de 7.800 estudiantes –desde los dos años hasta estudiantes de enseñanza media–, docentes, educadores, asistentes de la educación, equipos directivos, apoderados y sostenedores de diversos tipos de establecimientos educacionales levantaron sus voces para expresar –desde sus distintas experiencias– los desafíos y los cambios necesarios para lograr un sistema educativo que entregue reales oportunidades de desarrollo y aprendizaje a todos los niños y niñas del país.
TRANSFORMACIÓN DE ZONAS DE SACRIFICIO A ZONAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL
Propuesta nº 55950
A. Existen territorios habitados en el país con alta concentración de actividades molestas y contaminantes, que a su vez se caracterizan por su vulnerabilidad socio-económica. Esta alta concentración genera problemas que no son adecuadamente reconocidos por la constitución vigente y el marco legal derivado. Estos territorios han sido denominados zonas de sacrificio. En Chile, los más reconocidos son Coronel, Puchuncaví, Quintero, Huasco, TilTil, Mejillones y Tocopilla, actualmente debido a la degradación, es que se generó la necesidad de identificarnos como zonas de resistencia ambiental.
B. En zonas de sacrificio existen problemas severos no solo de contaminación ambiental sino molestias permanentes y riesgos a la salud. En respuesta, el Estado ha actuado con diferentes acciones diagnósticas y resolutivas. Un ejemplo es que desde el año 2014 a la actualidad se han realizado 5 estudios conducentes a evaluar la presencia de metales pesados en la población de Coronel por parte de BIDEMA de la PDI y la SEREMI de Salud, encontrándose valores sobre lo normal y/o sobre niveles de referencia. Asimismo, se ha procedido al cierre anticipado de plantas termoeléctricas.
C. Existe una débil consideración del desarrollo sustentable, no se le considera principio central sino complemento a otros intereses sociales y económicos. Como consecuencia, las acciones para recuperar territorios ambientalmente vulnerados o degradados por actividades industriales son débiles, no vinculantes y disponen de escasos recursos. El Estado a través de la Constitución debe impulsar acciones de recuperación y/o restauración ambiental.
D. En el país hay una centralización excesiva en toma de decisiones en materia ambiental y en aplicación de sus instrumentos preventivos y de fiscalización. La protección de la naturaleza de interés comunal requiere cambio de enfoque, dado que las actuales figuras de protección dependen de criterios que requieren revisión, así como también de sus formas de ejecución
Derecho fundamental a la libre circulación por autopistas y carreteras públicas, no más tag, no mas concesiones, no más cobros abusivos.
Propuesta nº 38866
Las autopistas y caminos públicos CONCESIONADAS/OS a grandes corporaciones que nos cobran por usar bienes nacionales de uso público, pagando sumas exorbitantes, por ejemplo, el tag, o el cobro por entrar a ciertas ciudades o pueblos, como lo es Pomaire. Estimados que el Estado debe hacerse cargo de la administración de estos bienes nacionales de uso público, pero de manera directa no por medio de organismos privados. Con la gran cantidad de recursos que entran por el cobre, el pago de e impuesto específico de combustibles, como también legislar para cobrar un impuesto a los súper ricos o el royalty minero, harían posible que el Estado se haga cargo de la administración de las autopistas y caminos públicos.
Al permitir la explotación de nuestros servicios y caminos públicos por parte de privados, se promueve el lucro en desmedro del bien común, precarizando la vida del pueblo.
Derecho a la privacidad, protección de datos personales y ciberseguridad
Propuesta nº 57970
Hoy, más que nunca, la privacidad, los datos personales y la ciberseguridad, recobran especial importancia frente a las tecnologías digitales pero también frente a las amenazas tradicionales que provienen del Estado y de particulares. La recolección —muchas veces indebida— de grandes volúmenes de datos personales en cada una de las interacciones digitales, hace que su abordaje deba ser analizado no solo desde el impacto en el individuo, sino también desde sus repercusiones políticas, sociales, comunitarias y, en última línea, considerando los efectos en la democracia.
Las constituciones chilenas han protegido desde los comienzos de la vida republicana aquellos ámbitos de la vida de las personas que deben quedar fuera del conocimiento de los demás. Así, desde el Reglamento Constitucional de 1812 se han protegido los papeles, los efectos personales, la correspondencia y el hogar. A partir de 1980, se incluyó la protección de la vida privada de las personas y su familia, y en el año 2018 se incorporó la protección constitucional de los datos personales.
Esta tradición de largo aliento debe mantenerse en el futuro texto constitucional pero se deben superar las limitaciones formales y adaptarse a los cambio sociales que las tecnologías digitales han supuesto en la vida cotidiana de las personas.
Reconocimiento Constitucional para las Personas con Discapacidad
Propuesta nº 6470
Las Personas con Discapacidad constituimos una parte importante de la sociedad chilena y hemos sido históricamente vulnerados en nuestros derechos. Según las cifras oficiales, establecidas en el segundo estudio nacional de la discapacidad, casi 3 millones de personas (el 16,7% de la población) son personas con discapacidad, el 50% se encuentra por debajo de la línea de la pobreza, menos del 50% está económicamente activa (la mayor parte en condiciones precarizadas), tienen un promedio de 8 años de estudios y tienden a no culminar su educación media. Por otro lado, las mujeres en situación de discapacidad componen un 20,3% de la población total de mujeres a nivel nacional.
La situación actual de las Personas con Discapacidad se debe en gran medida a derechos fundamentales que no están garantizados constitucionalmente lo que obstaculiza nuestra participación plena en la sociedad, la que requiere del compromiso por parte del estado con un grupo históricamente excluido y vulnerado. Siguiendo los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, consideramos que el estado debe hacerse cargo, reconociendo a las personas con discapacidad como sujetos y sujetas de derecho que requieren una protección reforzada para la efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones (igualdad sustantiva) con los demás ciudadanos y ciudadanas del país.
¡Aseguremos la Soberanía de los Pueblos en los Tratados de Libre Comercio!
Propuesta nº 33622
Chile tiene Tratados de Libre Comercio (TLCs) y/o asociación con 65 países, y es el Estado que más tratados de Libre Inversión (TBI)s ha firmado . Los inversores protegidos por los 34 TBIs suscritos, y otros, protegidos por TLCs, pueden acusar al Estado de expropiación y demandarlo en tribunales internacionales si aprobamos normas y leyes para recuperar el agua y otros elementos naturales; para fijar royalties, exigir transferencia de tecnología, o poner fin a las AFP; o para impulsar la agroecología y defender los territorios. Los costos de esos juicios serán pagados por las y los habitantes del país. Los impactos de los tratados vigentes y los anunciados en los territorios, y la huella de carbono de las exportaciones que promueven, se insertan en medio de la Emergencia Climática y Ecológica.
Por el Derecho a la Movilidad Segura y Sustentable
Propuesta nº 45570
La carencia de principios estructuradores que definan la movilidad ha permitido la improvisación, la prevalencia de intereses, las interpretaciones no fundamentadas o las respuestas disímiles frente a un mismo problema en la planificación de la movilidad del país.
En los últimos decenios, la movilidad se ha construido desde el vehículo motorizado particular, con esporádicas iniciativas en pro del transporte público e intermodal principalmente en las ciudades capitales y la presencia de espacios segregados para peatones y ciclistas. Sin embargo, estos no cumplen con estándares adecuados, debido a que estos ni siquiera existen, además de no abordar todo el territorio.
La presencia de intereses económicos para la eliminación o reducción de una calzada, área verde o ciclovía; los disímiles criterios que aplica una municipalidad sobre lo que es una vía para bicicletas; el lobby que realizan empresas frente a una norma ministerial o al trámite de proyectos que privilegien al peatón o al ciclista en casos de siniestros son solo algunos ejemplos de la desigualdad como derecho de una movilidad segura para todas y todos. En conclusión, no existe un eje o principios articuladores explícitos y consensuados para la movilidad en todos nuestros territorios.
Lo cual se traduce en el aumento de siniestros viales, los cuales han aumentado significativamente el último decenio, en el decenio 2000-2009 en promedio existían 47.683 siniestros viales, los cuales aumentan a un promedio de 77.986 para el periodo 2010-2019. Por otra parte, si se considera como efecto del siniestro vial el resultado de muerte de ciclistas, en el periodo 2002-2020 han fallecido 2.473 personas (CONASET, 2021). Considerando solo los ciclistas que fallecieron en el lugar, sin considerar aquellos que fallecen en centros asistenciales, por lo cual, ese número puede ser aún mayor.
Derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género y orientaciones sexuales)
Propuesta nº 10234
El sexo y el género son en las sociedades de occidente un elemento binario, que establece a hombres y mujeres como opuestos en base a las características sexuales desde una mirada biológica, negando la manera en que la sociedad construye una mirada y un discurso sobre nuestros cuerpos. Estas nociones en torno al género también afectan a nuestro país, donde el Estado no reconoce la diversidad de identidades ni asegura su libre desarrollo, cuestión que la Nueva Constitución debe garantizar.
En este sentido, de nacimiento se asignan a las personas sexos y géneros distintos, que distan de ser solo diferencias en base a los cuerpos, puesto que esa diferencia se extrapola a los distintos ámbitos de la vida cotidiana, siendo las mujeres relegadas a unos espacios y actividades, y los hombres a otros.
Asimismo, el tajante binarismo que reconoce solo hombres y mujeres niega la posibilidad de salir de los márgenes establecidos, potenciando la exclusión de aquellas formas de vida de las personas cuyos géneros distan del que como sociedad asociamos a su genitalidad, y que incluso en ocasiones no encajan con la lógica del binarismo.
De esta manera, el Estado al no reconocer las distintas formas en las que las personas viven e integran el género, ni su autodeterminación, incurre en la coartación del acceso al ejercicio de derechos, y a la coerción de las potencialidades individuales de las personas.
Por una parte, y consecuencia de esto, las personas que viven con identidades de género no reconocidas y negadas por el Estado, presentan dificultades para acceder a servicios de salud, educativos, laborales, entre otros.
Por otra parte, las potencialidades del sujeto se ven coartadas en tanto la validación judicial y estatal de la negación de la identidad de género puede potenciar las acciones violentas por parte de personas y grupos que profesan discursos de odio.
Del mismo modo, esto impide que a las personas se les resguarde la posibilidad de expresarse con total libertad
Reconocimiento de comunidades y diversas formas de familia
Propuesta nº 10218
La concepción actual de la familia (biparental, heterosexual y preferentemente casada) como el núcleo fundamental de la sociedad no permite reconocer la diversidad de formas en las que se agrupan las personas en distintos tipos de comunidades, dentro de las cuales, una es la familia. Creemos en una sociedad que reconozca múltiples formas de comunidades, más orgánicas, por cierto, en las que las personas puedan desarrollarse y experimentar distintos tipos de vínculos de reconocimiento afectivos, de amistad, laborales, comunitarios, sexuales, y de todo tipo.
Haciendo esto, no sólo ampliaremos la figura de la familia como un espacio al cual todes en el país tenemos derecho a acceder y experimentar. Sino que, también, el reconocimiento de otro tipo de comunidades más allá del “núcleo familiar” propiciará un espacio de recomposición del tejido social, el cual se encuentra tan roto en el Chile actual tras el paso de una modernidad neoliberal y una dictadura cruentamente atomizadora.
En particular, el problema del exclusivo reconocimiento de la familia tradicional como núcleo de desarrollo de la persona trae problemas concretos para poblaciones específicas, como, por ejemplo, para las disidencias y diversidades sexo-genéricas, que pueden vivir violencias y dificultades con su identidad de género u orientación sexual incluso dentro de este espacio. A modo de ejemplo, según una encuesta aplicada a 1.203 personas LGBTIQA+ en Chile el año 2020 en pandemia, 51% y 52% declaró sentirse bastante o demasiado incómode o agobiade, respectivamente, con su familia por no poder expresar su orientación sexual o identidad de género diversa. Por esto es fundamental entender a la familia como un espacio de desarrollo tanto como lo son otras instituciones sociales, y no como la única forma de integrarse a la sociedad o al país.
Las comunidades, siendo uniones u organizaciones que pueden o no tener lazos filiativos o sanguíneos, son formas válidas de convivir que, al no ser concebidas actu
Iniciativa popular de norma por el reconocimiento Constitucional al Trabajo Doméstico y de Cuidados
Propuesta nº 71122
La inexistencia de reconocimiento, valorización y remuneración al trabajo doméstico y de cuidado.
Para nadie resulta desconocido que existe actualmente una bifurcación entre la esfera productiva y la privada de muchas personas, principalmente mujeres, y que dentro de la segunda, se ha incluido de manera forzosa, el trabajo doméstico y el de cuidados, sin que este sea reconocido, valorizado ni remunerado.
Dicho trabajo sin remuneración resulta fundamental para el desarrollo de la sociedad y especialmente para la producción y la reproducción de la vida y también de la fuerza de trabajo que se ofrece en el mercado laboral, así como también es indispensable para el bienestar físico y emocional de la población y el funcionamiento de la economía en su conjunto. Adicionalmente, por recaer principalmente sobre las mujeres, como imposición del sistema capitalista y patriarcal, resulta ser de carácter feminizado y socialmente desvalorizado.
La falsa separación entre la esfera productiva y reproductiva de las mujeres, no es neutra, sino que, responde al interés de querer excluir el trabajo doméstico y de cuidado de la economía, asumiéndolo como un tipo de trabajo que no genera valor, invisibilizando su existencia, no obstante que, el trabajo realizado en los hogares está dirigido al mercado y a la perpetuación la propia existencia del mismo, resultando de aquella invisibilización montos que, según estudios de ComunidadMujer, pueden estimarse en $44 billones al año en trabajo doméstico y de cuidado que no es remunerado en nuestro país, es decir: cerca del 22% del PIB Ampliado.
Debe tenerse presente, que hoy en Chile el 50% de quienes trabajan ganan $420.000 o menos líquidos, y el 70% de los y las trabajadores/as ganan menos de $635.000 líquidos, mientras que la remuneración que puede obtener una familia de 4 personas de la pobreza es del orden de los $613.000 líquidos o $490.000 brutos. Aquello permite explicar que en nuestro país, más del 50% de quienes viven en la pobrez
Iniciativa Popular de Norma por la Libertad de los presos políticos de la rebelión
Propuesta nº 48358
La presente Constitución se ha escrito producto del debate y deliberación realizada en la Convención Constitucional.
Fueron las masivas movilizaciones iniciadas en octubre del 2019 las que abrieron la discusión de cambios profundos en el país. Y producto de estas movilizaciones, y desde entonces, hay cientos de detenidos y procesados a lo largo del país que son considerados como presos políticos del estallido social.
Con el objeto de reparar los abusos cometidos con aquellos jóvenes injustamente procesados o detenidos y en miras a esta nueva etapa del país se establecerá un perdón amplio de los hechos ocurridos a partir de octubre del 2019 que involucren a ciudadanos en hechos que revistan carácter de delito referidos a la revuelta popular, lo cual se especificará en el proyecto.
Consentimiento médico informado. Aceptar o rechazar un determinado tratamiento médico o vacunación debe ser una opción libre e individual.
Propuesta nº 43538
CONSENTIMIENTO INFORMADO.
Principio consagrado en el artículo 19 números 1 y 6 de la actual Carta Fundamental. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Implica que nadie debe ser obligado o coaccionado a vacunarse o seguir cualquier otro tratamiento médico, debe respetarse la negativa del paciente. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno. Por tanto, el "pase de movilidad" es atentatorio contra la igualdad ante la ley ya que transforma en ciudadanos de segunda categoría a aquellos que no lo poseen, es una credencial digna de los peores regímenes dictatoriales y debe ser declarada arbitrario e ilegal, debe ser totalmente eliminado.
ESTADO LAICO NO LAICISTA
Propuesta nº 41474
La sociedad chilena ha cambiado radicalmente en términos culturales. Muchas veces se ha criticado a las iglesias, en forma injusta y generalizada, de constituirse en un freno a tales cambios. Lo anterior amerita abordar la realidad de la situación religiosa nacional con una pespectiva correcta y equilibrada. Las confesiones religiosas son un brazo de apoyo social al Estado en los sectores con mayores problemas de pobreza y educación. Por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen un arraigo popular en barrios y poblaciones donde se han convertido en un cerco de contención a flagelos como la violencia de todo tipo, el narcotráfico y la delincuencia en general. Se estima que 8 de cada 10 reos que aceptan la fe evangélica nunca vuelven a reincidir, y la compañía espiritual y económica que reciben compatriotas en hospitales, cárceles y otros espacios públicos a través de servicios de capellanías, damas de diferentes colores, etc, no tiene contrapeso el Estado, los partidos políticos, ni las ONGs.
En Chile existe la separación Estado-Iglesia, desde la Constitución de 1925. Desde 1999 existe la ley y 19.638 que establece normas sobre la constitución jurídica de las iglesias y organizaciones religiosas, con ello se acorta en lo formal y de a poco en la práctica, el predominio de una iglesia oficial en Chile. Sin embargo, el desafío persiste respecto a la igualdad plena para todos los credos, la no intervención de las iglesias en las decisiones del Estado y por el otro lado mantener el trabajo de apoyo social, la prevención y reinserción que las entidades religiosas logran en el espacio público.
Una Constitución Política para las y los trabajadores de Chile
Propuesta nº 2826
La Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de Chile presentó en el mes de junio de 2021 una “Propuesta Constitucional del Mundo Sindical: un nuevo Chile desde las múltiples dimensiones del Trabajo Decente” , la que ha sido entregada en reiteradas ocasiones a la Convención Constitucional, de la cual emanan los contenidos de esta Iniciativa Popular de Norma Constitucional.
Estamos convencidas y convencidos que la calidad de vida de las personas se sigue midiendo en gran parte por la calidad de su trabajo y es deber del Estado y de la Nueva Constitución reconocerlo, valorarlo, promoverlo y garantizarlo, pues sin Trabajo Decente, no será posible que consigamos la seguridad y la vida digna que todas y todos buscamos.
Renacionalización del cobre y bienes públicos estratégicos.
Propuesta nº 15150
La Confederación de Trabajadores del Cobre presentó en junio del 2021 el documento “Propuestas económicas para la Nueva Constitución: Renacionalizar el Cobre y los bienes comunes estratégicos”, el cual discutió con las principales organizaciones de trabajadores del cobre durante varias semanas. Luego, presentó estas propuestas a la Convención en una audiencia concedida por la Comisión de Reglamento. La presente norma se basa en dicha propuesta de los trabajadores del cobre.
El problema a solucionar es que la histórica nacionalización del cobre presentada por el gobierno del Presidente Allende, aprobada por la unanimidad del parlamento y mantenida en la constitución actual, ha sido vulnerada flagrantemente en virtud de legislación enquistada en ésta por la dictadura y mantenida hasta hoy, lo que ha permitido que la propiedad efectiva de la mayor parte del cobre extraído así como la casi totalidad del subsuelo a lo largo del territorio nacional, haya sido usurpada a título gratuito por un reducido grupo de grandes corporaciones privadas. Una situación similar se ha dado en los principales bienes comunes del territorio nacional.
El inmenso caudal de rentas asociado a los recursos de esa manera usurpados, cuyo orden de magnitud en el sólo caso del cobre equivale a la mitad del presupuesto del Estado (CENDA 2021b), entrega a estas corporaciones una posición hegemónica que determina el rumbo general de los asuntos públicos, imponiendo un marcado sesgo rentista, extractivista y depredador a la economía y constituye la principal causa de la inequidad social.
De este modo, la recuperación del dominio público del Estado sobre los bienes estratégicos resulta una condición indispensable para la recuperación efectiva de la soberanía de los pueblos y las instituciones democráticas y sobre la determinación del curso de los asuntos públicos. Considerando el peso determinante del principal recurso del territorio, puede afirmarse con certeza que quien controla el cobre contr
Universidades estatales al servicio del desarrollo local, regional y del país
Propuesta nº 36618
Inexistencia de normas constitucionales que garanticen la descentralización de las universidades estatales y la coordinación y relación preferente que deben tener con las demás instituciones públicas en aras de la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones.
Salud para un Chile de Todas y Todos
Propuesta nº 7062
Chile es un país con un historial de grandes logros sanitarios producto de políticas públicas que se expresaron en la creación del SNS (Servicio Nacional de Salud) en décadas previas y la implementación de estrategias orientadas a mejorar la salud del binomio madre-hij@ mediante programas de prevención y protección que sumadas a otras medidas permitieron al país obtener resultados sustantivos al alero de un Estado responsable y comprometido con la salud de la población. En dictadura se implementaron medidas que, para promover la iniciativa privada en salud, desarticularon el SNS, limitaron progresivamente los recursos destinados a la salud pública, impusieron el sistema de seguros de salud privados, entre otras acciones. Lo anterior llevó a que en Chile tengamos hoy un sistema de salud mixto caracterizado por inmensas desigualdades en el que el 80% de la población de menores ingresos sufre cotidianamente las consecuencias.
Animales en la constitución
Propuesta nº 41318
Mucho se ha discutido acerca del estatuto jurídico de los animales dentro del ordenamiento jurídico. Esta propuesta viene en declarar a los animales seres sintientes y genera para sus tenedores y para el Estado una serie de obligaciones orientadas al bienestar animal.
El fin del sistema de Sename: Los Derechos de niños, niñas y adolescentes y el Estado como garante directo de los mismos.
Propuesta nº 3006
Actualmente uno de los graves problemas en nuestro país es la absoluta y crónica invisibilización de los niños, niñas y adolescentes, lo que también se manifiesta en nuestra actual Constitución, donde no existen normas que consagren y garanticen el debido resguardo de sus derechos.
Si bien existe la Convención Internacional de Derechos del Niño, cuyas normas tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento, al día de hoy el Estado de Chile está en deuda en gran parte de su aplicación e implementación, llegando incluso a entregar esta obligación a privados por medio del sistema de subvenciones y organismos colaboradores (ley 20.032). Estos privados son el núcleo del mal funcionamiento de las residencias de Sename, hoy Servicio Mejor Niñez, por cuanto no han cumplido con sus obligaciones, vulnerando por décadas a miles de niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
POR UNA LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIOSA COMO UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL EN UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA, PLURALISTA Y DIVERSA.
Propuesta nº 57370
Existen múltiples expresiones de creencias y religiones que dan cuenta de una sociedad pluralista y diversa. Así, la nueva constitución debe reconocer, asegurar y promover el desarrollo de cada una de estas expresiones, como un derecho humano. Se propone un texto que abarca el más amplio espectro sobre la base de la libertad y el desarrollo de la persona individual y colectivamente considerada. Aunque se cuente con históricos avances de la separación Iglesia - Estado y normas de libertad de culto, aún existe una zona de desprotección de la conciencia y respeto a expresiones de fe de minorías religiosas; entonces, se presentan conflictos entre objetores de conciencia con instituciones públicas y privadas. A esto se agrega la existencia de actos delictuales contra símbolos y templos. El ordenamiento vigente no tiene un mecanismo general que permita reconciliar la contradicción que se presenta en el fuero individual entre un deber jurídico y un imperativo de conciencia basado en propias convicciones éticas, filosóficas, morales o religiosas, teniendo que defenderse contra obligaciones legales que contradicen o constriñen sus genuinas convicciones. Consagrar la objeción de conciencia constituye un mecanismo coherente y eficaz para la defensa de las libertades individuales, visiones y estilos de vida propios en una sociedad diversa étnica y culturalmente. En una sociedad pluralista urgen medidas que faciliten la convivencia pacífica de los distintos idearios, donde el derecho a la objeción de conciencia es una alternativa a la fuerza y a la violencia, pues permite armonizar las distintas libertades aun cuando entran en tensión en situaciones que se plantean como insuperables en el fuero interno de un individuo; incluso en relación a la identidad esencial de una institución con ideario; se trata de un remedio razonable que permite de modo realista que nadie se vea perjudicado cuando las leyes no concuerden con sus convicciones
OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Propuesta nº 48926
Las libertades, como la de conciencia y religión están presentes en aproximadamente el 90% de las constituciones del mundo. En este contexto, la Objeción de Conciencia resulta ser una profundización y o materialización de estas libertades fundamentales. La Objeción de Conciencia está regulada expresamente en 58 constituciones y es probable, qué, por la tradición democrática e institucional de nuestro país no se retroceda al respecto, si no más bien se evolucione. Sin embargo, en un proceso constituyente desde hoja en blanco, como es el caso chileno, siempre se corre el riesgo de relatos refundacionales que pongan en riesgo un derecho tan fundamental como este. Por lo mismo, se hace especialmente necesario consagrar la Objeción de Conciencia, a través de una norma constitucional que asegure este derecho tan arraigado en las democracias modernas.
ACCESO AL AGUA PARA TODA LA POBLACIÓN
Propuesta nº 3430
Establecer a nivel constitucional que las aguas son bienes nacionales de uso público y que se garantice el acceso a ella, para consumo humano, a toda la población
Es mi plata y punto.
Propuesta nº 73838
El ESTADO MODERNO establece un ahorro forzoso. Es bueno mantener el Sistema de Cuentas Individuales, y también es bueno que los cotizantes dueños de estás cuentas tengan la facultad de tomar a préstamo una parte de los ahorros previsionales, o retirar la totalidad de estos fondos de forma voluntaria.
EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA Y DIVERSA, CON COMPROMISO PÚBLICO, REGIONAL Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO DE EXCELENCIA
Propuesta nº 59750
La aspiración de una educación superior como derecho social, con acceso igualitario y de calidad, resulta imposible de garantizar sin la esencial autonomía institucional y libertad de enseñanza.
La autonomía universitaria permite que tales instituciones formen personas y generen investigación y conocimiento de calidad, independiente, libre de riesgos o amenazas, y dando primacía al interés general y el bien público por sobre los intereses particulares de cada proyecto universitario.
Mi propuesta para que tu libertad de pensamiento, conciencia y religión quede bien protegida en la nueva constitución
Propuesta nº 4738
En momentos en que se escribe una nueva constitución política en nuestra patria y los constituyentes entrarán en estudio y discusión sobre sus preceptos; es una instancia apropiada y oportuna para reflexionar sobre la libertad de pensamiento, conciencia y religión, uno de los derechos humanos fundamentales que debe quedar consagrado, garantizado y protegido en una constitución democrática como la chilena.
La Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión, no alude a tres derechos, sino a un solo derecho humano fundamental. Así se reconoce en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), ambos tratados ratificados por Chile.
Género y justicia
Propuesta nº 41466
Falta de perspectiva de género y enfoque interseccional dentro del procedimiento de administración de justicia.
Todos los órganos que ejercen jurisdicción y todos aquellos que formen parte del proceso de administración de justicia, tanto los que se encuentran dentro del poder judicial como fuera de él, presentan una ausencia de perspectiva de género y enfoque interseccional en el ejercicio de la jurisdicción y la administración de justicia, lo que ha significado una barrera en el acceso a la justicia para mujeres y disidencias.
La falta de perspectiva de género tiene efectos dramáticos en la vida cotidiana de las mujeres. Provoca que, por ejemplo, mujeres sean cuestionadas al momento de presentar una denuncia ante las policías o reciban un trato denigrante o revictimizante al declarar en juicio. La sumatoria de todas estas situaciones genera que mujeres y disidencias no puedan acceder a la justicia bajo las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos, lo que, además, impide la realización de otros derechos.
La incorporación del enfoque de género, tanto en la formación inicial de los operadores de justicia y sujetos procesales en todos los niveles, como la capacitación constante, obligatoria y de calidad, permitirá combatir los estereotipos de género y la cultura judicial permeada por el machismo, pues al ser conscientes de las necesidades y dificultades de cada grupo, se estaría otorgando justicia sin discriminación y al mismo tiempo, dando cumplimiento a los tratados internacionales que obligan al Estado de Chile, a sus interpretaciones y las recomendaciones realizadas por órganos internacionales de derechos humanos.
Derecho a la Muerte Digna
Propuesta nº 14698
No existe en la Constitución de Chile el derecho a la muerte digna y asistida, mejor conocida como eutanasia.
El problema que genera se centra en casos donde pacientes terminales o casos de enfermedades de alta agonía puedan tener la opción de tener una muerte asistida y digna.
Derecho a la alimentación, un derecho fundamental e inalienable de los pueblos
Propuesta nº 17046
Chile ha logrado reducir la desnutrición infantil, pero experimenta niveles crecientes y alarmantes de malnutrición, que se expresan a través de la obesidad y enfermedades no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares.1
Chile se ha hecho cada vez más dependiente de la importación de alimentos e insumos agrícolas, dejándonos sujetos a las inseguridades y vaivenes del comercio internacional, a pesar de contar con la tierra y los recursos necesarios para alimentar plenamente a la población del país2.
La pandemia del COVID 19 ha mostrado que el acceso a la alimentación en Chile es inadecuado, frágil e insuficiente para amplios sectores de la población y especialmente para las mujeres. También hizo visible el desabastecimiento de semillas para la producción de alimentos básicos3.
La agricultura campesina y de pueblos originarios enfrenta problemas crecientes para acceder al agua, la tierra y las semillas, incluidas las semillas campesinas, que están siendo sometidas a restricciones cada vez mayores de uso y circulación
Rescate y Protección de la Tradiciones de Chile
Propuesta nº 46746
Un país sin identidad no tiene alma. Y son las tradiciones de los pueblos de Chile las encargadas de mantener esa alma fuerte y latente.
El país estos años ha vivido una fuerte influencia extranjera, sea producto de la globalización de los medios de comunicación, como también de la llegada de los migrantes a nuestro país. Ambas cosas son muy positivas y enriquecen a Chile, pero no se debe olvidar el ADN de nuestros pueblos.
Hoy la televisión, y en general los medios de comunicación, no realizan un trabajo de rescate y difusión de nuestras tradiciones. Lo mismo pasa en nuestros colegios, institutos y universidades. Nuestros niños y jóvenes están creciendo sin conocer las riquezas de nuestras tradiciones y son costumbres extranjeras las que han ido ganando terreno.
Países hermanos han trabajado este tema y han realizado una labor hermosa en poner lo tradicional en un puesto privilegiado. La cocina y folclore peruano, lo que ha hecho Bolivia con las tradiciones de sus Pueblos Originarios o el folclore paraguayo, argentino y colombiano, por dar algunos ejemplos de nuestro vecindario.
Pero Chile está al debe en esta tarea y es necesario desde nuestro principal acuerdo social cambiar este tema y poner a las tradiciones nacionales y de nuestros Pueblos Originarios en el sitial que merecen y que nuestro futuro necesita. No podemos llegar donde queremos sin saber de dónde partimos.
El Convenio 169 de la OIT señala en su artículo 2, número 2, letra b, que los Gobiernos deben incluir medidas “que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones"; y es bajo este criterio que debiera resolverse referente a la protección de las tradiciones nacionales del pueblo de Chile y los diferentes grupos que lo conforman.
Garantizar el Derecho a la Educación Musical y Artística en la Nueva Constitución
Propuesta nº 47446
El Estado, no proporciona herramientas ni genera las condiciones para que todas las personas puedan alcanzar su máxima realización en el ámbito individual y colectivo; pues no considera a las artes y la música como un eje para el desarrollo humano y el buen vivir. Existe, de esta forma, un incumplimiento por parte del Estado respecto de los Tratados Internacionales suscritos y vigentes por Chile ligados al desarrollo cultural y artístico – musical, generándose así, una deuda a nivel país.
Asimismo, en la actual Constitución, las Artes (entiéndase artes visuales, escénicas, literarias entre otras) y la música son vistas desde la perspectiva de “la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie”, esto es, una mirada secundaria que las reduce sólo a nivel de industria musical y creativa, considerando derechos de propiedad intelectual, que, si bien son mínimo básico, omite la formación artístico – musical en la educación del ciudadano.
Respecto de la Educación, la Constitución de 1980, señala que esta busca “el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”. Indica además que se debe “fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación”, y generar una “Ley Orgánica Constitucional para la implementación de la educación”. Sin embargo, esto se contraviene con la implementación del área artística en el curriculum de Educación Parvularia, Básica y Media; disminuyendo su importancia, siendo optativas e incluso desapareciendo de él; careciendo de lugares, de recursos y de profesionales especializados que las desarrollen dentro de los espacios educativos; quedando al arbitrio del sostenedor y su visión, la ejecución de las clases de artes visuales y música.
Fenpruss y el Derecho a la Salud
Propuesta nº 4126
Como Confederación Fenpruss proponemos superar el concepto de salud como ausencia de enfermedad. Asimismo, proponemos defender un concepto de salud no solo referido a la salud individual de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, sino también a la salud de la población (salud pública). La salud definida con estas directrices permitirá consagrar un derecho a la salud, que proteja tanto las condiciones en que accedemos a prestaciones asistenciales, como también las condiciones sociales en la que vivimos las y los ciudadanos (determinantes socioculturales de salud). Una vez definido en términos generales el derecho a la salud, se propone ir regulando, de lo general a lo particular, los deberes del Estado en relación con la salud de las personas. Para estos efectos, se sugiere cautelar que la Constitución consagre deberes del Estado en al menos dos dimensiones. Por una parte, deberes en relación con las acciones de salud, entendidas como acciones típicamente asistenciales, de prevención, promoción, tratamiento o rehabilitación. Por otra parte, obligaciones en relación con los factores que inciden en la salud de las personas (determinantes socioculturales de la salud).
Reconocimiento constitucional de la Educación Superior Técnico Profesional
Propuesta nº 70062
Conforme lo establece la Ley N° 21.091, sobre Educación Superior, publicada en el Diario Oficial en mayo de 2018, la educación superior chilena está compuesta por dos grandes subsectores: el universitario y el técnico-profesional. En este se encuentran los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), que con las universidades comparten principios, como el de la autonomía de las instituciones y la diversidad de proyectos educativos, y órganos del Estado que los regulan. El subsector técnico-profesional tiene políticas públicas más específicas aplicables a su respecto, caracterizadas por el reconocimiento de las funciones misionales que la Ley les asigna. Una de ellas, a modo de ilustración, es la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional.
Las instituciones técnico-profesionales son casas de estudios superiores cuyos proyectos educativos sustentan una propuesta académica que inspira y atrae a cientos de miles de estudiantes, que está basada en el pleno desarrollo de las personas y en los requerimientos de los más diversos sectores productivos y de servicios a lo largo del país, con reconocimiento de las particularidades de cada uno de los territorios.
Reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad y sus derechos
Propuesta nº 8082
Alcanzar una vida plena y máxima realización personal es un objetivo común de todas y todos. Sin embargo, esto se ve perjudicado si los derechos a la libertad, igualdad y dignidad se hayan restringidos, vulnerados o ignorados. Este es el caso de las personas con discapacidad en Chile, quienes, a pesar de los progresos sociales y legislativos, siguen enfrentándose a barreras que privan el pleno goce de sus derechos, materializándose en una situación de exclusión social, la cual debe ser inexcusablemente abordada en nuestro ordenamiento jurídico, más concretamente a través del reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad.
Actualmente en Chile, no existe una noma constitucional que reconozca, garantice y promueva los derechos de las personas con discapacidad. Tampoco existe una norma que promueva la accesibilidad universal y que reconozca la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, limitándose a lo que establece la ley común, la que promueve el modelo médico asistencialista y el uso de terminologías como “invalidez”, “incapaz” y “dementes”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), es un tratado ratificado por Chile en el año 2008. La mencionada Convención, reconoce el modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, dejando atrás el modelo de beneficencia y médico asistencialista, ya que, en estos enfoques, la persona con discapacidad no tiene un reconocimiento a su titularidad de derechos, a la autonomía de la voluntad y preferencias, ni a la participación plena y efectiva en la sociedad.
En Chile existe un vacío en relación al reconocimiento constitucional de la titularidad de derechos de las personas con discapacidad desde el nuevo enfoque planteado por la CDPD. Ley 20.422, la cual establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, del año 2010, no cubre los estándares internacionales establecidos en la CDPD.
Nuevas Regiones de Chiloé y Aconcagua
Propuesta nº 6466
Como un marco general, instituciones nacionales y extranjeras han destacado el excesivo centralismo de nuestro país destacando la desigualdad socioeconómica territorial que existente entre las distintas regiones del país, lo cual se manifiesta en disparidades en el PIB per cápita de Chile (OCDE, 2009, 2015).
A nivel local, el excesivo centralismo en Chile ha perjudicado a la provincia de Chiloé, archipiélago con más de 40 islas, que constituyen territorio y maritorio complejo. Representa una comunidad político cultural con identidades territoriales evidentes y distintas al territorio continental. El Estado de Chile se encuentra en incumplimiento permanente del tratado de Tantauco desde 1826 donde se compromete a respetar esta unidad y las autonomías territoriales del archipiélago. Históricamente sus necesidades han sido invisibilizadas y postergadas, el archipielago ha sido industrializado, sufre de falta de conectividad y de pobreza multidimensional sin poder decidir ni planificar su futuro.
De igual forma, las provincias de Petorca, San Felipe y Los Andes sufren las consecuencias del centralismo y de las desigualdades territoriales, en un doble sentido: respecto de Santiago y respecto de Valparaíso, que es donde se toman las decisiones políticas. Por otro lado, la provincialización del Valle de Aconcagua omite la historia y la cultura compartida de este territorio, en que se desarrollan actividades productivas similares, con un patrimonio cultural e inmaterial particular y un patrimonio ambiental característico de esta zona. Finalmente, en la consulta ciudadana de 2019 organizada por la ACHM, en que se consultó en las comunas en diferentes comunas de las provincias de Los Andes, San Felipe y Petorca la creación de la región de Aconcagua, más de 23 mil personas (93,6%) se pronunciaron a favor de esta opción.
Servicios públicos universales y de calidad y política fiscal universal y justa para la garantía de derechos sociales
Propuesta nº 18202
El estallido social fue la expresión de un malestar que se venía cultivando durante décadas en la sociedad chilena. Innumerables experiencias cotidianas de desigualdad y abuso vividas por millones de personas, falta de garantías de derechos sociales, largas listas de espera, familias endeudadas para acceder a un sistema de educación segregado, viviendas a precios prohibitivos para la mayor parte de la población y pensiones insuficientes para alcanzar una vida digna, son sólo algunas manifestaciones de un problema estructural en nuestra sociedad y que requiere acciones urgentes. Esto es producto de una constitución y políticas fiscales que reducen la acción directa del Estado a un rol subsidiario, con servicios públicos desmantelados y desfinanciados, obviando el valor que su actuar genera sobre la vida de muchas personas y comunidades.
Por su parte, la capacidad de un país de garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos de su población se relaciona de manera estrecha con su política fiscal. Esto es especialmente relevante para países como Chile, donde la desigualdad que existe entre el 1% más rico de la población y el resto de los habitantes sigue siendo la más alta de América Latina y la OCDE.
Para que Chile logre avanzar de forma sustantiva en reducir las brechas de desigualdad y en garantizar los derechos humanos de todos sus habitantes, se requiere de un sistema tributario más robusto y progresivo, capaz de financiar servicios públicos universales y de calidad que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos que se consagren en la constitución.
Por ello, el problema a solucionar a través de esta propuesta es la falta de recursos y mecanismos de garantía de los derechos sociales en la práctica, que se expresa en la carencia de servicios públicos universales y de calidad, así como una política fiscal universal y justa que les sostenga.
15.000 CORAZONES POR LA TIERRA - Por el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de la Naturaleza
Propuesta nº 19350
¡Actuemos juntas/os por la Naturaleza!
Chile se encuentra en una crisis ecológica potenciada por el modelo jurídico existente. En Chile habitan más 800 especies en categoría de Conservación y es uno de los países con mayores reservas de agua dulce en el mundo. Sin embargo, sobre el 60% del suelo del Chile Continental sufre algún grado de desertificación, siendo catalogado de acuerdo a los criterios de la UNFCCC (Convención Marco de la ONU) como uno de los países más vulnerables frente al cambio climático.
¡Es preciso actuar para conservar, restaurar y defender la Naturaleza! El presente escenario empeorará si no tomamos acciones concretas. Modificar el marco jurídico existente es esencial, a fin de reconocer que la Naturaleza es un sujeto de protección en sí misma con derecho a existir, mantenerse y prosperar, tal como lo han hecho Ecuador, Colombia, Nueva Zelandia, Australia, India, Bangladesh, diversos estados de EE.UU. y de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras naciones.
El modelo antropocéntrico de carácter extractivista, actualmente vigente, trata a la Naturaleza como un objeto de apropiación que busca satisfacer únicamente las necesidades de la humanidad, acelerando el consumo de los bienes comunes naturales y estratégicos, amenazando el equilibrio intrínseco de la Naturaleza y la biodiversidad, así como nuestra propia supervivencia como especie.
Por el contrario, los Derechos de la Naturaleza son un paradigma emergente que está transformando los sistemas de gobernanza de las sociedades actuales, poniendo en el centro el equilibrio y el desarrollo armónico entre ella y las relaciones humanas, a diferencia del derecho ambiental clásico. Reconocer los Derechos de la Naturaleza, garantiza el desarrollo de los individuos, las sociedades y la evolución de los ecosistemas y otras especies, garantizando que los individuos puedan ejercer actividades para su pleno desarrollo.
¡Es por ello, que es crucial e importante que tú y nosotras/os apoyemos e
Derecho a ser Club y ser Hincha
Propuesta nº 11050
Los Clubes de Fútbol han sido secuestrados por las Sociedades Anónimas. Quienes dan vida a los Clubes son sus hinchas y socios y la gran relevancia social de un Club está en la comunidad deportiva que lo sustenta. Esto da cuenta de un problema fundamental ya que se desvirtúa el acto de organizarse en torno a generar una práctica deportiva mediante Clubes, quitándole su raigambre de fraternidad y camaradería. El eje ha pasado a ser la venta de entradas y de marketing, convirtiendo el lucro en la base de la gestión deportiva. Ello está en consonancia con un sistema donde todo se ha mercantilizado y el diagnóstico que tenemos los y las hinchas de la U quienes creamos esta iniciativa es que se ha mercantilizado nuestra identidad y, con esto, se nos está privando un derecho fundamental que es el de manifestar nuestra identidad a través de organizarnos en torno al Club que amamos.
El marco jurídico que delimita los rasgos específicos que atañen a los Clubes de Fútbol Profesional en Chile es limitado y por ello requerimos modificaciones sustanciales a la carta constituyente. El marco lo podemos encontrar en dos leyes, la 20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), y la 19.327 de Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional. Respecto a la primera, fue promulgada el 5 de mayo de 2005, y consolidó la transformación de la gran mayoría de clubes profesionales de fútbol a Sociedades Anónimas Deportivas.
La obligación de ser Sociedad Anónima Deportiva, además, es una camisa de fuerza que hace imposible la verdadera participación de los y las hinchas en la toma de decisiones y, así, la verdadera democratización de los Clubes ya que se define quien puede participar según su capacidad de compra de acciones. Los resultados de la gestión deportiva ha demostrado ser tremendamente ineficiente, con sendas derrotas que demuestran que ser Sociedad Anónima no es garantía de buena gestión.
Las Sociedades Anónimas Deportivas son una co
Derecho a los cuidados
Propuesta nº 9638
Los cuidados incluyen todas las actividades necesarias para asegurar el bienestar físico y emocional de las personas. Son centrales en la vida de las personas: todas y todos necesitamos de cuidados y todas y todos cuidaremos a otras personas.
No obstante, la distribución de estas labores no es equitativa, recayendo en las mujeres de forma desproporcionada, no remunerada y precarizada. Un 95,8% de las madres en Chile hacen de cuidadoras principales de sus hijos o hijas (en comparación a un 1,4% de los padres), y alrededor de un 80% de las personas mayores con dependencia tienen como cuidadora principal a una mujer.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT, 2015), el 68,8% del trabajo de cuidados no remunerado entre la población de 15 años y más es realizado por mujeres. En promedio, ellas destinan 5,9 horas a estas labores en un día (con un 98,5% de participación), mientras que ellos apenas 2,7 horas (con un 94,3% de participación).
Nuestro sistema socioeconómico ignora las labores que permiten reproducirnos (cuidados y trabajos domésticos). Las mujeres tienen menos tiempo para su propio cuidado y descanso (la llamada pobreza del tiempo), en especial si son mujeres de los deciles de menores ingresos, migrantes o de alguna etnia o raza en particular, toda vez que se encargan de realizar las labores de familias o personas más privilegiadas.
El Estado no ha sido capaz de atender las crecientes necesidades de sostén de las personas, generando una verdadera crisis de los cuidados -con las mujeres subsidiando lo que debiera entenderse desde la corresponsabilidad- y que se vuelve más grave en un contexto de emergencia sanitaria y con una población que envejece gradualmente.
En la regulación de los ciudados, la Constitución debe reconocer estas inequidades y establecer un compromiso social en el que confluyan el Estado, los privados, las familias y dentro de las familias, hombres y mujeres, desde una perspectiva feminista e interseccional.
EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFOQUE DE GENERO, FEMINISTA, INTERSECCIONAL Y PLURALISTA
Propuesta nº 45166
EL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
CON ENFOQUE DE GENERO FEMINISTA INTERSECCIONAL Y PLURALISTA
Justificación de la iniciativa
DE LO INSTITUCIONAL
Código Sanitario y Nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de Derechos.
Se requiere de una reforma al actual código sanitario, el cual debe ser construido con todas, todos y todes quienes trabajamos por la salud de las mujeres y la población de una manera respetuosa, inclusiva y diversa
En el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2017, indica que la población efectivamente censada llegó a un total de 17.574.003 personas. De ellas, 8.972.014, es decir el 51.1 % corresponden a mujeres que deben tener un seguimiento, diagnóstico y tratamiento de su salud sexual y reproductiva durante todo su ciclo vital.
La población actualmente, resuelve sus atenciones en salud sexual y reproductiva tanto en el sistema público, como también el privado y hoy ha aumentado las atenciones independientes como una alternativa más respetuosa y personalizada.
Si bien sabemos que la historia de las profesionales matronas y matrones data de una larga trayectoria, profesionalismo y especialización. Hoy necesitamos tener leyes y normativas totalmente renovadas en los procesos de atención y acompañamiento en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, recién nacidos y toda la población. Donde estas sean acordes al momento actual. Para ello, el nuevo código sanitario debe tener un sentido profundo respecto del modelo de salud que queremos, más allá de especificar funciones o actividades técnicas que definitivamente coarten el campo de acción de las profesionales. Es por ello, que la población entera merece de una ley marco, que asegure y garantice los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva sanitaria, es decir, una Ley de Salud Sexual y Reproductiva que garantice más derechos sexuales y reproductivos desde las políticas de Estado, sali
